Diputados la convirtió en ley con 18 votos sobre 33. La nueva normativa busca paliar el déficit del sistema jubilatorio. Las claves del nuevo régimen.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó este miércoles la reforma previsional presentada por el Poder Ejecutivo. Tras un rápido tratamiento en comisiones -menos de 24 horas- la norma arribó al recinto sin modificaciones en relación a lo aprobado en el Senado, donde la discusión fue más amplia y derivó en una veintena de correcciones.
En el intercambio en la cámara baja, hubo voces del oficialismo y de la oposición. Juntos esgrimió argumentos a favor del proyecto que modifica el esquema de jubilaciones, mientras que desde el justicialismo se denunció un “tratamiento exprés” y la ausencia de cambios oportunamente solicitados.
La votación, tras más de cinco horas de debate, finalizó con 18 legisladores a favor -15 frigeristas y tres libertarios- y 12 en contra, dado que a los 11 del PJ se le sumó Carlos Damasco, un exlibertario que no acompañó. Hubo tres ausentes, entre ellos dos de Juntos, que argumentaron problemas de salud.
Los miembros informantes de Juntos fueron los presidentes de las comisiones de Asuntos Previsionales y Presupuesto, Érica Vázquez y Bruno Sarubi respectivamente. Ambos subrayaron la necesidad de aprobar la iniciativa y valoraron el impulso del Poder Ejecutivo.
"La situación que enfrenta la Caja de Jubilaciones no fue generada por quienes cobran todos los meses. El déficit es consecuencia de decisiones tomadas por gobiernos a lo largo de la historia. No buscamos culpables, pero queremos soluciones“, dijo Vázquez. Sarubi, a su turno, resaltó: “Se ha dicho que este proceso fue corto, pero no hay que mirar la foto, sino toda la película. Esto empezó en marzo, con convocatorias del gobierno, con la presentación de los vectores, la llegada del proyecto y la incorporación de modificaciones. Que no fueron pocas y que fueron importantes”.
Por el lado del PJ expusieron varios legisladores. La última fue Laura Stratta, presidenta del bloque. La ex vicegobernadora criticó el "relato" del oficialismo sobre la situación actual de la Caja de Jubilaciones. "Hay un problema, pero no es una catástrofe, el sistema no es una bomba ni algo que está por colapsar, como intentan instalar. Y eso, en todo caso, no habilita a tratar con urgencia, a reducir salarios, a modificar derechos previsionales permanentes. Compartimos que hay que generar sustentabilidad, pero no el ajuste”, apuntó.
En otro apartado, la legisladora lanzó: "Los números oficiales no describen un sistema fuera de control, pero lo más grave es que no se pudo precisar el impacto de esta Reforma el año que viene, en cinco ni en diez. Entonces, el sacrificio es demasiado grande como para no reconsiderar”.
La aprobación de la reforma estuvo atravesada por una crisis interna en el PJ, que no logró frenar en el Senado el proyecto que impulsó Rogelio Frigerio. Un mandato del congreso provincial partidario dio cuenta de que podía haber sanciones para aquellos legisladores que se abstuvieran o acompañaran el texto presentado por la Casa Gris. En efecto, como contó Letra P, dos senadoras peronistas levantaron la mano en la sanción del 15 de julio hoy están bajo la lupa del Tribunal de Disciplina.
1-La emergencia: la norma establece la emergencia del sistema previsional, que durará dos años con opción de una prórroga por igual cantidad de tiempo. La instancia había sido objetada por algunos especialistas, dado que en un primer borrador no se establecían plazos. Más allá de los argumentos de un lado y del otro, el Poder Ejecutivo precisa la herramienta porque de ese modo podrá readecuar partidas y trabajar en el rojo del sistema saltando algunos pasos administrativos.
2-El Aporte Extraordinario: va de la mano de la emergencia, dado que durante el plazo que esté en vigencia los trabajadores activos que cobren más de $3 millones pagarán un extra que será descontado todos los meses de su recibo, con una escala que irá del 1% al 8% dependiendo el nivel de ingresos. Este artículo generó críticas por la falta de actualización del monto, que aseguran que, con el tiempo, terminará afectando a cada vez más agentes que lleguen al piso para el pago.
