ES LA SEGURIDAD

El Senado de Santa Fe convirtió en ley un proyecto que endurece las sanciones a los cuidacoches

La cámara alta insistió con su texto e hizo caer los cambios de Diputados tras seis meses de ruido en Unidos. La llave para aplicar la norma, de los municipios.

La quinta vez fue la vencida. Desde que el expediente volvió de la cámara baja, los jefes departamentales amagaron cuatro veces con tratarlo, pero las pulseadas dentro del oficialismo fueron postergando la definición. Este jueves, finalmente, los senadores hicieron valer el mismo texto que habían votado seis meses atrás y descartaron en bloque la versión modificada.

Dos cámaras y dos miradas dentro de Unidos en Santa Fe

Diputados había retocado dos puntos sensibles. Por un lado, acotó la sanción a los casos en los que hubiera exigencia de dinero mediante intimidación; por otro, sumó dos jueces penales, uno para Rosario y otro para Santa Fe.

En el Senado entendían que esos cambios desnaturalizaban el proyecto original: obligaban a probar una conducta intimidatoria para intervenir y, además, cargaban a la Justicia con nuevas estructuras y mayor gasto. “Que los ciudadanos debamos pagar dos juzgados por los trapitos nos parece que es un exceso”, había resumido el radical Esteban Motta.

La pulseada también reflejó las distintas relaciones de fuerza al interior de Unidos en la Legislatura: mayor peso del PS en Diputados y una cámara alta donde el radicalismo marca el pulso. Este jueves, esa segunda mirada terminó prevaleciendo y la cámara alta hizo caer todos los cambios.

Municipios al frente y una ley con respaldo provincial

La llave de la nueva ley seguirá en manos de las ciudades: cada municipio deberá prohibir la actividad en su jurisdicción para que entre en juego la figura provincial. A partir de ahí aparece el cambio de fondo: la infracción deja de quedar únicamente en una intervención administrativa local y pasa a estar tipificada como contravención en el Código de Convivencia.

Así, ofrecer cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos en el espacio público a cambio de una retribución —aunque se presente como voluntaria— podrá derivar en trabajo comunitario de dos a diez días y prohibición de volver al lugar. Ante una reincidencia, la escala pasa a arresto de diez a 20 días.

También hay agravantes que tienen impacto directo en grandes ciudades como Rosario: violencia o amenazas, estacionamiento medido, eventos masivos, horario nocturno y zonas escolares, bancarias o comerciales. La ley apunta además a quienes organizan la actividad: cuando exista acuerdo previo entre dos o más personas, contempla arresto y una pena todavía mayor para organizadores o coordinadores.

Ese reparto había sido uno de los puntos calientes durante el trámite. Los intendentes reclamaban herramientas, pero también que la provincia no los dejara solos frente a un problema que involucra seguridad. El esquema final deja la iniciativa en manos locales y permite recurrir al respaldo de las fuerzas provinciales.

“Ahora empieza un proceso”

Con la normativa aprobada, Ciro Seisas evitó vender la sanción como una solución inmediata. “Con esta ley no se termina nada, lo dijimos desde un principio, ahora empieza un proceso que va a llevar su tiempo hasta regularizar la situación”, sostuvo.

El senador por Rosario también reivindicó el recorrido de la iniciativa. “Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA”, lanzó, y aseguró que fue tomando forma a partir de reclamos de vecinos y comerciantes y denuncias por situaciones de extorsión. “No es una ley que nos hace felices, pero sí es dejar de ignorar el pedido de los santafesinos”, planteó.

Seisas defendió además el margen que tendrán las ciudades para actuar. “Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela”, resumió. Y buscó despegar la iniciativa de una salida puramente punitiva: “La ley no le da la espalda a nadie que entró a este circuito por necesidad”, afirmó sobre la pata de capacitación, formación en oficios e intermediación laboral.

El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
Los senadores de la UCR Santa Fe evalúan insistir con el texto original.

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