El golpe no fue el origen de todo, advierte el autor. Tres alarmas del presente, el desafío de la memoria con acción política y la necesidad de una alternativa.
Javier Milei en un tanque durante un desfile por el 9 de Julio.
Hay una lectura cómoda del 24 de marzo. La que ubica el golpe que inició la última dictadura como un rayo en cielo despejado: la Argentina funcionaba, llegaron los militares y todo se torció. Es una lectura falsa que impide entender lo que ocurrió y reconocer —con la honestidad intelectual que el tema exige— algunos procesos que hoy se repiten.
La violencia política como método para resolver conflictos políticos no fue una invención de la dictadura. Fue el resultado de décadas de escalada. En 1955 la llamada Revolución Libertadora bombardeó la Plaza de Mayo y fusiló civiles. Durante 18 años el peronismo estuvo proscripto: millones de argentinos no podían votar por quien querían, lo que empujó la resistencia hacia formas cada vez más clandestinas y radicalizadas. En los años ’70 operaban organizaciones armadas de izquierda y de derecha. La Triple A funcionaba desde el propio Estado antes del golpe. Todos los sectores —con distintas responsabilidades y distintas escalas— habían abrazado en algún momento la idea de que la violencia era un instrumento legítimo de la política.
El golpe no fue, entonces, un punto de partida. Fue el paroxismo de ese proceso. El momento en que esa lógica llegó a su forma más extrema: el terrorismo de Estado. La desaparición forzada de personas como política sistemática de gobierno. Los centros clandestinos de detención. El robo de bebés. Treinta mil razones para no olvidar. Pero también una lección cara: cuando una sociedad normaliza la violencia como método, pierde el control sobre adónde llega. Siempre hay alguien dispuesto a ir más lejos.
De ese abismo salimos. La recuperación democrática del 83, los juicios a los genocidas, la construcción de una cultura de derechos humanos que nos distingue en el mundo: no fue un proceso fácil ni lineal. Hubo indultos, leyes de impunidad, retrocesos dolorosos. Pero la sociedad argentina insistió. Y demostró que era posible juzgar crímenes de lesa humanidad, construir instituciones y procesar el pasado sin impunidad. Eso es extraordinario. Y es lo que hay que defender.
Por eso me preocupa lo que veo hoy. No como catastrofismo, sino como diagnóstico.
No estoy diciendo que volvamos al 76. Lo aclaro porque sé que esa frase se usa para descalificar cualquier alerta. Pero en un país que sufrió tantas interrupciones democráticas, ignorar las señales tempranas es un lujo que no podemos darnos. Y hay señales.
Primera: la lógica del enemigo en reemplazo del adversario. En una democracia, el que piensa distinto es un adversario con quien hay que debatir y, eventualmente, negociar. Cuando ese adversario se convierte en enemigo al que hay que destruir, las reglas del juego democrático empiezan a vaciarse de contenido. El insulto sistemático como sustituto del argumento. La descalificación permanente no para refutar ideas sino para expulsar personas del debate. Los escraches organizados contra jueces, legisladores o periodistas que no acompañan el relato oficial. La construcción de un “nosotros” cuya identidad depende exclusivamente de tener un “ellos” al que odiar. No son tanques. No son vuelos de la muerte. Pero son señales. Una democracia no muere solo a los tiros: también se vacía desde adentro.
Segunda: la continuidad del programa económico de la dictadura. Esto no es una metáfora ni una operación de marketing político. Es un diagnóstico concreto que merece ser nombrado con precisión.
Martínez de Hoz tenía un programa claro: desarticular los derechos laborales, abrir la economía sin red de protección para barrer con la industria nacional considerada ineficiente, apostar a la valorización financiera por sobre la producción, concentrar la riqueza. No pudo terminarlo. La democracia, con todos sus defectos, es un límite. Lo frenaron las elecciones, la resistencia social, la propia incapacidad del régimen para sostenerse.
Hoy, casi 50 años después, ese programa encuentra su continuación más fiel. La desregulación del mercado laboral presentada como modernización. El achicamiento del Estado no como resultado de una racionalización inteligente sino como dogma ideológico. La apertura comercial que golpea sectores industriales enteros sin política de transición. La licuación del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. La idea de que los derechos laborales son un obstáculo al crecimiento y que la protección social es un privilegio insostenible. No es una novedad ideológica. Es una herencia directa. Y las consecuencias de ese programa las conocemos: desindustrialización, concentración económica, aumento de la pobreza. Que el modelo económico actual tenga el mismo ADN que el de la dictadura no es una acusación: es un dato histórico verificable.
Hay una tercera dimensión que también vale mencionar: el debilitamiento institucional como método. En un país con nuestra historia, reformar los organismos de inteligencia por decreto, sin pasar por el Congreso, sin debate público, sin la honestidad intelectual que el tema exige, no es un detalle administrativo. Es una elección política deliberada. Las instituciones democráticas no se defienden sólo cuando están en crisis terminal: se defienden en cada decisión cotidiana que las fortalece o las erosiona.
Cincuenta años del golpe es una fecha para la memoria, sí. Pero la memoria sin acción política concreta es nostalgia. Lo que este aniversario nos exige es traducir ese recuerdo en compromiso: defender las instituciones cuando están bajo presión, sostener la libertad de expresión cuando se intenta amedrentar a quienes la ejercen, resistir la tentación de responder al odio con más odio.
Y, fundamentalmente, construir una alternativa. Los que creemos en la comunidad organizada y en la justicia social como herramientas para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria tenemos por delante un desafío concreto: ofrecer una propuesta racional y sustentable que sea capaz de expresar y representar a una mayoría de argentinos y argentinas. Sin esa mayoría, ningún proyecto político tiene destino. Y los que hoy sufren las consecuencias de este modelo necesitan algo más que nuestra indignación.
Necesitan una propuesta.