Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz reclamaron el envío urgente de la causa por la ampliación del máximo tribunal provincial que impulsó el gobernador.
La Corte Suprema intimó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz para que remita en 48 horas el expediente completo sobre la ampliación del máximo tribunal provincial que jaquea la institucionalidad en la provincia que gobierna Claudio Vidal. La medida llegó tras el incumplimiento de un requerimiento realizado hace dos semanas.
La resolución fue firmada este miércoles y exigió el envío “de inmediato” de todas las actuaciones vinculadas a la causa 917/2025. El máximo tribunal nacional también solicitó que la documentación sea remitida en formato digital junto con los incidentes relacionados con el expediente principal.
El debate en el sur de la Patagonia gira en torno a la sanción que promovió Vidal de la ley provincial que amplió de cinco a nueve integrantes el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La decisión generó cuestionamientos políticos, judiciales y gremiales dentro de la provincia. Hoy, cuatro de los jueces más antigüos del TSJ sostienen el poder y derogaron la ley pese a que cuatro magistrados santacruceños ya habían jurado en sus cargos.
Ni bien la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ provincial, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo. El sindicato sostuvo que existieron irregularidades en el proceso de designación y en la toma de juramento de nuevos vocales.
En paralelo, se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos que ahora forman parte del análisis solicitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo órgano judicial pidió además resoluciones internas vinculadas con la organización del tribunal provincial.
En el medio, el entonces presidente del tribunal provincial, Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos jueces: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, pero sus antiguos compañeros de tribunal anularon el movimiento y lo destituyeron.
Así, la Corte santacruceña quedó partida en dos y Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta se quedaron en la conducción de la Justicia provincial. Fue entonces cuando el Ejecutivo provincial decidió acudir a la Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya rechazó la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales contra integrantes del tribunal nacional. El gremio había argumentado supuestos vínculos políticos e institucionales entre abogados patrocinantes y algunos actores involucrados en el expediente. Sin embargo, la Justicia consideró que el planteo fue presentado fuera de término y sin causales legales suficientes.
En la resolución, el máximo tribunal recordó que las recusaciones contra jueces de la Corte constituyen una herramienta excepcional y de interpretación restrictiva. También señaló que no existían elementos válidos para apartar a los magistrados cuestionados.
El nuevo pedido dejó en claro que la Corte Suprema necesita acceder a todas las actuaciones para avanzar con el tratamiento del caso. Por ese motivo, exigió la remisión integral del expediente y de los incidentes cautelares vinculados.
El requerimiento incluyó además información sobre otros procesos relacionados con el mismo objeto judicial y resoluciones administrativas internas del tribunal provincial. La intimación en 48 horas reflejó el endurecimiento de la postura del máximo órgano judicial frente al incumplimiento previo del TSJ santacruceño.
Para el gobernador patagónico, la pelea por la Justicia de su provincia es la clave para avanzar en la discusión política más importante que tiene de cara al 2027, la batalla contra el kircherismo.
En la cuna del otrora Frente para la Victoria, Vidal acusa a la Justicia de haberse convertido en un refugio de los viejos militantes kirchneristas que, según dice, desde allí operan contra su gestión. De hecho, cuando el conflicto estalló, llegó a acusar directamente a Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por comandar la jugada en su contra.
En la apertura de sesiones, cuando la gestión ya había avanzado con las presentaciones en la Corte, el gobernador arremetió contra la Justicia provincial. Afirmó que en décadas “no hubo un solo condenado por corrupción” y consideró que existe un funcionamiento “selectivo” que garantizó impunidad. “No hubo un solo condenado por corrupción en la provincia. Y cuando este gobierno empieza a ordenar, a terminar con los privilegios, muchas veces nos encontramos con una actitud que transforma a la Justicia en la última trinchera de los gobiernos anteriores”, lanzó, exponiendo el fondo del conflicto con el TSJ.
Mientras aseguró que la Provincia no tranferirá la Caja de Jubilaciones, cuestionó medidas cautelares que, según explicó, frenaron intentos de ordenar la Caja de Previsión Social y recuperar aportes retenidos por la Municipalidad de Río Gallegos. Señaló que esas decisiones judiciales perjudicaron a trabajadores activos y pasivos, y alimentó un nuevo frente de conflicto con el intendente peronista Pablo Grasso, el principal referente de la oposición de cara a 2027.
