El Ejecutivo provincial formalizó una demanda judicial y sumó el aval sindical para exigir los fondos adeudados. De qué se trata.
Ignacio Torres recibió el apoyo de los gremios de Chubut en su reclamo a la ANSES.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sumó apoyo sindical al reclamo que la provincia sostiene con la ANSES por los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones. Se trata de más $51 mil millones que en Chubut exigen para asegurar el financiamiento regular del sistema jubilatorio.
El encuentro tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, donde representantes de ATE, UPCN, el Consejo de Bienestar Policial, el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Asociación del Personal de Organismos de Control firmaron un acta de adhesión a la demanda impulsada por la Fiscalía de Estado para exigir el pago y la normalización de los anticipos automáticos.
El reclamo se originó en una deuda que debía haberse regularizado a partir del año 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, e impactó de manera directa en el sistema previsional de la provincia. Según detalló en su momento, la falta de transferencias afectó a los aportantes que continuaron realizando sus contribuciones.
Torres sostuvo que la ley obliga al organismo nacional a asistir financieramente a las jurisdicciones con cajas no transferidas. “Este reclamo es un acto de justicia, porque los recursos son de los chubutenses y, en definitiva, de todos nuestros jubilados”, afirmó el gobernador.
Según detalló, el déficit previsional ronda los $8 mil millones mensuales, cifra que cubre la administración local ante la falta de transferencias. Esa situación eleva la deuda acumulada a más de $51 mil millones, monto que ahora se exigió por vía judicial.
El planteo judicial incluye $32.365.053.000,10 correspondiente a ejercicios anteriores y $18.920.077.358,91 por anticipos impagos entre enero y diciembre de 2025. La suma total que exige la administración Torres asciende a $51.285.130.359,01, según la presentación oficial.
La demanda solicitó que se declare la obligación legal, constitucional y presupuestaria del Estado Nacional y de la ANSES para otorgar anticipos automáticos y cancelar el rojo previsional. También requirió que se regularice el mecanismo de actualización conforme la movilidad del sistema nacional.
Del encuentro participaron el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, junto a dirigentes sindicales como Cristian Salazar, Dalton Luttemberg, Guillermo Spina, Juan García y Martín Penna.
Durante la reunión, el gobernador remarcó que los recursos reclamados “serán destinados exclusivamente a la caja previsional provincial” y advirtió que la retención resultó ilegal en cualquier distrito del país. Además, reafirmó que la Provincia no desistió del proceso judicial hasta lograr la restitución total.
El acta firmada por los gremios solicitó que la Justicia ordene garantizar la continuidad y automaticidad del régimen de asistencia financiera, con el fin de evitar decisiones unilaterales que alteren el esquema federal vigente. El respaldo sindical consolidó un frente institucional en defensa de los jubilados provinciales.