Arrancó en París una negociación decisiva. Primarias de un lado, ATN del otro. El fallo cortesano generó un terremoto en el parlamento. La sospecha de Karina.
Javier Milei con gobernadores en París.
Javier Milei y su Gabinete empezaron en París una negociación con los gobernadores que será decisiva. Sus resultados comenzarán a conocerse en los próximos días y definirán el escenario electoral que tendrá el Presidente para buscar su reelección. Otros actores de peso, como la Corte Suprema de Justicia, también se asomaron.
La rosca tuvo un capítulo en la Casa Rosada con una hermética reunión de la mesa política, en la que se abordó el resto del año legislativo. Martín Menem y Patricia Bullrich dejaron claro que no aceptarán ningún capricho de Santiago Caputo que los obligue a perder votaciones.
La caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026, en diciembre, fue la última concesión al asesor presidencial. Era el mejor momento de Milei y, aun así, los aliados rechazaron aquel fragmento del proyecto más importante del Poder Ejecutivo, porque incluía la derogación de la emergencia en discapacidad.
Menem no está dispuesto a repetir la experiencia y por eso se anticipó con una propuesta sobre el tema que no fue bienvenida por Toto Caputo. El dictamen que firmó La Libertad Avanza es opuesto a uno de los capítulos que el ministro de Hacienda escribió en el Presupuesto.
El bloque oficialista quiere tratarlo el 21 de octubre, junto a los proyectos de sobreendeudamiento de las familias y al de soberanía de Malvinas. El primer desafío es evitar que seis días antes la oposición abra el recinto para debatir esos temas y el polémico DNU 70/2023, que quedó en la mira por el fallo de la Corte.
El pasado martes ninguna usina oficialista dio detalles de las discusiones que hubo en Balcarce 50. La única decisión que trascendió fue la de agotar esfuerzos para gestionar con los gobernadores la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Diego Santilli reanudó las conversaciones con los mandatarios en los alrededores de la Torre Eiffel y las continuará en su despacho.
El proyecto de Presupuesto quedará para fin de año. Se tratará en Diputados el 18 o 25 de noviembre y, en el mejor de los casos, en diciembre sería sancionado en el Senado. Los jefes provinciales lo quieren aprobar con modificaciones para no licuar los ingresos.
Los tiempos corren y sus referentes legislativos no deberán caer en la misma trampa que en 2024. Si para el 20 de noviembre la iniciativa todavía no fue dictaminada en Diputados, el Gobierno podrá postergarla, reconducir las partidas del año anterior y reasignarlas a gusto.
Será una amenaza de Santilli a los mandatarios si se resisten a reducir el itinerario electoral. El cuello de botella está en el Senado, donde la UCR y el PRO no dan garantías. El radicalismo tiene diez votos, más de la mitad responde a gobernadores y su única propuesta fue una primaria opcional por inscripción, idea que no pasa el filtro de la Casa Rosada.
En los próximos días habrá una tarea intensa liibertaria para persuadir a los mandatarios radicales. Avanzan proyectos reclamados por gobernadores de esta fuerza que están postergados, como la transferencia del centro de acopio y embarque Barranqueras, una exigencia del mandatario de Chaco, Leandro Zdero.
En la sesión del 21 de octubre que planea Menem podría estar ese expediente y otros que pidan la UCR y el PRO. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) son decisivos. De mínima, exigen garantías de no tener listas libertarias en sus contiendas locales, un reclamo que comparten con los mandatarios de partidos provinciales.
Mauricio Macri sigue atrincherado. El jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling, anunció que quieren sostener las PASO. Si el expresidente acuerda la paz con Karina Milei podría aportar a sus diputados. Nadie lo descarta.
La confianza es el mayor problema. Sólo un anuncio de El Jefe a favor de despejar las contiendas provinciales puede darles certezas a los gobernadores..La presentación de candidaturas en las provincias es el año próximo y la Cámara Nacional Electoral pidió definir el cronograma de votación de los comicios presidenciales antes de fin de año.
