La presidenta de la comisión de Juicio Político Carolina Gaillard convocó a una reunión el jueves 6 a las 11 horas, fecha límite para que el juez Juan Carlos Maqueda realice su descargo sobre las acusaciones que recibió por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la administración de la obra social del poder judicial.
Como explicó Letra P, en la última reunión, la mayoría oficialista que domina la comisión emitió una resolución con 14 cargos contra Maqueda y le otorgó diez días hábiles para defenderse, con la posibilidad de hacerlo por escrito o mediante una exposición ante los diputados. Con la documentación recolectada en las audiencias, los legisladores aseguraron que Maqueda administró la obra social durante 13 años (entre 2008 y 2021), pese a la inexistencia de un acto administrativo que lo acredite. La principal prueba es un mail suyo en el que se despide de esa función, enviado a la comisión por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Algunas de las irregularidades detectadas en la obra social (que tiene 100 mil afiliados cautivos) fueron la ausencia de presupuestos y de balances certificados, las vacancias en el directorio, la falta de un marco legal para adquirir medicamentos y las deficiencias en la atención médica.
Con esos elementos, Maqueda fue acusado entre otras cosas de “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, de "abdicar su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros" o "convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social". También se responsabilizó al cortesano de mantener un sistema informático en desuso para ocultar información contable; o utilizar normas derogadas para regular el sistema de compras, una trampa que le habría permitido manejarlo de forma discrecional.
Si se comprueban, estos cargos pueden ser considerados delitos y en ese caso los legisladores deberían ser realizar la denuncia judicial. La resolución cita una posible violación de deberes y pautas de comportamiento previstas de la ley de Ética Pública; y el incumplimiento de la protección de datos personales.
El plazo para que Maqueda brinde alguna explicación vence el jueves próximo y, al cierre de esta nota, aún no respondió. No hay sanciones previstas si ese día sigue sin contestar, pero perderá la oportunidad de aclarar que no fue el culpable de las irregularidades que se le asignan.
La inasistencia del cordobés, además, otorgaría más elementos a los diputados del Frente de Todos para confirmar la acusación y solicitar su juicio político. Claro que ese trámite requiere ser votado por los dos tercios del recinto, imposibles de alcanzar sin el respaldo de Juntos por el Cambio, que hasta ahora decidió proteger a Maqueda.
En la reunión de comisión del jueves también se comenzará a tratar otra de las causas de la acusación a los jueces de la Corte, que es la cautelar que firmaron para aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, como parte del conflicto por el traspaso de la policía federal que el entonces presidente Mauricio Macri realizó en 2016.
La hipótesis de los diputados del Frente de Todos es que esa medida fue acordada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte, a través de negociaciones entre el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el vocero del máximo Tribunal, Silvio Robles.
Las pruebas principales son chats filtrados entre ellos en los que se exhibe un trato familiar. En una de esas conversaciones, el vocero de la Corte habla de un "Fallo Robles", en alusión a la causa sobre coparticipación.
La lista de citaciones para el jueves aún no está definida, pero en el cronograma original estaba prevista la visita del ministro del Interior Eduardo De Pedro y de gobernadores oficialistas, como el santiagueño Gerardo Zamora.
Asistiría además la actual presidenta del Banco Nación, Silvia Batakis, quien era la secretaria de Provincias en 2020 del Ministerio del Interior, cuando Alberto Fernández decidió quitarle a al Ciudad de Buenos Aires el aumento del porcentaje de coparticipación federal que le había otorgado Macri para transferir la policía federal, que lo había llevado a 3.5%.
El Presidente consiguió retornarlo a 1.4% mediante una ley sancionada en el Congreso. Larreta reclamó ante la Corte, que recién en diciembre de 2022 emitió una cautelar para aumentarlo a 2.95%, una cifra que según los diputados oficialistas fue definida por los jueces sin ningún criterio y es otro motivo de mal desempeño. La supuesta connivencia con Larreta, sería el principal.