Fija penas de hasta seis años por definir gastos no previstos y diez a directivos del Banco Central que impriman sin respaldo. La reacción de la oposición.
Javier Milei envió un proyecto de ley para encarcelar a funcionarios que gasten de más
Javier Milei dejó una sorpresa junto al Presupuesto 2026: envió una iniciativa de ley para penar a funcionarios que dispongan de gastos no previstos o a directivos del Banco Central que emitan sin respaldo. Las sanciones alcanzan la cárcel efectiva y para la oposición se trata de una “desnaturalización burda” del derecho.
Esa fue la definición que usó Ramiro Gutiérrez, el penalista más respetado de Unión por la Patria (UP), para quien la propuesta de Milei, de sólo 19 artículos, no es otra cosa que una idea con “fines intimidatorios y extorsivos de un gobierno acostumbrado a gobernar por decreto”, que de ningún modo pasa el filtro de constitucionalidad. Sin respaldo del resto de las bancadas opositoras, el proyecto difícilmente llegue al recinto.
El proyecto había sido anunciado por el Presidente y llegó este lunes, aún sin fecha de tratamiento definida. Recién la semana próxima definirían un cronograma en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, encabezadas por José Luis Espert (LLA) y Laura Rodríguez Machado (PRO).
La iniciativa no contempla penas a legisladores -difícilmente pudieran haber sido votadas- aunque sí impide la aplicación de una norma sancionada en el Congreso si no es acompañada de una partida específica para financiarse, lo que se denomina “disciplina presupuestaria”.
Según el texto, si una ley no tiene una partida y autoriza un gasto no previsto "comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.
El plan de Milei, según el proyecto, es que el jefe de Gabinete concentre los excedentes que surjan del presupuesto en una partida para distribuir, que debería comunicar al Congreso con un acto administrativo.
Mientras que los nuevos gastos definidos por el parlamento sólo podrán aplicarse si contemplan fuentes de financiamiento. Antes del tratamiento de estas iniciativas, habrá un informe de secretaría de Hacienda sobre “impacto presupuestario”, que deberá ser tenido en cuenta para el debate en comisiones. Es similar al trabajo de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), sólo que sería vinculante.
Las obligaciones del Poder Ejecutivo que establece el proyecto son dos: que los funcionarios no dispongan gastos sin contemplar fuentes de financiamiento; y que el Banco Central no pueda emitir sin respaldo. Para ambos casos, se establecen posibles penas de prisión, que es cuando tienen más de cuatro años de condena. Para los funcionarios, el proyecto establece penas de entre uno y seis años tras las rejas; y para los directivos del Banco Central, entre tres y diez años.
El proyecto, además, extiende las obligaciones establecidas en la ley de administración financiera a otros sectores del Estado nacional, como empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos excluidos expresamente de la administración. En ninguna de esas dependencias.
Los fundamentos son un nuevo tratado libertario de historia monetaria, con la reivindicación del equilibrio fiscal. “La reconstrucción de Argentina requiere continuar con el compromiso inclaudicable de mantener el déficit cero y eliminar el recurso al financiamiento monetario del déficit fiscal”, señala.
La reacción de la oposición más dura es que el proyecto no pasa el filtro constitucional y por lo tanto queda en el tacho de basuras. Gutiérrez anticipó que se opondrá UP y así sólo un respaldo casi unánime de la oposición más dialoguista puede permitir que sea dictaminado.
“Se trata de un incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado, que en realidad es tipo penal ficticio, porque autorizar legislativamente gastos sin respaldo presupuestario preexistente no presenta contrariedad con la Constitución Nacional y las leyes que de ella derivan”, señaló el diputado.
Gutiérrez recordó además que el artículo 75 de la Constitución regula las facultades de los legisladores y no prohíbe emitir gasto. Sobre el Banco Central, sostuvo que la pena es una réplica “mal hecha” del artículo 287 del Código Penal, que prohíbe la emisión monetaria no autorizada por autoridades del organismo.
“Conformaría un tipo penal abierto dejando a la arbitrariedad de la decisión jurisprudencial que se entiende por ‘emisión monetaria irregular’”, explicó el diputado de UP.