Por ahora, desde el Gobierno filtran esas promesas en off the récord, pero nadie habla a viva voz. “Tenemos candidatos en todos lados”, aclaran en la Casa Rosada cada vez que consultan sobre las contiendas locales, donde, en verdad, no abundan candidatos libertarios decididos a jugar.
La negociación con los gobernadores tiene otros dos capítulos. Uno es el de los acuerdos bilaterales, que empezarán a fluir. Anuncios de inversiones y avales de deuda se anotan en la cima de los reclamos de las provincias.
La discusión por la letra chica del Presupuesto será tensa y, por eso, Santilli prefiere dejarla para el final. Los bosquejos que circularon por las provincias identificaron varias trampas.
Las partidas de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) una vez más están subestimadas. Los gobernadores nunca lograron que Milei las liquide en su totalidad, incluso cuando son para utilizar en distritos que tienen urgencias.
Los impuestos que más recaudan (Retenciones y Combustibles) no se reparten en las provincias. Los giros discrecionales a cada jurisdicción tampoco están garantizados: quedan a merced de partidas que tienen fines diversos, como cubrir los faltantes para pagar pensiones por discapacidad.
Este tema tiene al Gobierno dividido. Menem bajó la orden a su tropa de no negociar con las organizaciones del sector hasta la sesión que convocaría el 21, porque teme una interna mayor. El hermetismo es total. El diputado Bertie Benegas Lynch no solicitó un informe de impacto fiscal como pidieron los aliados.
Si el oficialismo llega al día del debate en el recinto sin diálogo con la sociedad civil, deberá aceptar modificaciones al dictamen pedidas por los aliados para evitar la octava derrota legislativa de LLA en una votación por discapacidad.
Algunos aliados que garantizaron el despacho oficial, como el misionero Oscar Herrera Ahuad, recibieron a organizaciones del sector y confirmaron que están dispuestos a votar la emergencia con el peronismo si no hay correcciones.
El PRO y la UCR aceptan hacer aclaraciones, pero no a ampliar las obligaciones que impliquen un mayor compromiso presupuestaria. La discusión no pasa por fondos sino por garantías. La Libertad Avanza tiene poca autoridad en la negociación: Milei nunca cumplió obligaciones que tiene hace un año como pagar compensaciones a prestadores o diseñar un nuevo sistema de pensiones.
La Corte Suprema sumó un inconveniente inesperado para Milei con su fallo para restablecer el artículo del DNU 70/23 que eliminó la ley de tierras y habilitó la compra indiscriminada de parcelas por parte de extranjeros.
La repercusión pública que tuvo este tema en el pasado julio, cuando en el Senado La Libertad Avanza tuvo que eliminar un capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, convirtió el fallo del máximo tribunal en un inoportuno conflicto para el Presidente.
Unión por la Patria cerró una discusión interna de dos años y decidió ir al recinto para intentar derogar el megadecreto. El Senado rechazó la disposición presidencial en marzo de 2024 y si Diputados repite la votación, la totalidad del contenido queda eliminado inmediatamente.
Sería un cimbronazo para el Gobierno y Milei lo usaría para victimizarse. El día después de una eventual derrota lo obligaría a tomar decisiones. Debería iniciar una regulación del mercado de alquileres y del sistema de salud, que enfrentaría a los referentes de esos sectores con la oposición.
Los gobernadores no se animan a dar un golpe así y ninguno de sus diputados firmó la convocatoria a sesión para tratar el DNU, el 15 de octubre. Sólo Hugo Passalacqua (Misiones) aportaría sus votos a la oposición. Sin el decreto, volverá a funcionar el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). Algunos peronistas no están seguros de participar.
