La oposición empezó a negociar un acuerdo para derogar el DNU 70/2023, que tiene un artículo que elimina la ley de tierras y este martes fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Para evitar esta situación, La Libertad Avanza (LLA) negocia incorporar límites a la venta de tierras en el proyecto sobre Propiedad Privada, que debatirá Diputados.
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Tomaría esta decisión para proteger un decreto que tiene centenares de reformas. Una es la derogación de la norma sancionada en 2011 que impide vender hasta el 15% del territorio nacional a personas y empresas foráneas. Un fallo de la Justicia Federal de La Plata lo declaró inconstitucional y el máximo tribunal revocó esa decisión este martes, por considerar que el Centro de Excombatientes de esa ciudad (CECIM) no era apto para denunciar.
La decisión de la Corte fue repudiada por los bloques opositores, que en julio impidieron eliminar la ley de tierras en el Senado, cuando fue excluida de la reforma de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, finalmente aprobada. Para evitar la derogación del DNU 70/2023, en LLA evalúan tratar este proyecto en Diputados y sumarle un artículo para limitar la venta de tierras a extranjeros.
Otra opción es sumar esa reforma a la ley de defensa de la soberanía nacional, que empezó a debatirse este miércoles en Diputados y apunta a sumar protección sobre las Islas Malvinas. Tiene otros capítulos polémicos, como otorgarles mayores facultades a las Fuerzas Armadas.
La Corte revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras y habilitó un nuevo escenario para la adquisición de tierras rurales por extranjeros
El DNU 70/2023 fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado. Si en Diputados se repite el trámite el contenido de esta decisión presidencial quedará borrado. Para llegar a una mayoría, Unión por la Patria (UP) necesita sumar a Provincias Unidas (PU) y a los partidos provinciales, árbitros de las votaciones en el recinto.
Son partidos provinciales que responden a los gobernadores como los de Salta y Misiones, que comparten el bloque Argentina Federal (AF). También está en un limbo el trío de Tucumán y el santacruceño José Garrido. Al ser tan diverso, el decreto tiene posiciones encontradas.
Los misioneros rechazan el decreto porque eliminó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Hay gobernadores de todas las fuerzas políticas que defienden algunas desregulaciones que habilitan las negociaciones de las provincias. Los petroleros y mineros se anotan en esa lista.
UP recibió a los miembros del CECIM La Plata y hubo posición mayoritaria de tratar el DNU 70/2023. Los más enfurecidos quieren una sesión el 14 o 15 a todo o nada. Nunca fue la posición del jefe, Germán Martínez, quien siempre prefirió encontrar una mayoría para garantizar la derogación.
En LLA miran de cerca. "Para nosotros es tan importante este decreto, que estamos dispuestos a discutir límites a las tierras en una ley", afirmaron fuentes oficialistas a Letra P. Las negociaciones las lleva a cabo Martín Menem, quien mantiene diálogo permanente con los aliados que tuercen la balanza.
Uno de los temas que traba el acuerdo opositor es que si el DNU 70/2023 se deroga queda vigente la antigua ley de alquileres, sancionada en 2020 y una de las normas más cuestionadas por Javier Milei.
La oposición no peronista no quiere restablecer esa norma y evalúa opciones. Una sería impulsar una derogación en paralelo, aunque los tiempos le permitirían al Presidente acusar al Congreso de volver a restringir la oferta inmobiliaria. También volvería a estar vigente las leyes de abastecimiento, de Góndolas y el compre nacional.
Otro cambio que quedaría atrás es el del Código Civil y Comercial para permitir que los contratos se pacten y paguen en la moneda extranjera acordada y los límites para aplicar tasas de interés en las tarjetas de crédito. Milei perdería además la desregulación del sistema aerocomercial y hasta la habilitación para privatizar sociedades anónimas deportivas.
El diputado Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, propuso una salida para no tocar el DNU: incorporar un artículo en la ley de soberanía para restringir la venta de tierras. "No lo descartamos, pero no preferimos abrir el debate sobre propiedad privada", señalaron fuentes del LLA a Letra P.
El proyecto tiene otros capítulos que el Gobierno quiere sancionar, como los juicios sumarísimos por desalojo. El oficialismo citará a una sesión el 21 en Diputados y buscará aprobar el Presupuesto el 17 de noviembre. No dan los tiempos para su plan original, que era llevarlo al recinto el 4, antes de la llegada del papa León XIV.
"En Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo"
Lousteau criticó a la Corte y pidió la derogación del DNU 70/2023: "En 2024 voté en el Senado en contra porque es inconstitucional y lo sigue siendo" https://t.co/IYWrPE5Bl1pic.twitter.com/VrFoptR6KU
Este miércoles pocos opositores se expresaron a favor de derogar el decreto por fuera del peronismo. Los radicales que integran PU se anotaron en esa sesión. “Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/2023, lo terminemos de dar de baja. Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”, recordó.
Pablo Juliano lo planteó en el plenario de comisiones que discutió sobre Malvinas. "Siempre están en la impostura política. Dicen: 'Adentro del DNU está la ley de Alquileres, se regula la relación entre privado' ¡Pero llevan tres años! Hay que dejar de legislar con leyes ómnibus. Dejen de meter todo en una procesadora", exigió.
En el Senado surgió otra propuesta. Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para derogar el artículo del DNU que deroga la ley de tierras. Fue firmado también por José Mayans y Fernando Salino. Calificaron de “bochorno” el fallo de la Corte.