Después de varias idas y vueltas, el gobierno de Javier Milei envió en la noche del martes a la Cámara de Diputados los últimos borradores de los proyectos de ley ómnibus XS y el pacto fiscal que busca tratar desde la semana que viene.
La oposición dialoguista hará una devolución este miércoles. En una primera lectura del texto, sus referentes reconocían avances aunque en algunos temas no cambiaban demasiado la percepción de este lunes.
"Hicieron cambios que les pedimos, pero a libre interpretación", contó una fuente radical. La mirada estaba puesta en el artículo 71, que en el anterior borrador habilitaba a Milei a desregular actividades económicas a gusto. En la versión ofrecida ahora, figura en el punto 70 y fue reescrito, aunque, como en todos los casos, Milei no cedió en la cuestión de fondo.
Como quedó, permite una intervención del Gobierno cuando se expresen, "de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente".
También, cuando "impliquen la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia" o "se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismo". La oposición considera que el cambio fue cosmético. "Siguen siendo facultades amplias", sostuvo una fuente de la UCR.
Por lo demás, el texto mantiene la emergencia por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, con las bases que la oposición estudiará en detalle.
Otros puntos de la nueva ley ómnibus
Sobre los fondos fiduciarios, otro tema que era seguido de cerca por la oposición dialoguista, el texto sostiene la posibilidad de eliminarlos, pero, como adelantó Letra P, mantiene el destino de los fondos.
El Estado queda obligado a "garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas", señala. Si la oposición lo propone, el Gobierno está dispuesto a conservar algunos fondos fiduciarios. Esta vez no se opondrá.
El proyecto mantiene la reforma administrativa con la posibilidad de fusionar, disolver o prescindir de organismos, que no fue aprobada en febrero. Sigue siendo resistida por sectores díscolos de la UCR, vinculados a Martín Lousteau.
El capítulo de las privatizaciones mantiene el control parlamentario del último borrador, con la participación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, que estará controlada por el peronismo.
Las 18 empresas alcanzadas se dividen en tres esquemas: privatizaciones totales, concesiones públicas y comercialización de acciones, entre estas últimas el Banco Nación, que la UCR quiere sostener en manos públicas. Se agrega la posibilidad de transferir contratos en ejecución a las provincias.
El bosquejo contiene una nueva ley de defensa de la competencia. En este punto, el Gobierno aceptó que los mandatos de los directores del organismo no coincidan con los del presidente de la Nación.
El texto se completa con las desregulaciones del mercado de hidrocarburos y de gas natural y el régimen para grandes Inversores (RIGI), con cuantiosos beneficios fiscales para el ingresos de divisas. La oposición quiere ampliarlo a las pymes.
La reforma laboral no forma parte del borrador: el texto sólo incluye el blanqueo de trabajadores no registrados. El resto de los temas podrá ser incorporado por la oposición. Habrá una propuesta de la UCR, que ya presentó un un proyecto en el Senado. El resto de las bancadas también tienen iniciativas.
Ganancias sin cambios y fin de la moratoria previsional
El borrador de la ley ómnibus contempla, además, el final de la moratoria previsional, que permite jubilarse a quienes tengan menos aportes. Es un reclamo de algunos sectores de la oposición. De todos modos, durante su última visita a Diputados, el titular de la ANSES, Mariano de Los Héroes, anticipó esta medida, pero aclaró que en ningún caso se perderían los derechos adquiridos.
En cuanto a la reforma fiscal, el Gobierno no incluyó el aumento de los pisos de Ganancias que había anunciado el lunes, que fue adelanto de Letra P la semana pasada. El texto que llegó a las autoridades de los bloques mantiene el mínimo no imponible en 1.2 millón de pesos (bruto) para personas solteras, en lugar del de 1.8 millón que habían propuesto el lunes los funcionarios. Hay un agregado que faculta al Ejecutivo a corregir la cifra, pero la oposición ya hablaba de elevar la cifra en el dictamen definitivo.
El borrador sostiene la moratoria y el blanqueo, pero la operatoria no permite el ingreso de dinero en efectivo a las personas no residentes. No figura la posibilidad de blanquear bienes a testaferros, un cambio que responde a una queja de Margarita Stoblizer.
La baja de bienes personales, rechazada también por la UCR, fue corregida para que no sea más gravosa en patrimonios más bajos. La idea del Gobierno es obtener un dictamen el próximo miércoles y que vaya al recinto la semana siguiente, pero no podrá evitar modificaciones.