La comisión de juicio político de la Cámara Diputados, que lleva adelante el proceso para destituir a los cuatro miembros de la Corte Suprema, volverá a reunirse este martes para iniciar la investigación sobre el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial, una de las causales de las acusaciones y motivo de una interna feroz entre los cortesanos. Es que el desfile de testigos puede derivar en denuncias penales y los jueces empezaron a pujar entre ellos para salir ilesos. El más preocupado es el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien al parecer dejó mal parado a Juan Carlos Maqueda en un intercambio de correspondencias que mantuvo con la titular de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.
En el pedido de juicio político elevado por Pablo Carro y María Rosa Martínez, en representación del oficialismo, se subraya que Maquena tuvo el control de la obra social entre 2008 y 2021 y cometió irregularidades como la vacancia de las subdirecciones médica y administrativa, ausencia de auditoría interna, delegación de firma, falta de previsión presupuestarias y fallas en registros contables.
En noviembre, cuando el juicio político no estaba en carpeta, la Corte emitió una acordada para reformar el estatuto de la obra social, con los votos de Rosatti, Carlos Rosenkratz y Maqueda. En contra votó Ricardo Lorenzetti y entre otros argumentos de la fundamentación de su decisión aludió a un correo electrónico que el magistrado cordobés le remitió al resto de los miembros del tribunal cuando abandonó el control de las prestaciones.
Si bien esa misiva destacaba aspectos de su gestión, como el saneamientos de las finanzas y la ampliación de las coberturas; también reconocía falencias como las "frustradas licitaciones" para el equipamiento informático, la falta de profesionales competentes en el directorio y las dilaciones administrativas. "Mi experiencia de ejercer la supervisión de la obra social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa", señaló Maqueda en ese mail.
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Gaillard se lo pidió a Rosatti como medida de prueba y el presidente de la Corte le dio intervención a la vocalía de Maqueda para que lo remitiera. "Sólo con esta acción, legitimó el pedido de juicio político", celebraron en el Frente de Todos. Maqueda no tuvo más opción que acercar el correo electrónico que ya había divulgado Lorenzetti y quedar expuesto en una investigación que lo tendrá como protagonista.
Para este martes, la comisión de juicio político citó a Aldo Tonon, exdirector de la obra social y a quien el FdT identifica como el médico personal del exsenador del PJ. Fuentes legislativas estiman que no se presentaría y se excusaría en las causas judiciales que lo involucran.
También están citados la contadora Melisa Solana, la abogada María Cristina Interlandi (médica legista y perito de la Corte), el contador Gustavo Montanini (docente de la Universidad de Buenos Aires), Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales y afiliada la OSPJN que detallarán las deficiencias en las prestaciones.
En las próximas semanas serían citados también otros damnificados por el mal servicio de la obra social y funcionarios judiciales como el administración general de la Corte Héctor Daniel Marchi, quien la semana pasada recusó a los cuatro ministros para que se aparten en una causa que inició contra Elisa Carrió y está cajoneada en el máximo tribunal. El planteo fue rechazado.
Quienes representan al FdT también citarán a María Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, que el 7 de abril declaró en la justicia y reconoció que, sin ser contadora pública, firmó cheques en la obra social con escaso control.
