El miércoles obtendría dictamen definitivo, con una marcha en la calle. El Gobierno habla con aliados para garantizar un eventual veto.
Daniel Arroyo, al frente del proyecto sobre Discapacidad que busca bloquear Javier Milei.
Mientras resiste otra embestida opositora para sancionar leyes que suman partidas en jubilaciones y universidades, Javier Milei afrontará un desafío similar en otro rubro sensible: el miércoles, en Diputados podría quedar listo el dictamen de un proyecto para declarar la emergencia en Discapacidad hasta 2027. El Gobierno tratará de bloquear su aprobación con ayuda de la UCR y el PRO.
La iniciativa fue presentada por Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, y ya tuvo despachos en las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. Si se suma la de Presupuesto, podrá imprimirse la orden del día para llevarla al recinto. Hasta ahora, aportaron firmas UP, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Son las mismas fuerzas que, con lo justo, garantizaron el inicio de la investigación del caso $Libra.
Por la UCR, sólo Natalia Sarapura suscribió el dictamen (en Salud) y el resto escondió los nombres, al igual que sus pares del PRO y de los partidos provinciales. Por estas horas, el Gobierno empezó con llamados a estos aliados para que vuelvan a esconder las lapiceras el miércoles.
Si bien estas fuerzas no podrían impedir por sí mismas que no haya dictamen, si siguen la letra oficial, de mínima, quedaría blindado un eventual veto una ley de emergencia a Discapacidad, un rubro en el que Milei empezó a aplicar la motosierra.
El plenario del miércoles se llevará a cabo ante una manifestación de organizaciones que agrupan a personas con condiciones especiales, a la que se sumarán prestadores que reclaman mejoras en sus haberes. La protesta podría repetirse si el proyecto llega al recinto.
La iniciativa de Arroyo impide que haya recortes o se licúen partidas de discapacidad. Para eso se obliga a disponer el financiamiento de las pensiones no contributivas de acuerdo a las definiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
No es una aclaración menor: a través de una resolución, Milei reconvirtió este beneficio en una pensión por invalidez laboral y para identificar a los beneficiarios usó términos sin rigor científico como "idiota" y "demente". Las organizaciones aseguran que de esa manera el Presupuesto en pensiones se redujo un 22%.
El proyecto del diputado de UP, firmado por más de una decena de sus pares de bloque, contempla también mejorar los aranceles del sistema de prestaciones básicas para discapacidad, que fueron actualizados por última vez el año pasado, como también regularizar las deudas. Propone fortalecer el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad; y se indexa al salario mínimo los haberes del régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
Además, Arroyo propone facultar al Gobierno a crear "una pensión inembargable a las personas con discapacidad" de setenta o más años de edad, que "no cuente con suficientes recursos propios, no amparadas por un régimen de previsión".
Se crea también una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, que sería compatible con un empleo, en tanto este no supere los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Otro aspecto del proyecto es la protección de salud a las personas con discapacidad.
La rosca de las firmas para los dictámenes empezó este lunes y a nadie le sobra nada. En Unión por la Patria quieren cambiar la composición de varios de sus integrantes que a la misma hora participarán de la reunión constitutiva de la comisión investigadora del caso $Libra. En la comisión de Presupuesto hay algunas firmas claves como la de Ignacio García Aresca, quien responde órdenes de su gobernador, el cordobés Martín Llaryora, quien tiene una relación tensa con la Casa Rosada.
El proyecto necesita al menos 25 firmas de Presupuesto y en UP creen que pueden conseguirlas, aún si los habituales aliados del Gobierno se esconden. Aunque sin ellos será muy ajustada la chance de tener mayoría en el recinto y, en cualquier caso, una ley sancionada será vetada por Milei sin ningún riesgo de que esa decisión sea desechada por el congreso, para lo que se necesitan dos tercios de ambos recintos. La UCR y el PRO son suficientes para que nadie alcance ese número. Por eso son tan importantes.