Tres listas compiten este jueves. La presidenta Paula Armándola quiere dejar un heredero. La oposición la acusa de desfalcos con fondos institucionales.
La presidenta del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos Paula Armándola apuesta por su sucesión en medio de denuncias de malversación de fondos.
Tres listas se disputan la conducción del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos. La presidenta Paula Armándola busca su continuidad con lista propia y otras dos boletas se presentaron para arrebatarle el gobierno a la heredera del fundador de la entidad, José María Armándola. La asamblea será este jueves y hay descontento, porque la dirigencia trasladó la votación a Concordia.
Armándola es la referente de un apellido histórico en el sector. Su padre es un reconocido corredor inmobiliario de Paraná que aseguró su sucesión pasándole el mando a su hija en la estructura de poder en el Colegio. Todo marchaba acorde al plan hasta mitad de este año, cuando surgieron denuncias y acusaciones contra la presidenta por malversación de fondos. La crisis institucional apuró la elección para este 27 de noviembre.
María Paula Armándola preside el Colegio Inmobiliario desde 2022. Estuvo al frente durante dos períodos y en diciembre deberá entregar el mando a quien se quede con la sucesión. Impulsa como su continuidad a las candidaturas de su lista Futuro Inmobiliario, que lleva a Fernando Tropini como candidato a presidente y a Carolina Villegas como vice.
Se presentaron otras dos listas. Identidad Inmobiliaria postula a la dupla Martín Budo y Nadia Martínez. Gestión Inmobiliaria propone a Germán Solari Lacorazza como candidato a presidente y como vice a Carolina Ledesma. Una voz al tanto de los asuntos internos del Colegio confió a Letra P que la única “verdaderamente opositora” es Gestión, porque Budo y Martínez, al igual que los oficialistas Tropini y Villegas, forman parte de la actual conducción.
Las elecciones llegan en un clima de revuelo interno en la entidad, que se vio sacudida a mitad de año por una denuncia que firmaron unos 95 colegiados, un 5% del padrón, y que cuestionaba gastos y desfalco de dinero institucional. La acusación recayó en la presidenta, a quien señalaron como autora de la compra, entre otras cosas, de una obra de arte de su marido para regalarla al Colegio de Escribanos.
La denuncia, según sostuvo en un comunicado el grupo que promovía la remoción de Armándola, fue por la falta de explicación sobre gastos por unos 80 millones de pesos. “El Colegio respondió —por escrito— un pedido de informes y confirmó gastos por más de 81 millones de pesos en la sede institucional. Entre ellos nueve millones en cartelería, un 1,6 millones en cortinas, diez millones en carpintería y 600 mil pesos en un cuadro cuya autoría es la pareja de la presidenta”, sostuvieron.
Entre las denuncias también se plantearon gastos "millonarios" en la obra de ampliación y refacción de la sede, sin licitación ni explicaciones, según aseguran. “La administración de los fondos comunes debe ser clara, controlada y responsable. No vamos a naturalizar estos números sin explicación. A raíz de esta situación, un grupo de matriculados autoconvocados resolvió presentar una solicitud formal de remoción del Comité Ejecutivo”, afirmaron. Eso no sucedió.
La respuesta llegó durante el proceso electoral. El Consejo Directivo del Colegio aprobó una resolución en la que impugnaron al apoderado legal de la lista Gestión por no ser matriculado y la oposición debió cambiar ese nombre.
El Colegio Inmobiliario representa en la provincia a unos 2.000 matriculados, aunque activos computan a unos 1.600. En Paraná se registran poco más de 450 inmobiliarias, pero ninguna tiene más del 2% de la representación de escrituras. Según apuntó una persona con acceso a la información fina del sector, el Colegio de Escribanos informó que en la provincia hay un promedio de 1.000 a 1.300 escrituras por mes, con estabilidad en los últimos cinco años. De esas 1.300 escrituras, Paraná representa el 33% del total. El resto se reparte entre las grandes ciudades como Concordia, Gualeguaychú y otras.
Antes de desembarcar en el Colegio como presidenta, María Paula Armándola fue precandidata a viceintendenta de Paraná en 2019. Se presentó junto a Gustavo Curvale en la interna de Cambiemos en la que se impuso el radical Sergio Varisco.
Tras aquel breve paso por la política, Armándola se ocupó de tener buenas relaciones con todos los funcionarios de turno. Se acercó al proyecto de Enrique Cresto en Concordia y en el último tiempo compartió actividades con el gobernador Rogelio Frigerio. “Cualquier plataforma le venía bien para posicionarse, porque lo que ella busca es un cargo”, dijo a este medio una persona que conoce su trayectoria. Esa misma fuente advirtió, sin embargo, que, desde la denuncia de mitad de año, las puertas de los despachos oficiales se le cerraron rápidamente.
Hace un año fue electa miembro titular del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, con competencia exclusiva para proponerle, previa realización de concursos públicos y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que correspondan de los magistrados y los funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial.
Con el gobernador coincidieron en sumar la carrera de corredor inmobiliario a la currícula de las facultades públicas de Entre Ríos. “En 2023 logramos la modificación de la Ley 9739 con la Ley 11804. Intentamos llegar al cierre de este proyecto que empezó hace 22 años, que es jerarquizar la profesión. Modificamos los requisitos para matricularse en el Colegio, siendo la única provincia en la Argentina que va a empezar a pedir un título de grado universitario para poder ejercer la profesión de corredor público inmobiliario”, sostuvo el año pasado.
Según alguien que no concuerda con esa línea de gestión, profesionalizar el corretaje solo beneficia “a la casta inmobiliaria”. “Lo único que se ganaría con eso es que haya menos corredores y que ellos se queden cada vez con más negocios”, apuntó.
Entre algunos matriculados hay malestar por la decisión de que sea Concordia la sede para la asamblea y elección de autoridades. Sin embargo, hay antecedentes de asambleas realizadas fuera de la capital en años anteriores. Lo que cuestionan es que se haya trasladado fuera de la capital y que eso repercuta en una asistencia debilitada de matriculados que se verían impedidos de viajar.
Aún así, fuentes de la oposición aseguraron a este medio que llegarán "en caravana" para votar. La lista Gestión Inmobiliaria mostró altas expectativas porque entienden que, tras las denuncias, los matriculados “se despertaron”. “Queremos recuperar el Colegio”, marcaron ante Letra P.
En la previa, el martes se organizó un debate de candidatos en Paraná al que pegaron el faltazo los referentes de las dos listas opositoras. La dupla de Futuro Inmobiliario terminó exponiendo sus propuestas sin intercambio con los referentes de Gestión o de Identidad. La oposición cuestionó el poco tiempo previo con el que se notificó el debate. “Es lamentable, por un lado, que no se asuma como una responsabilidad, un deber, darse a conocer e informar y, por otro, que vulneren las normas que rigen la vida de la institución que aspiran conducir”, dijo Armándola.
En la asamblea, programada para las 15.30 de este jueves, se apostará una mesa con la boleta única para la elección de autoridades. Se esperan que asistan cientos de colegiados de toda la provincia.