El parlamento repara y el Presidente rechaza. Necesidades, recursos, prioridades y modelos bailan la danza de la Argentina inviable. Urnas y cálculos.
Javier Milei en el Congreso, el "nido de ratas".
La coincidencia entre la decisión de Javier Milei de vetar tres leyes de contenido reparador recientemente aprobadas por el Congreso y la decisión de una –aparente– mayoría de la Cámara de Diputados de avanzar con otras iniciativas ilumina la incapacidad del sistema político de echar a andar a la Argentina por un sendero de reformas económica, social y políticamente sustentable.
Sin eso, sin mecanismos de diálogo y concertación que involucren a verdaderas mayorías, ¿hay chances de que se dé por fin una marcha hacia el futuro o, en cambio, sólo se obtiene la garantía de un interminable vagar por el laberinto nacional conocido?
La Oficina del Presidente, una entidad no oficial que, como tantas virtualidades de la Argentina paleolibertaria, vive en las redes sociales, anunció este lunes el descontado veto al alivio a la licuación de las jubilaciones, a la prórroga de la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad.
En tanto, esa nebulosa imprecisa que se da en llamar "oposición" empuja para instalar este miércoles, en la cámara baja, una sesión que trate de convertir en ley los proyectos de los gobernadores sobre la automaticidad del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el giro directo a las provincias del dinero destinado hasta ahora a fondos fiduciarios que el Gobierno canceló de facto. Asimismo, busca aprobar un refuerzo del financiamiento de las universidades y del Garrahan y la insistencia en una ley de emergencia para Bahía Blanca.
La coincidencia resulta elocuente a varios niveles. Parece más bien una "sincronicidad", como diría Carl Jung, que pone en juego algo más significativo que la mera probabilidad del azar.
En todo lo mencionado se juegan asuntos relevantes de índole social, presupuestaria, de modelo de país e incluso –tal vez– electoral. Más de fondo, un fenomenal nudo institucional.
Lo primero es obvio por dirimir un aumento del 7,2% de las jubilaciones y pensiones y un incremento del bono de los actuales y congelados 70.000 pesos a 110.000, así como su actualización futura por inflación. Además, impactarían una extensión de la moratoria previsional por dos años y una ley de Emergencia en Discapacidad que permitiría regularizar pagos y actualizar prestaciones.
Lo segundo –lo presupuestario– es el obstáculo esgrimido por el Gobierno. Según ha dicho y repetido el Presidente, "las necesidades son infinitas y los recursos, no", idea que reforzó denostando el concepto de que "de toda necesidad nace un derecho".
En la noche de este lunes, en un discurso que pronunció en la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige el agitador ultra Agustín Laje, dijo que las jubilaciones "se multiplicaron por 4" durante su gobierno (de 80 a 320 dólares) y que si la gente no llegara a fin de mes, como "dicen" quienes alguna vez vetaron aumentos de esos haberes, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, "las calles estarían llenas de cadáveres". Un The Walking Dead argento de no ficción.
El problema es que el argumento cae por su propio peso cuando se toma nota de que él mismo viene de reducir una imposición como las retenciones a las exportaciones del campo, seguramente defendible en sí, pero que marca una preferencia de tipo ideológica. Esto, claro, lleva a la cuestión de los modelos de país en liza. Y más allá…
Cabe detenerse en lo fiscal.
El costo del recorte de los derechos de exportación es menor que lo votado por el Congreso, pero Milei decidió vetar todo lo segundo en bloque, sin examinar, por ejemplo, la posibilidad de dejar en pie alguno de los ítems que beneficiarían a los trabajadores retirados o a las personas con discapacidad.
La oposición del Congreso intentará insistir con dos tercios de los miembros –presentes– en aquella agenda, pero el Gobierno ya moviliza sus recursos para hacerse con los servicios de los "héroes" del veto. Necesita alcanzar el tercio salvador.
Los legisladores que se autoperciben opositores, pero son oficialismo-flexibles, dudan: ¿cambiar o no cambiar el voto original? ¿A cuál de los dos bandos beneficiaría que se ausentaran?
La oposición más frontal quiere apurar la votación de la insistencia, mientras que la más ambigua preferiría dejarla para más adelante, más cerca de octubre. La primera sabe que el paso del tiempo juega a favor de las armas de persuasión oficial y la segunda alega que la cercanía de las elecciones inhibiría a posibles tránsfugas y elevaría los costos políticos de sostener el veto.
¿Quién tendrá razón?
En tanto se trata de una renovación parcial, el resultado de las legislativas del 26-O no alterará sustancialmente la relación de fuerzas en el Congreso, con la salvedad –relevante– de que el oficialismo será mucho más violeta y mucho menos dependiente de aliados pedigüeños.
Con todo, hay algo más de fondo: la gobernabilidad de Milei seguiría dependiendo de un mix de decretos y vetos, toda vez que no cabe dentro de ningún cálculo probable que arrase de tal modo que se acerque a la mayoría legislativa.
De eso modo, el programa del Gobierno seguiría dependiendo de la voluntad de un tercio de la Argentina parlamentaria, expresión probablemente cercana a un núcleo duro social que respalda la idea del equilibrio presupuestario sin objeciones morales.
Las oposiciones, en tanto, no terminan de ponerse de acuerdo respecto de la necesidad de que el país consolide un horizonte de equilibrio fiscal, lo que obtura otras discusiones necesarias.
¿Hay que abrir y revisar de una vez el gasto tributario de 3,54% del producto que entrega subsidios y desgravaciones a sectores largamente beneficiados? ¿Todos ellos necesitan esos incentivos y en la medida actual?
Va de suyo que el país no podría avanzar sin equilibrar sus cuentas públicas –de lo que depende el pago o la financiación de sus deudas, la disponibilidad de crédito para la inversión y el consumo, el crecimiento de la producción y la mejora de los ingresos–, pero el reparto de las cargas es tarea de la política. ¿Cuán sustentable es un ajuste que pauperiza a jubilados y a personas con discapacidad y que cancela la obra pública?
Más importante: ¿la mejor política es la que atiende objetivos de máxima o, tal vez, una algo más medida en sus fines, pero que puede ser sostenida por consensos de verdaderas mayorías y no solamente de tercios de bloqueo?
El clima de época hace hoy posibles anuncios como el de Jorge Macri de que la Policía de la Ciudad obligará a limpiar lo que ensucien las personas que sean encontradas "removiendo basura de los contenedores". Si quienes "gustan hurgar en la basura" –sic– no lo hicieran, serían multados con hasta 900.000 pesos, posteó la vocera Laura Alonso, porque "se terminó la impunidad para los 'recicladores'". ¿Pensará que serían capaces de pagar semejante cifra o, en verdad, propone un futuro hecho de la reedición de las Leyes de Pobres de la Inglaterra de 1601?