La mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados emitió este martes dictámenes por mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quien sólo recibió una acusación. Para que prosperen, deben ser aprobados con dos tercios del recinto, una mayoría imposible de alcanzar si persiste el rechazo de Juntos por el Cambio y el de La Libertad Avanza, cuyo líder, el presidente electo Javier Milei, anunció la semana pasada que no acompañará el proceso.
El economista tendrá dos caminos para bloquearlo: promover a través de alguno de sus representantes el tratamiento de los dictámenes para votar su rechazo (alcanza con superar un tercio del total de los votos) o dejar que se extingan en un cajón. Conservarán vigencia durante 2024, tiempo en el cual los magistrados deberán revisar sus vínculos políticos para evitar ser llevados al banquillo. JxC firmó el rechazo a las acusaciones y por ahora sus bloques se mantienen alineados a los supremos.
"Lo que quieren es tener en la parrilla un año más este tema para presionar con el juicio político pendiente y poder tratarlo en el recinto", especuló el jefe de la UCR, Mario Negri. Es que un debate legislativo obligaría a repasar cada uno de los cargos. También firmó dictámenes de rechazo Topo Rodríguez, cercano a Roberto Lavagna.
El otro condimento político de la jornada lo aportó el ministro de Economía y excandidato a presidente, Sergio Massa, quien antes del ballotage había logrado suspender una sesión de la comisión para firmar los dictámenes. Este martes aportó una maniobra de distracción: hizo renunciar a sus dos representantes (Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez) y a último momento incorporó a otro referente del Frente Renovador (Carlos Selva), que resultó clave para la votación, porque al Frente de Todos no le sobraba ningún voto.
Como los cupos de las comisiones son de los partidos y no de los representantes, hubo otras cuatro bajas en el oficialismo que obligaron a un reemplazo: Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Perez Araujo. Fueron sustituidos por referentes del kirchnerismo: Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovich e Itaí Hagman, cercano a Juan Grabois.
La comisión de Juicio Político es presidida por la oficialista Carolina Gaillard, quien inició el proceso contra los supremos el 26 de enero por pedido del presidente, Alberto Fernández, motivado por la cautelar firmada un mes antes que incrementó el monto que recibe la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Estado especulaba con un proceso corto, pero el kirchnerismo no lo permitió: se presentaron 14 expedientes, hubo 27 reuniones, con la declaración de más de 50 testigos y el aporte de documentación que permitió acumular información para presentar los cargos.
"No hicimos otra cosa que cumplir con una manda constitucional, que nos permite analizar si las sentencias se han transformado en un objeto o instrumento de una grave desviación de poder. A nosotros no nos cabe duda de esa grave inconducta. Se juzga a personas y no a la Corte como institución", destacó Leopoldo Moreau, del Frente de Todos.
Le contestó Pablo Tonelli, del PRO: recordó que el desafío al máximo tribunal se inició cuando el Presidente "no cumplió una sentencia de la Corte, esa es la verdad, luego se revistió con sentencias con más de cinco años de antigüedad”.
Las acusaciones
La mayoría oficialista firmó cuatro dictámenes con acusaciones de mal desempeño a cada juez. Las causales fueron la cautelar que permitió aumentar el monto que recibe por coparticipación la Ciudad de Buenos Aires, el fallo 2x1 que habilitó la salida anticipada del represor Luis Muiña, el que cambió la composición del consejo de la Magistratura y las irregularidades detectadas en la administración de la obra social del poder judicial.
Hubo otras causales que se investigan, pero no se recolectaron pruebas para formular cargos, como la decisión de la Corte de suspender las elecciones de San Juan y Tucumán; o las acusaciones de abuso de poder contra Rosenkrantz, por haber influido en causas sobre exclientes suyos. La Coalición Cívica responsabilizó por razones similares a Lorenzetti, pero tampoco prosperaron.
Como explicó Letra P, el kirchnerismo logró que el rafaelino fuera el juez que mejor saliera de este proceso: sólo fue acusado por la cautelar de coparticipación, que fue emitida por unanimidad. En esa causal, se acusa a los magistrados de haber elevado el monto que recibe la Ciudad a 2,95% de la masa de impuestos que retiene la nación, según el oficialismo, sin una fórmula que lo justifique. También se los responsabiliza de haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, asumir funciones legislativas y no permitir la defensa de las provincias.
A Rosatti y Rosenkrantz le cayeron acusaciones por todos los cargos y fueron los únicos que hicieron una defensa por escrito. En el de coparticipación, al presidente de la Corte se le objeta no haberse excusado pese al vínculo que el director de su vocalía, Silvio Robles, tenía con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien representaba a la Ciudad en el pleito. Esa relación fue confirmada por los legisladores a partir de la filtración de supuestos chats entre ambos, que dan por válidos.
La causal del fallo 2x1 investiga la salida anticipada de genocidas mediante la reducción de la pena del represor Muiña, que sentó un antecedente para la liberación de más personas detenidas en la misma condición. No ocurrió porque el Congreso sancionó una ley para evitarlo. Se acusó a Rosatti y Rosenkrantz (quienes firmaron el fallo junto a la exjueza Elena Highton de Nolasco) de haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de este beneficio en casos de lesa humanidad, no haber convocado a la comisión Interpoderes y no cumplir con principios constitucionales frente a casos que investigan crímenes cometidos durante las dictaduras militares. A Rosenkrtantz lo culpan además de una supuesta maniobra con el entonces Gobierno para avalar la continuidad de Highton de Nolasco y permitir el voto decisivo.
En la causa del Consejo de la Magistratura (encargado de nombrar y sancionar jueces) se objetó el fallo que aumentó de 13 a 20 sus integrantes, para lo que fue necesario poner en vigencia una ley derogada en 2006. Esa norma coloca como presidente de la Magistratura al titular de la Corte, o sea, a Rosatti, quien firmó la sentencia junto a Rosenkrantz y Maqueda. El cargo permite controlar los fondos de la justicia federal y es por eso que se acusa al santafesino de haberse votado a sí mismo como titular del máximo tribunal, sólo dos meses antes del fallo, para controlar las dos organismos. A los tres se les reclama haberse excedido en sus atribuciones y ejercer funciones legislativas.
Sobre la obra social, sólo recayó un cargo contra Maqueda, por haber sido su administrador entre 2008 y 2021, según declararon testigos, porque no hay un documento formal que así lo ratifique. Pero llegó a la comisión un correo electrónico en el que el cordobés se despide de la función. Lo remitió Rosatti, en otro de los episodios de la interna del máximo tribunal que provocó este proceso.
A Maqueda se lo acusó de no impedir irregularidades en la obra social que tiene 100 mil afiliados, como mantener vacancias en el directorio, la ausencia de balances y previsión presupuestaria, la delegación de firma, deficiencias en los procesos de contrataciones y compras. "La obra social ya no funciona igual después de esta investigación", destacó la oficialista Vanesa Siley, quien emitió un video con los testimonios de las víctimas durante las audiencias.
No fue responsabilizado por estas deficiencias Lorenzetti, pese a que fue presidente de la Corte en mayor parte del tiempo en la que Maqueda controló la obra social. Otra consecuencia del juicio fue que Héctor Marchi, el administrador del máximo tribunal y cercano al rafaelino, fue desplazado por los otros tres magistrados en mayo, antes de declarar en la Comisión. Fue el momento de mayor tensión de todo el año. Pero no el único.
