Antes de ir a la Casa Rosada, se reunió con el bloque peronista del Senado. Pedido para "frenar" las iniciativas de Javier Milei. El DNU y los cambios posibles.
La CGT le envió una señal a Javier Milei con la reunión que mantuvo este miércoles con el bloque de senadores de Unión por la Patria (UP), a quienes les pidió que le pongan un nuevo freno al Gobierno con el rechazo a la ley ómnibus XS y a la reforma laboral que promueve el oficialismo.
El encuentro entre la central obrera y los senadores peronistas se celebró este miércoles, en la previa del primer encuentro de la plana mayor de la CGT con el Gobierno en la Casa Rosada. También se gestó en medio de las versiones que indican que la nueva versión de la llamada ley Bases tendrá un capítulo dedicado a la reforma laboral, que será introducido a pedido de sectores dialoguistas del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), que preside Miguel Ángel Pichetto, y de la bancada radical, encabezada por Rodrigo de Loredo.
Según trascendió, en las reuniones que tuvieron los jefes de esos bloques opositores con el ministro del Interior, Guillermo Francos, se acordó que fueran las bancadas dialoguistas quienes agreguen los artículos referidos a la reforma laboral. Entre los puntos centrales de la propuesta estaría la extensión del período de prueba a seis meses, la creación del fondo de cese laboral – al estilo UOCRA- y la reducción de multas por falta de registración de empleados.
Los ejes propuestos por la oposición serían una suerte de reforma moderada en comparación con las modificaciones a la legislación laboral que el Gobierno impulsó en el decreto 70/2023, que quedaron suspendidas, a fines de enero, por decisión de la Cámara Nacional del Trabajo. En paralelo, la CGT trabajó para articular el rechazo al DNU en el Senado y ahora promueve lo mismo en Diputados, donde UP ya comenzó a sumar voluntades. El martes, el bloque peronista convocó a una jornada de debate sobre el DNU junto a la izquierda y el socialismo. También participaron diputados de la UCR cercanos a Facundo Manes, que se reunieron con la CGT a principios de enero.
A la espera de esa resolución, la central obrera empezó a trabajar con el bloque de senadores de cara a la “nueva instancia” de debate que tiene por delante el Congreso, en particular la segunda versión de la ley ómnibus, que los diputados recibieron el martes por la noche.
“Somos una alianza política y sindical fundamental. Podemos frenar en todas las instancias legislativas la amenaza a los derechos de los trabajadores”, dijeron los jefes sindicales durante el encuentro, que se celebró en la sede de la calle Azopardo. Y marcaron su máxima preocupación por la decisión del Gobierno de no homologar paritarias que superen el número de inflación, que reveló el ministro de Economía, Toto Caputo.
La reunión con los senadores tuvo pocas definiciones concretas sobre una posible reforma laboral. Según pudo saber Letra P, en los últimos meses, la central obrera mantuvo conversaciones con diferentes espacios políticos sobre la legislación laboral que podría modificarse y los cambios que está dispuesta a conceder. En 2023, durante la campaña presidencial, la plana mayor de la CGT acordó incluso algunos puntos con el candidato de UP, Sergio Massa, y buscó ejes de coincidencia con el precandidato de JxC, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Ya en 2024, con el DNU de Milei suspendido por la justicia laboral, algunos dirigentes sindicales hablaron sobre el tema con el presidente de la UCR, Martín Lousteau, y coincidieron en la necesidad de acordar ejes comunes de acción y concesiones en la materia que pudieran ser aceptados por el radicalismo y el peronismo para frenar la avanzada libertaria contra los derechos de los trabajadores. Lousteau ya había presentado un proyecto para reducir las multas por falta de registración.
En febrero de este año, Cristina Fernández de Kirchner hizo un gesto a en el mismo sentido cuando planteó la necesidad de “discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas”, en el documento que publicó sobre la nueva crisis de deuda.
En ese contexto, este miércoles la central obrera entregó a los senadores un documento en el que propone “avanzar hacia una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual con sus nuevos derechos, que contemple los paradigmas tecnológicos y la capacitación técnica que demanda, afirmando a su vez los Convenios Colectivos por actividad como herramienta indispensable para ese cambio”.
El texto podría interpretarse como un guiño de la CGT hacia el Gobierno, pero también advierte que la nueva legislación no debe lesionar “los derechos conquistados por los trabajadores argentinos” y consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Durante la reunión con los senadores se habló, incluso, de la posibilidad de proponer una reducción de la jornada laboral para poner a Argentina a tono con los demás países de la región y del mundo, donde la jornada laboral es más corta. En Chile, por ejemplo, la jornada es de 40 horas semanales. En Francia, de 35. Colombia también redujo la carga horaria. En Argentina, todavía es de 48 horas.
En bloque, sindicalistas y senadores, tratarán de cambiar el eje de la discusión sobre la reforma, darle una mirada "progresista" y hasta hablar de participación en las ganancias de las empresas, mientras se gana tiempo para ver cómo evolucionan la suerte del DNU y el conflicto social.
Entre las propuestas del documento de la CGT figuran una ley de primer empleo “con beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas que contraten personal”, el desarrollo de “una nueva normativa de accidentes de trabajo que haga centro en una efectiva política de prevención garantizando la seguridad y la salubridad en los ámbitos de trabajo” y la reforma del sistema integrado de inspección “a fin de garantizar avances en materia de precariedad e incumplimientos laborales”.
El documento también habla de la necesidad de establecer una estrategia mancomunada entre los gremios, el sector privado y el Estado “que estimule el ingreso al sistema de aquellos trabajadores que se encuentran en situación irregular”, sin mayores precisiones. El texto se difundió en la previa del encuentro entre la central sindical con Nicolás Posse y Guillermo Francos en la Casa Rosada.
Pese al discurso imperante y a la supuesta predisposición a discutir cambios, en la CGT entienden que la reforma laboral no es una vía idónea de generación de trabajo registrado, que tiene que ver con los resultados del plan económico y no de la legislación.
En 2015, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe sobre perspectivas sociales y el empleo en el mundo, que analiza datos de 63 países, incluyendo las economías más avanzadas, así como diversos países de África, de Asia y de América Latina, a lo largo de los últimos 20 años. Según concluyó el informe, la disminución de la protección de los trabajadores no estimula el crecimiento del empleo. “Los resultados de la investigación muestran que la fuerza relativa de la legislación laboral en un país determinado no tiene efectos sobre las tasas de empleo y de desempleo, ni positivos ni negativos”, dice el texto.