El máximo tribunal reconoció la competencia originaria en el reclamo provincial y pidió explicaciones al Estado nacional. La puja con Aluar.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en un acto de Provincias Unidas.
La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda del gobernador Ignacio Torres contra el Estado por el dominio de la represa Futaleufú, lo que representa un respaldo clave al reclamo histórico de Chubut sobre sus recursos naturales.
La presentación judicial, impulsada por Torres y el fiscal Andrés Giacomone, cuestionó la constitucionalidad de las leyes nacionales 15.336 y 24.065. Según la provincia, esas normas violaban de forma arbitraria la autonomía sobre los cursos de agua y afectaban el control de la central hidroeléctrica.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes además dieron un plazo de 60 días para que el Estado nacional responda a la demanda y reconocieron que el caso es de competencia originaria de la Corte.
El gobierno provincial argumenta que la concesión de Futaleufú, vigente desde 1995 a favor de la empresa Aluar, vence en junio de 2025. Ante este escenario, sostiene que sólo la provincia tiene legitimidad para decidir sobre una prórroga o una nueva licitación.
“Es un fallo histórico que marca un antes y un después en la defensa de nuestros recursos estratégicos”, afirmó Torres, tras conocerse la resolución. Según el mandatario, la decisión fortalece el principio de federalismo energético frente a lo que considera un modelo centralista.
La central hidroeléctrica Futaleufú en la Provincia de Chubut
La represa, construida entre 1971 y 1978, se encuentra en el noroeste provincial y fue diseñada para abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn. Actualmente, es una de las principales fuentes de generación eléctrica de la región.
La decisión de la Corte Suprema genera un fuerte impacto político, en momentos donde otras provincias patagónicas también exigen mayor participación en la administración de sus recursos hidroeléctricos.
Con este fallo, la Corte Suprema envía una señal política y jurídica de alto impacto: reconoce la legitimidad del reclamo de Chubut y refuerza el principio de federalismo energético, en un contexto donde varias provincias patagónicas reclaman mayor participación en la administración de sus represas y recursos naturales.
Según el escrito presentado, las leyes impugnadas “lesionan de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho constitucional” de las provincias sobre sus bienes naturales. El reconocimiento de esa tesis por parte del máximo tribunal podría sentar un precedente relevante para otros reclamos similares.
“Chubut no va a resignar lo que le pertenece”, había declarado Torres en febrero, cuando formalizó la presentación judicial. La resolución conocida ahora refuerza ese posicionamiento en un contexto de tensiones fiscales y energéticas con el Ejecutivo nacional.
El próximo paso será la respuesta del Estado nacional, que deberá presentar sus argumentos ante la Corte. Mientras tanto, Chubut se prepara para discutir el futuro de una represa clave para su economía y su soberanía energética.