Los sindicatos denuncian congelamiento salarial, cuestionan el cierre de ingresos al Estado y advierten sobre modificaciones previsionales.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, impulsa la ley de emergencia económica que resisten los sindicatos.
La decisión del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, de volver a presentar el proyecto de ley de emergencia económica anticipa una escalada de tensión con los gremios estatales, que reclaman paritarias y rechazan modificaciones previsionales. El Frente Sindical desconfía de los cambios en la redacción que promueve el gobierno y presiona para volver a frenar el tratamiento legislativo.
En la administración de Vidal hablaron de una interpretación errónea de la iniciativa y apuestan a reescribir partes del texto para agregar claridad a la propuesta legislativa que se iba a discutir hace dos semanas, pero que debió retirarse del parlamento provincial por la presión que los gremios hicieron sentir en el recinto.
Sin embargo, entre los dirigente sindicales no hay “ninguna expectativa de que el proyecto mejore”, y desconfían de “cambios cosméticos” en el articulado. Los gremios cuestionan principalmente la limitación de aumentos salariales, denuncian una supuesta maniobra para avanzar con jubilaciones anticipadas y alertan por un “candado” en el ingreso al trabajo público.
El gobierno del sur de la Patagonia tiene previsto reenviar a la Legislatura el texto que declara la emergencia económica, financiera y administrativa hasta finales de 2026, con modificaciones en la redacción. En principio, se espera que la iniciativa vuelva a tomar estado parlamentario en la sesión prevista para el 26 de marzo.
En el entorno del gobernador aseguran que el verdadero alcance de la ley no es el que los gremios interpretaron, y que con las modificaciones se aclarará aquello que pudiera dar la sensación de generar un impacto en las negociaciones salariales. El proyecto “no afecta la negociación paritaria, no hay congelamiento salarial”, remarcó en diálogo con Letra P una fuente del Ejecutivo.
Según afirmó, el esquema tampoco propone modificar la ley de jubilaciones. En este sentido, la “pasividad anticipada” que plantea es “un beneficio para los activos” que quedará en la decisión personal de cada trabajador: “Los aportes a la caja se siguen haciendo por el 100%” de lo que corresponde.
En el gobierno señalan que el texto que se envíe estará conversado con los gremios.
Sin embargo, los sindicatos no se ilusionan. “No conocemos aún los cambios de redacción, pero son cambios cosméticos que no modifican el fondo del problema”, afirmó Miguel Pla, secretario administrativo de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac).
“No tenemos ningún motivo para apoyar un camino que nos va a llevar al borde del precipicio”, subrayó el dirigente. Varios gremios estatales convocaron un paro de 48 horas para los próximos jueves y viernes, y el día de la sesión se movilizarán a la Legislatura con la exigencia de “paritarias ya”.
La crítica más urgente está centrada en la limitación de aumentos salariales, una regla que además de pisar los sueldos bloquea las cláusulas de actualización automática y otras mejoras que impliquen compromisos oficiales sin respaldo. “Hace dos años que venimos con cláusula gatillo. Si eliminan los sistemas de reajuste automático, perdemos”, sintetizó una voz gremial.
También ven una “trampa” en la propuesta de pasividad anticipada para trabajadores cercanos a la edad jubilatoria, y sospechan que por detrás se teje una modificación en materia previsional. “Los derechos jubilatorios no se tocan. Son conquistas de años de lucha y no vamos a permitir que se vulneren”, expresó en un comunicado conjunto del Frente Sindical.
El proyecto impulsado por Vidal establece un conjunto de medidas orientadas a reordenar las finanzas provinciales y garantizar el funcionamiento del Estado ante un escenario de “extrema fragilidad fiscal” y deterioro progresivo. Según describe, el nivel de gasto público corriente tiene una rigidez estructural que no guarda relación con la evolución real de los recursos.
Para contrarrestar ese “desequilibrio persistente”, la iniciativa busca limitar los aumentos salariales: plantea que el Estado sólo pueda otorgar incrementos si existen recursos presupuestarios y financieros efectivamente disponibles. En esta línea, el alineamiento de las discusiones salariales con la realidad fiscal de la provincia implica un cambio en la lógica de negociación, que pasa a depender de la evolución real de los ingresos.
Además de disponer la suspensión del ingreso de personal, con excepciones puntuales en áreas críticas, habilita la renegociación de contratos y subsidios para mejorar la eficiencia del uso de recursos.
El otro punto álgido es el del régimen de pasividad anticipada voluntaria, un sistema que permite a trabajadores cercanos a la jubilación dejar de prestar servicios y continuar como agentes activos, aunque con una remuneración reducida según los años restantes. La idea de esta medida, según el proyecto, es ordenar la planta estatal.
El debate de la emergencia económica estaba previsto para la primera sesión ordinaria del año. Pero la presión de los sindicatos que se manifestaron fuera del recinto se sintió adentro y el oficialismo devolvió el proyecto al Ejecutivo con la idea de “abrir una mesa de diálogo intersindical”.
Sin embargo, el encuentro realizado la semana pasada no acercó posiciones. "Haber participado de una reunión no implica aceptación, ni acuerdo, y mucho menos apoyo al proyecto de emergencia económica", aclararon los gremios tras la concreción de esa mesa de diálogo.
Para el Frente Sindical, que entre otros integran ATE, Adosac, Judiciales, La Bancaria, Satsaid, ATSA y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos (SOEM), fue el movimiento obrero el que “frenó el intento de congelar salarios y avanzar con las políticas de ajuste” en la última sesión. Con este marco, el sector se declaró en estado de alerta y movilización, y busca resistir la sanción de la emergencia.
En este escenario, Vidal se encamina a una pulseada abierta con los gremios en un contexto provincial de fuerte caída del empleo y con distintos frentes políticos abiertos en simultáneo.