Algunos lo cuestionan por su pasado y otros valoran su experiencia para la negociación. La Provincia denunció a los manifestantes por los disturbios del lunes.
Pedro Torres, el exintendente que se sienta en la mesa de negociación para representar a los policías de Jujuy.
En medio del conflicto policial que mantiene en vilo al gobierno de Jujuy, el nombre de Pedro “Lito” Torres volvió a ocupar un lugar central en la discusión política provincial. Sentado en la mesa de negociación y apuntado por algunos de los sublevados, el exintendente de Caimancito redobla la apuesta en defensa de sus viejos compañeros de fuerza.
Torres tiene una trayectoria pública conocida en la política local. Presidió el Círculo de Suboficiales, desde donde cuestionaba las estrategias de seguridad del gobierno peronista provincial, comandado en aquellos años por Walter Barrionuevo.
Pegó el salto a la política desde las filas de Eduardo Fellner y fue dos veces intendente de Caimancito, una localidad del noreste jujeño de precaria infraestructura, grandes extensiones de tierra pertenecientes al conglomerado empresarial Ledesma y con altos índices de pobreza.
Fue electo en 2011, bajo el sello del Partido de la Victoria y luego reelecto en 2015. Sus gestiones estuvieron marcadas tanto por obras públicas como por diversos conflictos territoriales, vinculados a tomas de tierras muy comunes en zonas con poco acceso a la vivienda.
Toda esa trayectoria, sumada un acercamiento con el radicalismo gobernante que se hizo evidente en los últimos años, lo pusieron en el foco de los cuestionamientos de los familiares de los policías en lucha que hasta se animan a decir que "nunca hizo nada concreto por la policía" durante su tiempo como diputado.
Según acusan entre quienes llevan adelante las protestas en esa provincia del norte grande, Torres se sentó en una mesa de negociación de la que no venía participando y terminó acordando con la provincia un avance paritario que nunca quedó del todo claro, pero que los trascendidos ubicaban muy por debajo del reclamos de las bases que en la noche del lunes avanzaron sobre la Casa de Gobierno y piden un aumento general no menor al 50%.
Con Sadir en Estados Unidos, el gobierno provincial busca la forma de llegar a un acuerdo con los sublevados pero advierte que “no permitirá que intereses minoritarios socaven la institucionalidad, reafirmando pleno compromiso con la convivencia en paz, el orden, el respeto y la tolerancia”.
Cuando habla de “intereses minoritarios”, no parece referirse sólo a los oficiales que manifestaron frente a la Casa de Gobierno sino también a algunos sectores opositores, especialmente a algunos cercanos a La Libertad Avanza.
Lejos de calmar los ánimos, el gobierno jujeño avanzó este mediodía y denunció penalmente a quienes protagonizaron “los graves episodios perpetrados contra las instituciones y bienes públicos en Casa de Gobierno durante la noche del lunes, en el marco del reclamo de familiares de personal de seguridad activo y pasivo”.
Dicen que “fueron debidamente identificados” mientras Torres sigue actuando como uno de los interlocutores en las negociaciones con el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García; y el de Hacienda, Federico Cardozo. Ninguno de los representantes gremiales en esa mesa tiene una ligazón política previa tan marcada.
Por eso su presencia genera divisiones. Algunos lo ven como el único con experiencia para negociar, otros cuestionan su pasado y levantan la voz.
Cuando ocupó su banca en la Legislatura provincial, Torres presentó proyectos de ley específicos para crear un Consejo Salarial propio para la Policía y el Servicio Penitenciario, buscando que estas fuerzas tuvieran un ámbito de discusión paritaria similar al de otros gremios, cosa que formalmente no avanzó.