El mismo día del cierre de campaña para las elecciones presidenciales, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados notificó a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de los cargos por mal desempeño que, con el voto de la mayoría oficialista, se aprobaron en la última reunión. Las acusaciones refieren a fallos que permitieron la salida anticipada de represores, el aumento de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires y la modificación de la integración del Consejo de la Magistratura.
Los supremos tienen tiempo hasta el 2 de noviembre para ejercer su defensa -es opcional, presencial o por escrito- y para el 7 está prevista la próxima reunión de la Comisión para definir si se confirman los cargos. En los diez días siguientes se votarán los dictámenes de acusación definitivos, en los que se detallarán las responsabilidades atribuidas a cada juez. Pueden tratarse en el recinto en cualquier momento de los próximos tres años, pero es necesaria una mayoría de dos tercios para aprobarlos y enviarlos al Senado para que se inicie el enjuiciamiento.
La presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard, celebró haber notificado a los jueces. "Se analizará el descargo de los ministros de la Corte y, en función de eso, se dictaminará durante noviembre”, ratificó la entrerriana.
La comisión inició la acusación el 26 de enero y hubo 24 reuniones para tratar los 14 expedientes que piden la remoción por posible mal desempeño de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La mayoría oficialista admitió los procesos y en julio se formularon cargos contra Maqueda, por las deficiencias en la administración de la obra social del Poder Judicial. El cordobés ni siquiera quiso defenderse.
Las notificaciones
Los cuatro jueces enfrentan acusaciones por la cautelar que firmaron en diciembre y aumentó la coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires, que se elevó a 2,95% de la masa de impuestos, según el oficialismo, sin una fórmula que lo justifique. Los magistrados fueron responsabilizados de haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, haber asumido funciones legislativas y no haber permitido la defensa de las provincias, que se presentaron como amicus curiae y no fueron aceptadas.
A Rosatti, además, se lo acusa de no haberse excusado pese al vínculo que el director de su vocalía, Silvio Robles, tenía con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien representaba a la Ciudad en el pleito. Esa relación es confirmada por los legisladores a partir de la filtración de supuestos chats entre ambos, que dan por válidos. También se acusa al presidente de la Corte de haber omitido dar intervención a la Unidad de Análisis Económico de la Corte.
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Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político.
La investigación por permitir la salida anticipada de genocidas surge a partir del "Fallo 2x1", que redujo la pena del represor Luis Muiña y sentó un antecedente para la liberación de más personas detenidas en la misma condición. Para evitarlas, el Congreso sancionó una ley que impide darles beneficios a condenados por casos de lesa humanidad.
Los cargos recaen sobre Rosatti y Rosenkrantz, quienes firmaron el fallo junto a Elena Highton de Nolasco. Al santafesino se lo responsabiliza de haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2x1 en casos de lesa humanidad, no haber convocado a la comisión Interpoderes, haber avalado una maniobra para priorizar el caso Muiña y no cumplir los deberes funcionales y constitucionales frente a casos que investigan crímenes cometidos durante las dictaduras militares.
A Rosenkrantz se le asignan los mismos cargos, pero además se lo acusa de haber promovido un caso para prolongar el mandato del juez Leopoldo Shiffrin, pese a que el magistrado había cumplido la mayoría de edad permitida, con el objetivo de sostener a Highton en la Corte y tener su voto decisivo para el fallo 2x1. Además, se lo culpa de haber dilatado las causas "Aredez" y "Burgos", en las que se investiga a Pedro Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, por haber aportado logística para una represión de las fuerzas armadas. Según la investigación legislativa, el juez tenía relación con el empresario y sin embargo no se excusó.
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En la causa del Consejo de la Magistratura se investiga el fallo que aumentó de 13 a 20 el número de integrantes del organismo (encargado de nombrar y sancionar jueces), para lo que fue necesario poner en vigencia una ley derogada en 2006. Una particularidad de esa norma es que coloca como presidente de la Magistratura al titular de la Corte, o sea, a Rosatti, quien firmó el fallo junto a Rosenkrantz y Maqueda. El cargo permite controlar los fondos de la justicia federal.
Los tres jueces son acusados de haberse excedido en sus atribuciones, haber ejercido funciones legislativas e interrumpir el proceso parlamentario (el fallo le dio al Congreso cuatro meses para dictar una norma); haber admitido la presentación de una ONG que apoyó procesos dictatoriales, no haberse excusado, haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura, haber frenado la designación de jueces y paralizar el organismo.
Rosatti se lleva la peor parte, porque además se lo responsabiliza de haberse votado a sí mismo como presidente de la Corte para luego emitir el fallo que, por tener ese cargo, lo colocó como máxima autoridad del Consejo de la Magistratura. Además, se agrega a su supuesto mal desempeño las presuntos chats entre Robles y D'Alessandro, en las que conversaban sobre esta medida. "Debería haber ordenado un sumario interno", sostienen en el oficialismo. No lo hubo.
