ENTRE RÍOS

La envidia de CFK: sin despeinarse, Bordet pasa la escoba en el Poder Judicial

Dejará su mandato con casi la mitad del tribunal superior designado con su dedo. El sistema que quiere AF y un procurador clave. Peronistas, menos uno, a salvo.

La reforma judicial anunciada por Gustavo Bordet durante los últimos años ante la Asamblea Legislativa quedó a mitad de camino o, en todo caso, las expectativas fueron más allá de lo que podía esperarse. El único cambio sustancial que hizo en cinco años de gestión fue la implementación del sistema de juicio por jurados, que incorpora a la sociedad civil en el proceso penal. Además, sancionó un Código Procesal de Familia. Lo que sí hizo el gobernador entrerriano, el tercero en la saga justicialista que arrancó en 2003, fue aprovechar las fatalidades que estuvieron de su lado: posiblemente terminará su segundo mandato con la designación de cuatro de los nueve integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el órgano que conduce un poder por demás peronista friendly.

 

Emilio Haroldo Castrillón generó la última vacante en el marco de un pedido de juicio político que le solicitó un periodista luego de que se revelaran actos de “falta de decoro” por parte del magistrado en situaciones violentas en la vía pública; además de denuncias por violencia de género en los tribunales de Paraná. Antes de que comenzara el proceso, el vocal decidió jubilase. Afuera de la justicia y con el trámite previsional bajo el brazo, se dedica a petardear a sus enemigos. Sus blancos son la ministra de Gobierno, Rosario Romero, a quien le adjudica haber orquestado las maniobras para que finalmente terminara eyectado del cargo, y a sus pares: la vocal Susana Medina y el procurador general, Jorge García.

 

Castrillón llegó al STJ en 2006, de la mano del exgobernador Jorge Busti. El salto fue de la presidencia del bloque justicialista en la Cámara de Diputados a la Sala Civil y Comercial del STJ. Antes había sido senador. En su paso por los tribunales, tuvo otros pedidos de juicio político que no prosperaron. Su reemplazo está guardado bajo siete llaves. Lo único que se sabe es que debe ser una mujer, ya que rige la Ley de Paridad Integral para todos los poderes del Estado.

 

Bordet ya designó a dos vocales. El primero fue Miguel Angel Giorgio, un hombre de la comunidad judicial y de perfil bajo, que llegó a ocupar la vocalía en un acuerdo con Juntos por el Cambio. En rigor, fue la oposición quien lo propuso en una terna y el gobernador le puso la firma final. El lugar que ocupa es en la sensible Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, donde llegan las causas de corrupción. Había abierto la vacante Carlos Chiara Díaz en un proceso similar al de Castrillón: pedido de juicio político por una denuncia por utilización irregular de viáticos. Decidió acogerse a la jubilación antes de que el Senado lo condenara.

 

Luego fue el turno de Martín Carbonell, que hoy preside el cuerpo. Es un conocido de la infancia del gobernador en la ciudad de Concordia, como Giorgio. Ambos pliegos pasaron por el Senado sin sobresaltos y con el visto bueno de la oposición.

 

A Bordet le quedan dos años y medio al frente del Poder Ejecutivo y, al finalizar su mandato, ya habrá designado a tres de los nueve vocales del máximo órgano de justicia de la provincia. Bernardo Salduna es el próximo vocal anotado para solicitar su jubilación próximamente, según supo Letra P. Es el último integrante del Superior Tribunal de Justicia elegido por un gobierno radical.

 

Guiños y tropezones

Los gobiernos justicialistas no tuvieron demasiados inconvenientes con el Poder Judicial, precisamente porque el peronismo designó ocho sobre nueve vocales, al procurador García y al defensor oficial, Maximiliano Benítez. La cabeza de la justicia entrerriana fue investida por administraciones peronistas.

 

Esa tradición política que supuestamente debe dejarse de lado una vez que se jura para un cargo judicial parece haber reflorecido en casos sensibles. El caso más notorio ocurrió el 24 de diciembre de 2018, cuando una mayoría en la Sala Penal dejó en libertad a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, en la causa por presunta corrupción más importante que tramita en Entre Ríos. En la causa se investiga el desfalco de mil millones de pesos en el seno de la Legislatura durante el período 2008-2018. Aguilera, como otros imputados, había sido detenido con prisión preventiva, pero en Navidad quedó en libertad luego de haber interpuesto un habeas corpus al que se le hizo lugar, para sorpresa de propios y extraños. Le abrieron la puerta de la Unidad Penal Nº1 los vocales Daniel Carubia, amigo personal y exsocio en el estudio jurídico con Busti, y Claudia Mizawak, exfiscal de Estado de Busti y de estrechísima relación con Urribarri.

 

Éste último, ahora embajador en Israel, no ha tenido buenos momentos en la justicia. Como lo contó Letra P, un cúmulo de causas lo atosigan cada tanto.

 

Una figura clave en el Poder Judicial entrerriano es el procurador. Su relevancia creció exponencialmente en 2009, cuando en la provincia comenzó a regir el sistema acusatorio, que deja toda la investigación penal en manos de los fiscales. Es lo que pretende hacer el presidente Alberto Fernández a nivel nacional. García fue designado por Busti y es el que decide a quién se investiga y a quién no. Por eso, su lugar, excepto los integrantes de la Sala Penal del STJ, es el más importante en la estructura judicial.

 

El procurador jugó a la política desde su escritorio. Dejó avanzar denuncias contra radicales que, desde un principio, se sabía que no prosperarían y se ensañó con justicialistas, siempre de segunda y terceras líneas, en causas muy menores, como ocurrió como con el dos veces intendente Luis Erro, a quien tuvo imputado durante años por haber dejado utilizar un enchufe de la Municipalidad para llevar adelante un acto político. La causa se cayó, como la carrera política de Erro.

 

Gustavo Hein quedó en el ojo de la tormenta por las acusaciones del PJ.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el Palacio San José.

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