La mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados oficializó este jueves los cargos que permiten acusar de mal desempeño al juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, por la administración de la obra social del Poder Judicial y lo citó a declarar el 6 de julio. Además, se creó una subcomisión para continuar con la investigación.
A través de una resolución, el oficialismo legislativo enumeró las acusaciones contra Maqueda mientras controló las prestaciones médicas a los empleados de la justicia federal entre 2008 y 2021, según los testigos que declararon y documentación recolectada por la comisión. No existe un acto administrativo que lo acredite.
La principal prueba que exhibe el Frente de Todos en su resolución es un correo electrónico del propio Maqueda enviado a sus colegas de la Corte despidiéndose del cargo de administrador de la obra social en septiembre 2021. Según declaró el ex administrador de la Corte Héctor Marchi, Maqueda ejerció esa tarea desde abril 2008, por decisión de su entonces presidente Ricardo Lorenzetti.
La resolución firmada por los diputados del Frente de Todos este jueves validó esos plazos y consideró a Maqueda responsable por irregularidades sucedidas en la obra social durante ese período. Algunas fueron las vacancias en el directorio, el sistema informático obsoleto, la ausencia de un sistema contable y de previsión presupuestaria, la delegación de firma y las irregularidades en procesos de contrataciones y compras.
A partir de estas acusaciones, le formularon provisoriamente 14 cargos contra Maqueda, como “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, abdicar en "su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros" o "convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social". Se menciona la presunta intención del cortesano de mantener un sistema informático en desuso para ocultar información contable, o utilizar normas derogadas para regular el sistema de compras, una trampa para manejarlo en forma discrecional.
Estos cargos pueden ser considerados como una posible comisión delitos, que de comprobarse deberá ser denunciada por la comisión de Juicio Político. La resolución cita una posible violación de deberes y pautas de comportamiento ético previstas de la ley de Ética Pública o el incumplimiento de la protección de datos personales.
La resolución le otorga a Maqueda diez días hábiles para cumplir con el artículo 13 de la comisión de Juicio político, que les permite a los acusados hacer un descargo antes de llegar al juicio que se lleva a cabo en el Senado. Contempla que envío su respuesta por escrito o asista a la comisión el jueves 6. Puede no asistir, pero la ausencia le jugará en contra en la investigación. Claro que para aprobar la acusación en el recinto se requieren los dos tercios, una mayoría sólo posible con el voto de Juntos por el Cambio, que este jueves se unió en la defensa del juez cordobés.
"Las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país. Si convocamos a personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”, ironizó Pablo Tonelli, del PRO.
"Fueron los propios jueces de la Corte los que decidieron hacer una auditoría para conocer los problemas", agregó el diputado y consideró que existe una "absoluta falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas. Si un fiscal escribe una acusación así, lo echan".
Juan López, de la Coalición Cívica, pidió ampliar la investigación a Lorenzetti y denunció un sesgo a Maqueda para que renuncie, porque el año que viene cumplirá 75 años, el límite para ejercer el cargo. "Quieren dos vacantes de acá a las elecciones, para negociar, vaya a saber con quién, en algún momento, los cargos de la Corte”, acusó al Frente de Todos.
"En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal", respondió Vanesa Siley, del Frente de Todos.
Su compañero de bloque Leopoldo Moreau recordó que las supuestas irregularidades de la obra social son parte de una investigación judicial y es por eso que el ex administrador Aldo Tonón (quien declaró tras ser intimado por la fuerza pública) respondió sólo diez de las 40 preguntas que le hicieron. "Para el resto se amparó en el artículo 18 de la Constitución para no incriminarse".
Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, destacó que la obra social no es parte del sistema de supervisión de la superintendencia de servicios de salud, por lo que sólo puede ser controlada por la Corte Suprema, responsable de cualquier desmanejo.
La resolución también crea una subcomisión "para continuar con la investigación respecto de Irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros". Gaillard propuso a Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley por el oficialismo. Sugirió completarla Paula Olivetto de la Coalición Cívica. No le respondieron.