3-La edad de jubilación: actualmente es de 57 años para mujeres y 62 años para varones. El primer proyecto aumentaba a 65 años para ambos sexos, pero luego se coincidió en que lo mejor era equiparar con el sistema nacional vigente. De ese modo, las trabajadoras podrán retirarse a los 60 y los agentes lo harán a los 65.
4-La "progresividad": los cambios, especialmente en las edades, no se aplicarán automáticamente. Será de forma escalonada, a razón de seis meses por año calendario. Quienes tienen iniciado su expediente y quienes lo inicien próximamente seguirán amparados por el régimen actual, que se irá ejecutando de forma escalonada.
5-Regímenes especiales: contrario a lo que se había previsto, finalmente no se tocan. No obstante, hay un cambio sustancial: aquellos que decidan hacer uso de uno de los planes especiales vigentes, seguirán aportando hasta la edad de retiro ordinaria. Así, un docente que puede jubilarse a los 52 años seguirá durante 13 años aportando a la Caja como un activo. Desde el gobierno afirman que esto ya era parte de la normativa actual, pero no se aplicaba.
6-El cálculo del 82% móvil: otro de los puntos clave. En la actualidad la provincia paga el 82% móvil del sueldo mensual bruto promediando los últimos 10 años de actividad. En un primer momento se planificó llevar ese número a 20 años, aunque finalmente se consensuó que sea a 15.
7-Los años de aporte: pese a las críticas esgrimidas por los gremios y entidades que nuclean a jubilados, el gobierno no se movió de su idea original. De ese modo, se pasará de 30 a 35 años, aumentando el tiempo que debe aportar cada activo para poder acceder a su retiro
8-Aumento de aportes patronales: se establece un incremento del 3% para el Estado y municipios, rebajado al 1,5% para administraciones sin déficit financiero. La medida impacta en gobiernos locales, algunos de los cuales ya elevaron críticas al respecto.
9-La movilidad: actualmente el gobierno debe establecer aumentos en relación a diversos convenios paritarios, algunos de los cuales no se firman en Entre Ríos. A partir de esta iniciativa, todos tendrán el aumento otorgado en base al acuerdo firmado con el escalafón que más integrantes tenga, que hoy en día es el del sector docente.
10- El plazo para ejecutar los aumentos: de acuerdo a la norma, los incrementos a los jubilados acordados en paritarias con activos se harán dentro de los 60 días posteriores a la firma del convenio salarial.
La reforma previsional es un paso más en un proceso que lleva más de dos años dentro de la Caja de Jubilaciones. A los efectos de paliar un rojo que nadie desconoce y que se agranda mes a mes, la administración provincial tomó una serie de decisiones administrativas que, aseguran, ya redujeron el déficit a un 50%.
Con la iniciativa que logró aprobación este miércoles admiten que no quedará saneado el sistema, pero sí apuntan a darle “sustentabilidad”, una palabra que oportunamente usó el antecesor en Casa Gris, Gustavo Bordet, para proyectar una norma de similares características, que nunca logró concretar.
La ley fue resistida desde un primer momento por un lote amplio de gremios y entidades que nuclean a jubilados, que se agruparon en la denominada Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. Allí coincidieron, entre otros, representantes de docentes, estatales, agentes viales, empleados judiciales y trabajadores del Poder Legislativo. Fueron acompañados por instituciones que representan al sector pasivo, que tienen a la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos como expresión más relevante.
Todos levantaron su voz dentro y fuera de los recintos legislativos, incluso con medidas de fuerza y movilizaciones para rechazar las modificaciones. Algunos espacios no descartan ir a la Justicia, argumentando un avasallamiento de derechos conquistados y un cambio en las reglas de juego que, a la larga, los podría perjudicar.
Por otro lado, como publicó Letra P, la reforma halló respaldo en el sector privado, que se encolumnó detrás de la iniciativa argumentando que menor déficit implica más recursos para volcar en servicios e infraestructura, lo cual redundaría en una mejora general. De fondo, se lee, existe una promesa de alivio tributario que motorizaría el apoyo de entidades que, en la práctica, no aportan al sistema previsional provincial.
