El exdirector de la obra social del Poder Judicial Aldo Tonón declaró este jueves ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados después de tres faltazos y una advertencia del juez Ariel Lijo, quien le informó que sería llevado por la fuerza si volvía a ausentarse. Notificado por la policía, el médico asistió junto a su abogado Mauricio D'Alessandro y confirmó que el magistrado Juan Carlos Maqueda, integrante de la Corte Suprema, lo entrevistó para asumir al frente de la obra social; pero se preocupó por negar un vínculo personal con el cortesano.
Tonón reconoció algunas de las irregularidades denunciadas, como las vacancias en el directorio, la falta de certificación de los balances y la falta de encuadre legal en las licitaciones. No mucho más, porque evadió la mayoría de las preguntas amparándose en al artículo 18 de la Constitución nacional, que impide obligar a alguien a declarar contra sí mismo. Lo citó varias veces, pese a que la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard, le aclaró que no estaba involucrado en causas que tengan relación con la obra social.
Con la reunión iniciada, Gaillard informó que Tonón había sido notificado por el juez y la oposición no ocultó su sorpresa. "Queremos saber la resolución del juez", reclamó Juan López, de la Coalición Cívica. "Me parece bien, porque así queda un precedente", respondió el kirchnerista Leopoldo Moreau. El reglamento de la comisión permite aplicar el Código Procesal Penal y citar a testigos por la fuerza. Fue la primera vez que se aplica, y podría no ser la última.
Interrogado por el kirchnerista Rodolfo Tailhade, Tonón contó que fue convocado por una auditoría sobre prestaciones odontológicas en 2007 y luego se quedó como administrador. Relató que llegó a los supremos acercándole un currículum a "una persona" que le consiguió "una entrevista con Maqueda, de quien -aclaró- no soy amigo ni tengo relación personal".
Tonón continuó en el cargo hasta diciembre de 2021, aunque en los papeles siguió un año más por vacaciones adeudadas. Interrogado por el jefe del oficialismo Germán Martínez, el médico reconoció que la oferta para dirigir la obra social se la hicieron el entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y Maqueda.
Los testigos que declararon en las anteriores audiencias confirmaron que Maqueda controló la obra social y el cortesano lo ratificó mediante un mail que envió a sus colegas en 2021, y que después el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, remitido a la comisión. El exadministrador del máximo tribunal Héctor Marchi, aseguró que Tonón tenía una relación cercana con Maqueda y se pelearon durante la pandemia. Al no haber un acto administrativo que lo acredite, el cordobés negó haber tenido esas funciones, en una nota enviada a la comisión hace 20 días junto a sus pares Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Tonón siguió esa línea este jueves, se cuidó de proteger al cordobés y casi abandona la comisión cuando le leyeron aquel correo electrónico. "Estoy cerca de auto incriminarme", dijo. Lograron que se quedara. Para entonces ya había aclarado que sólo en ocasiones hablaba con los jueces. "La obra social tiene independencia y autonomía de gestión administrativa y financiera. Los ministros estaban informados de cómo funcionaba y qué se estaba haciendo. Pero no tenía que pedir permiso", detalló. "¿Maqueda manejaba la obra social?", preguntó Gaillard. "Formalmente, no", respondió el médico.
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Las confesiones
Escoltado por su abogado, Tonón no supo explicar por qué algunas licitaciones tenían firma de un juez de la Corte y otras de la totalidad. "Era facultad exclusiva de ellos", se excusó. Tampoco supo eludir las irregularidades denunciadas por los testigos, como cuando ante una pregunta de Moreau aceptó que estuvo más de 10 años dirigiendo la obra social el directorio completo. "No me basaba en la cantidad de personas designadas que tenía sino en sacar adelante la obra social", respondió. "¿Pero en quién delegaba las tareas?", preguntó el diputado. "Me amparo en el artículo 18 de la Constitución", evadió el exdirector.
Tailhade le recordó que entre sus responsabilidades estaba la de proponer los directores que faltaban para las áreas médicas y administrativo, que es el que nunca fue nombrado. También se demoró la designación de auditores. Moreau logró que Tonón confirmara que los balances no eran certificados. "No había ningún inconveniente, pero no se hizo nunca", admitió. "¿No le llamaba la atención?", consultó el diputado. "No, porque la certificación no invalida el contenido, sino la consideración del auditor. La modalidad era hacerlo así", indicó.
Algunas de estas situaciones fueron detectadas en una auditoría interna de la Corte, que el exdirector ninguneó. "No sigue los parámetros de la auditoría, ni hay elementos probatorios que consten como irregularidades". Otra inconsistencia de Tonón fue cuando le preguntaron por las firmas habilitadas para emitir cheques y omitió uno de los nombres mencionados por María Guadalupe Burgos, quien declaró hace un mes como protesorera de la obra social. "Es tesorera, porque ocupó ese lugar tras una renuncia", corrigió el médico. "No fue lo que dijo la testigo: ¡No pudo identificar el acto administrativo que la nombró!", se indignó Martínez.
Tailhade quiso saber si era cierto que el hijo del testigo, que trabaja en el Consejo de la Magistratura, fue amenazado con perder el trabajo si su papá declaraba. "No es cierto. Sí fui presionado por otros organismos", aclaró Tonón. "¿Diga cuáles?", le exigió el diputado. "Me lo reservo", respondió.
El exdirector aseguró que realizaba las compras de medicamentos mediante "comparaciones de precios" dos veces por semana y sugirió revisar los expedientes antes de acusarlo. Tonón se enredó cuando Martínez le explicó que tenía que mostrar dictámenes jurídicos propios sobre las operaciones; pero la pasó peor ante el interrogatorio de Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio.
La exdirectora del PAMI y exministra de Salud preguntó sobre las licitaciones de Farmandat, una empresa cordobesa vinculada. "No hicimos ninguna licitación a medida, diputada", aclaró Tonón. "Claro, ella pregunta por la causas que tiene y no le cita el artículo 18 de la Constitución", se indignó Tailhade.
La reunión empezó a las 11.40 horas, con tres horas de declaración del secretario letrado de la Corte Sebastián Clérici. Con evasivas, confirmó todas las irregularidades denunciadas en la obra social judicial, como falta de presentación de balances y vacancias en el directorio. Asimismo, agregó otras como la delegaciones de firma "ad referéndum" de los directores que no estaban y un sistema de contrataciones basado en decretos derogados. Entre medio de la declaración, la afiliada Laura Ambrosio detalló las deficiencias en las prestaciones.
