El ministro de Justicia y Seguridad provincial dijo que no es correcto judicializar cada caso y que puede resolverse la problemática con intervención policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reclamó una legislación que permita a la Policía intervenir de manera directa contra los cuidacoches cuando los municipios prohíban esa actividad. El funcionario cuestionó la judicialización de estos casos y planteó que el sistema penal debe concentrarse en los delitos más graves.
El ministro insistió en que la regulación del uso del espacio público corresponde a los gobiernos locales y rechazó que la provincia avance con una prohibición general. "Los gobiernos locales son los dueños del espacio público. Háganme una medida que permita a la Policía actuar y solucionamos el problema", sostuvo.
Según explicó, la provincia necesita una norma que habilite la intervención policial cuando exista una ordenanza municipal que prohíba la presencia de trapitos. "Pongan una regla de que esto es penalizable cuando esté prohibido a nivel local. ¿Cómo vas a prohibir vos a nivel provincial? Es una cuestión municipal", afirmó.
Cococcioni también cuestionó la alternativa de crear nuevas estructuras judiciales para abordar este tipo de conflictos. A su criterio, iniciar causas penales por cada episodio implicaría un gasto innecesario de recursos públicos y desviaría al sistema de su objetivo principal.
"Me parece que hay formas más baratas de resolverlo. No me traten el trapito como que hay que hacerle un juicio, nombrar fiscales. Es un gastadero de plata", señaló el ministro.
En ese sentido, defendió el debate sobre el procedimiento por decreto penal y propuso que la sanción principal sea la prohibición de permanencia en determinados sectores de la ciudad. "La pena acá tiene que ser prohibición de concurrencia. Te saco con la Policía y no te permito volver a entrar en esta zona. Es lo que razonablemente se puede", expresó.
El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad consideró irreal pensar en multas o penas de prisión para quienes realizan esta actividad. "¿Alguien piensa que le vamos a cobrar la multa al trapito? ¿Vamos a hacer una cárcel para trapitos?", ironizó.
Para el funcionario, la problemática combina aspectos vinculados al orden público con una dimensión social que no puede resolverse exclusivamente mediante el derecho penal. Por eso sostuvo que no sería serio prometer soluciones que luego resulten impracticables.
En el cierre de su planteo, Cococcioni volvió a reclamar una reforma legal que otorgue mayores facultades a la Policía para actuar frente a las contravenciones. "El sistema penal está para las cosas graves, para los delitos que le molestan a la gente. Las contravenciones que la Policía las resuelva. Dennos la facultad y las resolvemos", concluyó.
Las declaraciones de Cococcioni llegan mientras la Legislatura de Santa Fe continúa el tratamiento de los proyectos destinados a regular la actividad de los cuidacoches. La iniciativa ya obtuvo la aprobación del Senado, donde se votó un esquema que endurece las herramientas para intervenir frente a quienes desarrollen esa tarea en municipios que decidan prohibirla.
El expediente pasó a la Cámara de Diputados, donde el texto comenzó a recibir modificaciones. En esa discusión aparecieron diferencias sobre el alcance de las sanciones y, especialmente, sobre la conveniencia de privilegiar respuestas administrativas antes que ampliar la intervención del sistema penal.
El gobierno de Santa Fe se involucró en el tema con la intervención de varios ministros. Uno de los puntos principales del debate fue el reclamo de varios intendentes para que el grueso de las investigaciones no quede a cargo de sus municipios, si no que haya una colaboración del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La gestión de Maximiliano Pullaro, en cambio, plantea que el Poder Judicial está al límite por la cantidad de causas que debe atender. Además, insiste en evitar que la carga para perseguir este tipo de contravenciones esté puesta sobre los recursos provinciales.
En paralelo, la Iglesia católica también se involucró en el debate. Representantes de la pastoral social plantearon que, además de atender los problemas de seguridad y convivencia en el espacio público, la legislación debe contemplar la situación de vulnerabilidad de muchas de las personas que se desempeñan como cuidacoches y promover alternativas de inclusión laboral y acompañamiento social.