El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, siempre tuvo el diagnóstico de que el mega-DNU sería ratificado si se discutía en el recinto y por eso fue partidario de esperar el momento justo. Con el fallo de la Corte, el santafesino aceptó la posición de los grupos más intransigentes de su bloque, que apuestan a todo o nada.
La decisión del máximo tribunal dejó atónitos a todos los referentes de La Libertad Avanza, que tejen las más variadas teorías conspirativas. Generó mucho temor que el fallo sólo se refiera a la idoneidad del denunciante (el CECIM de La Plata) y no a la constitucionalidad del vasto DNU, que los tres cortesanos deberán discutir tarde o temprano, si es que ya no lo hicieron.
Hay expedientes en las oficinas de la Corte que tal vez puedan derivar en otro fallo polémico durante la campaña electoral. Karina tiene motivos para estar ofuscada. Negoció ella misma con el titular del cuerpo, Horacio Rosatti, para que el hijo del cortesano, Emilio Rosatti, fuera nombrado por el Senado juez federal.
La hermana de Milei teme que los supremos quieran borrar el DNU por presión de los principales empresarios del país, que no están conformes con algunas de las medidas que rigen hace dos años a partir de esa decisión.
En el círculo rojo empezaron a asustarse con el poderío que sumó en Comodoro Py el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El mensaje de la Corte llegó justo después de que el funcionario no descartara apurar los pliegos para cubrir las dos vacantes en el máximo tribunal.
La oportunidad que eligió la Corte es lo que más le duele al Gobierno: la decisión se conoció horas antes de iniciarse el debate del proyecto sobre soberanía de Malvinas en Diputados que resultó arruinado por la coyuntura. Fue necesario que los voceros oficiales aclararan que están dispuestos a restringir la venta de tierras a extranjeros para que el cronograma del Congreso no se altere.
El texto sobre Malvinas tiene un sinfín de disposiciones escritas por la secretaria Legal y Técnica de la presidencia, María Ibarzábal Murphy que para los bloques aliados son trucos para empoderar las áreas que controla su jefe, Santiago Caputo.
“La maga”, como le llaman en el Congreso, por su cercanía al asesor presidencial y su escaso rigor jurídico (fue capaz de firmar una resolución para suspender una ley) envió a una funcionaria al plenario de comisiones que no conformó a la oposición.
Tuvo que llamar ella con aliados los días siguientes para remontar la negociación. Por ahora, sólo pueden prosperar los capítulos para ampliar los sujetos alcanzados con penas por explotar recursos en Malvinas y ampliar las penas.
La oposición coincide en que el Consejo de Seguridad propuesto es un grupo de tareas para que las Fuerzas Armadas y la SIDE puedan desplegar su personal por el país sin control y con el monitoreo de Estados Unidos.
Es curioso que no esté en este esquema el Ministerio de Seguridad. La omisión podría explicarse en que el área está en manos de Alejandra Monteoliva, cercana a Bullrich. El capítulo con sanciones por incidencia extranjera en procesos electorales, no pasa el filtro de ningún bloque.
Bullrich mantuvo el Senado cerrado la semana pasada y lo abrirá a cuentagotas en los próximos días. Una reunión será en la comisión de Acuerdos, donde Karina buscará confirmar a Nadia Márquez como presidenta, en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.
La exministra quiere ese lugar para ella o para Luis Juez, pero El Jefe no lo cederá. Bullrich sigue con su agenda propia. Estuvo en el Coloquio de IDEA junto a un grupo de colaboradores, en el que se destacó el diputado pampeano Martín Matzkin, uno de los que están dispuesto a diferenciarse cuando haga falta.
En la cámara alta el próximo tema en llegar al recinto debe ser la reforma política, si es que Santilli acuerda con los gobernadores la suspensión de las PASO. Bullrich salió de esa negociación y en la última audiencia sobre el tema no se mostró tan preocupada: recordó que la Cámara Electoral dio tiempo hasta el 31 de diciembre para decidir. No pareció preocuparle demasiado.
