ATE acuerda con Weretilneck y UPCN patalea. Docentes van al paro. Los gremios privados ganan lugar de la mano del fenómeno Vaca Muerta. Quién es quién.
La discusión sindical en Río Negro dejó de limitarse a las paritarias. Mientras el gobierno de Alberto Weretilneck fortalece su alianza con algunos gremios, otros endurecen sus reclamos, mientras hay actores que hace crecer su capacidad de presión en un escenario que empieza a configurar el mapa de poder de cara a 2027.
En ese contexto, el Ejecutivo consiguió mostrar avances con medidas de alto impacto, como el incremento del 134 por ciento en las asignaciones familiares y el anuncio del pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadores. Sin embargo, esas decisiones también alimentaron el malestar de organizaciones que denuncian que el gobierno rionegrino privilegia a determinados interlocutores y rompe el equilibrio que, aseguran, caracterizó las negociaciones en los últimos años.
La relación entre Weretilneck y ATE atraviesa uno de sus mejores momentos. El sindicato que conduce a nivel nacional el rionegrino Rodolfo Aguiar cuenta con alrededor de 15 mil afiliados en Río Negro, se convirtió en el principal interlocutor del Ejecutivo provincial y fue protagonista de los últimos anuncios vinculados a la recuperación de ingresos para los trabajadores estatales.
Consultado por Letra P, Aguiar destaca esos acuerdos que mejoran las asignaciones familiares y sostiene que el incremento del 134 por ciento permite comenzar a equiparar los valores que perciben los trabajadores rionegrinos con los que se pagan a nivel nacional. "No pueden existir hijos de primera e hijos de segunda", resume el dirigente sindical que celebra la sintonía final con Weretilneck, con quién mantiene un diálogo directo.
Aguiar valora el pase a planta permanente impulsado por el Gobierno y pide defender el proceso de estabilidad laboral alcanzado en la provincia. "Tenemos que defender este tiempo histórico en Río Negro", afirma para confirmar su relación con el gobernador.
Ese poder del referente nacional convive con la representación provincial de Rodrigo Vicente, el secretario general del gremio en Río Negro. Más allá de la presencia permanente de Aguiar en el territorio, que también le sirven al gobernador para mostrar su faceta más alejada a la Casa Rosada, Vicente es el referente que sostiene el trato directo con los afiliados en la provincia y el que se sienta a negociar en cada paritaria estatal rionegrina.
La lectura de UPCN es completamente distinta. El sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi, cercano al peronismo rionegrino que trabaja detrás de la candidatura de María Emilia Soria, sostiene que el Ejecutivo decidió concentrar la negociación en ATE, dejando afuera a organizaciones con una representación histórica dentro del Estado.
"Cerrar un acuerdo solamente con ATE no es democrático", dice Scalesi a esta medio y reclama que las decisiones se discutan con todas las organizaciones sindicales. El dirigente va más allá y, de lleno en el planteo electoral, asegura que Weretilneck esta "desesperado" y que esa situación "lo hace tomar decisiones infantiles". En ese sentido, califica el pase a planta permanente como una decisión de carácter "electoralista", y recordó que la iniciativa había sido descartada por el propio gobierno de Juntos Somos Río Negro en 2023.
UPCN reúne alrededor de 19 mil afiliados, lo que lo convierte en la organización con mayor representación dentro de la administración pública provincial. Scalesi accedió este año a su noveno mandato consecutivo y proyecta una gestión de más de 35 años al frente del gremio.
Su relación con Weretilneck siempre fue tirante, aunque empeoró cuando el gobernador empezó a encontrar interlocutores más cercanos dentro del ámbito público. El punto de quiebre fue en 2018, cuando Weretilneck decidió sentar a ATE a la mesa de negociaciones. Para entonces, el jefe de UPCN tampoco tenía la mejor de las ondas con el peronismo, que lo había expulsado del partido acusándolo por su relación con la gestión del radical Miguel Saiz. Pero la pelea interna por el poder sindical pudo más y Scalesi hizo las paces con Martín Soria en 2019, cuando el peronismo intentó aprovechar la ausencia del gobernador en la boleta para volver al poder. No pudo.
Tampoco pudo recomponer la situación con Weretilneck. Se acercó cuando, en alianza con el peronismo, el gobernador retornó al poder en 2023. Esos intentos también fracasaron.
Mientras la disputa entre ATE y UPCN se concentra en la representación de los estatales, la Unión de Trabajadores de la Educación de Rio Negro (UNTER) que nuclea a los docentes de la provincia, profundiza su postura opositora. De la mano de Laura Ortiz, que con una lista que reunió a las expresiones más combativas dio un batacazo para quedarse con la conducción del gremio el año pasado, decidió escalar el conflicto con una medida de fuerza que marcará el inicio del segundo semestre.
El gremio de la educación rechazó la última propuesta salarial y confirmó un paro de 48 horas para el 27 y 28 de julio, apenas finalizado el receso invernal. En este sentido, la titular del sindicato cuestionó "la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos salariales y laborales" y destacó, en diálogo con Letra P, el acompañamiento de las bases docentes al plan de lucha. "Fueron 156 votos contra 43, el congreso resolvió profundizar el plan de lucha y continuar exigiendo la reapertura de las paritarias", lanzó advirtiendo sobre la continuidad de las medidas.
Además de ser uno de los sindicatos más grandes de la provincia, el gremio docente es uno de los más activos. En la elección que eligió a Ortiz, votarón cerca de 11 mil afiliados en un padrón de 18.600. Ese poder podría presentar como un problema para los planes del oficialismo en el año electoral, si las posturas se endurecen.
Más allá de los trabajadores estatales, otros gremios también comenzaron a ganar protagonismo por el peso estratégico de los sectores que representan. Uno de ellos es la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur), encabezado por Cesira Mullaly, que debe comandar los reclamos de los trabajadores hospitalarios que piden por salarios y mayor inversión en el sistema público de salud y condiciones laborales acordes a la creciente demanda que enfrenta el sector.
El sindicato, alineado nacionalemnte con la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) y la CTA Autónoma mantiene una postura crítica frente a la política sanitaria del gobierno provincial y sostiene un conflicto permanente con el Ejecutivo. Según los datos más actualizados, cuenta con poco más de 1.500 afiliados en un universo de trabajadores de casi 8 mil.
De la mano de la explosión de Vaca Muerta, también se consolidó como actor relevante en la provincia el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezado por Marcelo Rucci. En las últimas semanas logró garantizar la continuidad laboral de 44 trabajadores afectados por el proceso de reversión y relicitación de áreas hidrocarburíferas.
Desde el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa, también fue ganando notoriedad Manuel “Chiqui” Arévalo, que hace poco fue reelecto al frente del gremio hasta 2030. Hasta el acto de asunción que se realizó en Las Grutas viajó Weretilneck. "Estamos en un momento único. Con proyectos energéticos en marcha, inversiones reales y una provincia que decidió ser protagonista en lo que viene, y donde el sindicato de petroleros forma parte de esta nueva era", escribió el gobernador en Twitter para celebrar la continuidad.
Cerca de la gestión provincial también está la UOCRA con la conducción de Damian Miller, muy alineado con Gerardo Martinez, el secretario general a nivel nacional. La fluidez de la relación, aseguran en la Patagonia, encuentra sus razones en la agenda que contemplan trabajos de infraestructura y obra pública en la provincia. Algo similar sucede con Camioneros, bajo la conducción de Gustavo Sol y nucleado a la CGT.
