Jorge García

Entre Ríos: quién es el procurador general eterno que nadie puede remover de su cargo

Como jefe de los fiscales de la provincia construyó un poder que excede a la Justicia. Un vacío legal lo vuelve inamovible. El rechazo a Ariel Lijo.

Jorge Amílcar Luciano García llegó a ser procurador general del Poder Judicial de Entre Ríos en diciembre de 2008. Desde entonces, como jefe de fiscales construyó poder que excede a la Justicia. Un vacío legal en la normativa provincial lo vuelve inmune al riesgo de ser removido de su cargo.

Su acumulación de poder está determinada por dos razones: por la verticalidad del organismo que preside y porque sostiene la relación institucional del Ministerio Público Fiscal con el resto de los poderes.

El origen del poder del procurador García en Entre Ríos

García llegó a la Justicia entrerriana de la mano del gobernador peronista Jorge Busti, en noviembre de 2007, pero fue su sucesor, Sergio Urribarri, quien lo empoderó, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal que puso las investigaciones penales en cabeza de los fiscales, quitándoselas a los jueces de instrucción.

Con las investigaciones penales en las manos de la fiscalía, García construyó poder. Además, en función de designaciones realizadas con su firma y dejando muchos nombramientos en carácter de suplencias, logró mantener a raya a sus subordinados.

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Hay, además, un antecedente que funge como clave para el posicionamiento de García. Integró el tribunal que condenó al exfuncionario peronista Oscar “Pacha” Mori en una causa emblemática por desvío de ATN durante el gobierno menemista. Esa condena, leve y sin que derrame sobre el sistema político de entonces, lo habría posicionado como un hombre de confianza para la política.

A Coque, como le dicen en Paraná, se lo reconoce como un hombre muy formado. “Sabe mucho, es un gran argumentador”, dicen quienes lo frecuentan. Es, además, un docente respetado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y tiene publicaciones referidas a la materia penal.

Inamovible en la Justicia

El marco normativo de Entre Ríos oculta un vacío legal que le otorga a García un blindaje, hasta hoy, a prueba de balas. No está claro ni se sabe a ciencia cierta cómo debe ser, eventualmente, removido de su cargo.

Es una omisión en la Constitución provincial de 2008, obra de Busti. El texto constitucional dice con claridad quiénes deben ser, llegado el caso, removidos mediante la institución del juicio político y quiénes mediante un Jurado de enjuiciamiento. Pues bien, el procurador, al igual que el defensor general, no aparecen en ese menú.

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El exgobernador Sergio Urribarri y Jorge Garcia.

El exgobernador Sergio Urribarri y Jorge Garcia.

Esta particularidad de la legislación entrerriana tiene diferentes interpretaciones, que pueden sintetizarse en dos tipos de omisiones: involuntaria o diseñada conociendo la criminalidad del acto. Por ahora, el Jury (Jurado de Enjuiciamiento) ha dicho que sí y que no con distintas integraciones. Así, ante una posible denuncia, se desata una discusión de difícil resolución.

El mapa de relaciones y el link con Mariano Cúneo Libarona

García tiene una amistad con el juez federal Daniel Rafecas y firmó solicitadas a favor suyo en distintas oportunidades. Por otro lado, también ha contado que tenía trato frecuente con el exsupremo Eugenio Zaffaroni y fue amigo del procurador general de la Nación Esteban Righi.

Hay también una rama de su árbol genealógico que lo conecta con Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia de la gestión libertaria es hijo y nieto de entrerrianos. Todos se llamaban Mariano y nacieron en Concordia. El abuelo fue diputado. El padre es el segundo de cuatro hijos, nacido el 3 de enero de 1918 e inauguró su carrera judicial en la provincia: fue defensor de Pobres y Menores en Concepción entre 1942 y 1949. Luego fue designado agente fiscal en Concordia y, más tarde, fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en 1952. La historiografía judicial cuenta que compartió ese tribunal con el padre del procurador general, Jorge Amílcar Luciano García.

Un despido, marca de poder

Un episodio de mediados de 2015, muy recordado en la política entrerriana, marca la magnitud del poder que ostenta García. Se trata de la salida del gobierno del entonces secretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué.

En ocasión de la audiencia pública donde fue designada Marcela Badano, jueza de la Cámara de Casación Penal, Virué consultó si no produciría un conflicto de intereses su integración en la Cámara de Casación Penal debido a que era (y sigue siendo) pareja del procurador, y advirtió que el vínculo podría desembocar en reiterados pedidos de recusación. Sucede que la Cámara de Casación debe revisar sentencias y atender planteos del Ministerio Público Fiscal.

Ante ese episodio, Badano invocó una cuestión de género. A las pocas horas, Urribarri le pidió la renuncia a Virué, zanjando la discusión.

Desde Entre Ríos, en contra de Lijo

La postulación de Ariel Lijo, el juez anti-K que necesita al kirchnerismo para llegar a la Corte Suprema, por parte de Javier Milei despertó el rechazo de García “como Catedrático de Derecho Penal por concurso en la UNL Santa Fe, desde hace muchos años, es decir dentro del plano estrictamente académico y de ciencia del Derecho Penal”, y no como Procurador porque, dice, “es incompatible con tal planteo”.

Nota de García contra Lijo.pdf

En una nota con su firma enviada a la Comisión de Acuerdos del Senado, García se despacha: “El candidato adolece de la optimalidad científica y académica para ocupar el sitial del más alto Tribunal de la Nación”, menciona y apunta que “no registra actividad académica alguna, ni tampoco publicaciones científicas de alguna relevancia, y ni siquiera posee trayectoria en la Magistratura que pudiese enmendar aquella falencia”, para agregar que se trata de un juez “sin experiencia en teoría de la Decisión Judicial fruto del Debate Oral, ni tampoco como Tribunal de Impugnación”.

“Con tan pobre bagaje académico, sin contar con el déficit en materia convencional que significa no haber postulado a una candidata mujer, en abierta contradicción con el ya decisivo avance cultural igualitarista, la postulación referida representa un baldón institucional que entendemos el Honorable Senado no puede convalidar, pues significa retroceder a tiempos obscuros”, golpea para concluir: “Es una exigencia de moral crítica que en una República quienes juzgan desde el más alto sitial institucional sean los mejores”.

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