28|11|2021

De aliado a enemigo: el sindicalista que irrita al gobierno de Río Negro

06 de abril de 2021

06 de abril de 2021

El jefe provincial de UPCN era el gremialista favorito de JSRN y se convirtió en rival directo. Acuerdos y desencuentros con el poder. Paro, protesta y carpa.

Juan Carlos Scalesi, secretario general de la filial rionegrina de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), se puso al frente de tres jornadas de medida de fuerza desde este martes y tensiona aún más la relación con el gobierno de Arabela Carreras. Este experimentado dirigente sindical se hizo del poder en su gremio a mediados de los años 90, fue el favorito del radicalismo y hasta llegó al Congreso en el marco de la concertación que forjó el entonces presidente Néstor Kirchner con un sector del partido de Alem. El Gringo, como lo apodan, ahora instaló una carpa al frente de la Casa de Gobierno en Viedma en rechazo al aumento salarial del 29% ofrecido por el Ejecutivo, con el objetivo de mostrar cierto perfil combativo y recuperar el protagonismo que perdió ante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

"Nunca hubo un destrato tan grande como hay hoy, ni siquiera los milicos hicieron algo así". La frase de Scalesi retumba en los pasillos de la gobernación y demuestra la tensión con la provincia. Este avezado dirigente que forjó su poder en la región atlántica rionegrina, lleva 27 años al frente de una poderosa estructura y no pretende ceder más terreno.

 

Fue en 1994, en el apogeo menemista, cuando se quedó con el gremio. Sucedió a Alberto Rubén Arca, que había llegado en 1985 a la secretaría general patagónica de UPCN. Desde entonces, concibió una carrera cerca del poder pero que perdió exclusividad con la decisión del entonces gobernador Alberto Weretilneck, en 2018, de incluir a ATE en la denominada mesa de la función pública, el espacio de negociación con los sindicatos que representan a las trabajadoras y a los trabajadores estatales.

 

"Carpa de la Dignidad" de UPCN al frente de la Casa de Gobierno.

La modificación de la ley 3052 del Consejo de la Función Pública, para incluir al sindicato que responde a Rodolfo Aguiar a la negociación de la provincia con sus empleados, abrió una grieta entre el jerarca gremial y el exmandatario y fundador de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Desde esos días, la relación se desvirtuó y fue perdiendo la fluidez que la caracterizaba, expresada en acuerdos como la designación de la Defensora del Pueblo rionegrina, Adriana Santagati, que arribó en 2017 al cargo luego de desempeñarse como adjunta en el área.

 

Scalesi tuvo la etapa de mayor sintonía con un gobierno con Pablo Verani (1995-2003), uno de los grandes caudillos de la UCR rionegrina. De aquella época se recuerda cómo avaló un descuento salarial cuando la provincia no podía pagar salarios de forma unificada. Con Verani, en Río Negro se ejecutaron dos recortes. En 1996, en forma progresiva promedió un descuento de 15 por ciento de los sueldos. Al año siguiente, por decreto serruchó un 10 por ciento para toda la administración pública.

 

Como a otros influyentes personajes de la vida institucional, a Scalesi le decían el ministro sin cartera. Era permanentemente consultado y, en esa alianza, consiguió inmiscuirse en la negociación electoral. La concertación transversal rionegrina y nacional fue la excusa para llegar a la Cámara de Diputados por el radicalismo K. De la CGT zona atlántica al Congreso, sin escalas.

 

“No me tomo vacaciones, ni en el gremio ni en la Cámara de Diputados”, le decía al diario Río Negro en una entrevista, en el verano de 2008, ya electo diputado de la Concertación. Lo hacía luego de presentar un proyecto para que los magistrados paguen impuesto a las ganancias. “En la actualidad trabajo para que la sidra rionegrina sea procesada obligatoriamente en origen”, contaba.

 

En el último período radical de los 28 años consecutivos que la UCR gobernó la provincia, con Miguel Saiz a la cabeza, sufrió un duro revés. Las autoridades del Partido Justicialista (PJ), que se preparaba para volver al gobierno con otro Gringo, el intendente de General Roca, Carlos Soria (PJ), decidieron expulsarlo junto a otros afiliados por “deslealtad e inconducta partidaria”.

 

“El Tribunal de Disciplina confirmó los graves hechos denunciados contra estos traidores que, en connivencia con el gobierno de turno, apostaron a perjudicar al justicialismo rionegrino”, declaró Soria cuando dio a conocer la sanción, que alcanzó a otros peronistas como Ricardo Ledo y Alcides Pinazo.

 

El conflicto contra Soria padre se extendió cuando avanzó la ley que dilató la emergencia estatal y facultó el pase a disponibilidad para más de 20 mil empleados provinciales en los pocos días de gobierno peronista. Weretilneck, apenas asumió el poder tras la muerte de su compañero de fórmula, terminó con esa posibilidad.

 

Giro

La buena relación de Weretilneck con ATE empujó a Scalesi, expulsado por Soria padre, a jugar fuerte a favor del hijo, el hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, en la elección provincial del 2019. “Estoy expulsado del Justicialismo, pero mis raíces siguen allí. Mi postura es individual. Quiero un cambio y un gobierno peronista en Río Negro”, advertía.

 

Esa apuesta no fue gratuita. Carreras se lo facturó en las últimas horas, cansada del bullicio de las protestas frente a su despacho. La gobernadora habló de “razones que van más allá” de lo salarial. “No hay razón, hay que preguntarle (a Scalesi) el interés que tiene el gremio para sostener una protesta totalmente injustificada”.

 

Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno y Comunidad, comparó los modos de Scalesi con la actitud dialoguista de UPCN a nivel nacional y deslizó una intención de golpear al gobierno de JSRN. “(En otras provincias) acuerdan en términos menos beneficiosos para los trabajadores y acá instalan carpas. Es evidente que hay otra motivación en la protesta”, disparó en radio LU15.

 

En principio, la “carpa de la dignidad” que UPCN instaló frente a la gobernación tenía previsto mantenerse hasta finales de marzo. Este martes, 6 de abril, Scalesi prometió mantenerla “hasta el 31 de diciembre”.