El gobernador de Salta va a la Corte para recuperar los beneficios que cortó la Nación. Propone destinar a jubilados los fondos para planes a extranjeros.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió que su provincia cobre la atención médica a ciudadanos extranjeros.
La quita de pensiones por invalidez dispuesta por el gobierno de Javier Milei les estalló en las manos a los gobernadores, que de a poco comienzan a alzar la voz por este conflicto. Uno de los más enérgicos es el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien calificó como una "torpeza" la medida nacional.
"No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados", explicó. Ocurre que la baja se produjo, mayormente, porque la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no encontró a los beneficiarios para ser nofificados de que debían presentarse ante la ANSES para una auditoría.
Por instrucciones de Sáenz, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno y la Agencia Nacional de Discapacidad.
El gobernador comparó la situación con otra realidad que golpea a las provincias del norte y planteó “suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", afirmó. Por eso, sugirió que se deben "suspender todos los planes sociales en zona de frontera" y exigir que "vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país".
Con esta medida, el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad. "Se estaría evitando la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país", explicó.
Asimismo, Sáenz defendió la decisión provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, una medida que tomó porque "era muy injusto ver los tour de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales".
"Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Si no pagás, no te atienden", aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida".
En el recurso de amparo presentado, Salta reclama el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para las personas con residencia en esa provincia, el pago retroactivo a los beneficiarios y que se declare la nulidad de las auditorías y "procedimientos irregulares implementados por la ANDIS".
Finalmente, solicita que se adopten medidas "urgentes" para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el cual se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.