El Presidente no pudo doblegar a los gobernadores y hubo mayoría para comenzar la sesión. Llaryora, Jalil y Zamora, con bajas. Tres UCR, decisivos.
Javier Milei recibió un duro golpe en la cámara de Diputados: pese a la presión a los gobernadores, la oposición consiguió cuórum y debatirá mejoras a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que según el Presidente le insume 1.8% del PBI. La presión a los gobernadores no fue suficiente.
Los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago de Estero) dejaron algunas bancas vacías (Fernanda Ávila; Celia Campitelli y José Gómez), pero no bloquearon la sesión. Llaryora también jugó a dos puntas: no sentó a su alfil Ignacio García Aresca; pero sí estuvieron Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, ambos cercanos al exmandatario Juan Schiaretti.
Resultó decisivo para el cuórum la presencia de tres radicales: Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas. También ayudó el radical monobloquista Mario Barletta. El PRO dejó todas sus bancas vacías: ni siquiera se sentaron los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi.
UP tuvo además la baja del chaqueño Aldo Leiva, un excombatiente de Malvinas que está en las islas en esta semana. Encuentro Federal y Democracia Para Siempre tuvieron ausencias por la presión de los gobernadores, que logró bajas de referentes de Entre Ríos y Chubut, presionados por sus mandatarios Rogelio Frigerio e Igancio Torres.
Los mandatarios radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes) aportaron sus bancas vacías. No así Carlos Sadir (Jujuy) quien ayudó al cuórum con Jorge Rizzotti. La sesión fue posible por la asistencia perfecta de la izquierda y la Coalición Cívica.
Como explicó Letra P, Milei doblegó la presión a gobernadores desde el lunes, con promesas de cumplir promesas o advertencias de represalias. Martín Menem se repartió el trabajo junto al Ministerio del Interior y el de Economía, que desde el jueves hizo el cálculo del costo fiscal para sumar presión a los mandatarios.
Este martes, como explicó Letra P, en la mayoría de los bloques creían tener el número para llegar, aunque había muchas dudas. De hecho, entre los santiagueños sólo estaba segura la baja de Gómez, pero no de Campitelli. Los llamados desde la Rosada se hicieron sentir.
También cumplieron con el Gobierno los partidos provinciales de Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y San Juan. Algunos se sentaron rápido en sus bancas luego del cuórum, para evitar un escrache que en estos tiempos digitales es imposible de evitar.
El bloque UCR jugó fuerte para ayudar a Milei pero sólo dejó 11 bancas vacías, por la llegada de Cobos, Quetglas y Sarapura terminaron siendo decisivas. La sesión se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo policial, que aun así no impidió que se cortara la calle de la fachada del Congreso al mediodía.
Esta vez, los móviles policiales no enfrentaron a los manifestantes, en su mayoría provenientes de asociaciones sobre la discapacidad. Pronto se sumarán agrupaciones de jubilados y otras sobre jubilaciones.
De haber cuórum, la sesión comenzará con una feroz discusión por la reapertura de la comisión investigadora del caso $Libra: la oposición asegura tener el número para elegir autoridades y fijar un temario. Como la integración quedó empatada entre oficialismo y aliados, la pesquisa nunca empezó.
Luego los bloques convocantes tienen que definir textos finales sobre cada uno de los temas de la sesión, porque hay muchos dictámenes. En jubilaciones, hay 14, divididos en dos órdenes del día: uno sobre incremento de haberes y otro de moratoria.
El primero tiene coincidencia mayoritaria en la suba de 7.2% y en mejorar el bono, que es de 70 mil pesos y podría irse a 115 mil. El sector de Córdoba persiste diferencias y exigen una reforma integral. Podrían retacear los votos, aunque si se abstienen, con la sesión en marcha, ayudan igual.
Sobre la moratoria, sólo UP la quiere votar y si se rechaza prevalecerá alguna de las propuestas de prestación proporcional. La versión es que para ambos temas se usaría como base el dictamen de Nicolás Massot, de EF.
En discapacidad, la referencia es el despacho de Daniel Arroyo (UP), que tiene emergencia hasta 2027 y una indexación de las prestaciones, con retroactividad a diciembre de 2023. Este tema es el que tiene garantía de ser votado por el resto de los bloques. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), sólo implica un gasto de 277.349 millones de pesos.
La Iniciativa también crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Sólo se cortaría el beneficio si perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. También se propone un aporte a personas mayores de 70 años.