La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que preside la entrerriana Carolina Gaillard, cumplirá este jueves su primer mes de trabajo con los pedidos presentados para destituir a los cuatro miembros de la Corte Suprema. La semana pasada la mayoría que posee el oficialismo en esa comisión admitió 14 denuncias y este jueves, en la cuarta reunión va a comenzar la instancia de producción de la prueba para sustentar las acusaciones que llevará el dictamen final.
Esta etapa implicará uno de los momentos más críticos del proceso de juicio político. Podría extenderse durante todo marzo, porque comenzarán a decidirse y ejecutarse las medidas para construir la prueba de la acusación con citaciones a testigos y obtención de documentación. La semana pasada, luego de aprobar la admisibilidad de 14 denuncias, siete de los impulsores presentaron pedidos de ampliación de la prueba. En el oficialismo confiaron que este jueves se someterá a votación la ampliación de la prueba. Hasta ahora hubo siete propuestas para sumar elementos y el plazo de presentación vence este miércoles.
Otro de los puntos que se mantiene bajo absoluta reserva es por donde comenzarán las pesquisas. Una de las 14 denuncias gira en torno a la decisión de la Corte de rehabilitar una ley derogada por el Congreso para recuperar el control del Consejo de la Magistratura. Otra apunta directamente a los cortesanos por devolverle a la Ciudad de Buenos Aires casi dos puntos de coparticipación que la Nación le había quitado, aunque el disparador no es la sentencia, sino los presuntos intercambios por telegram que el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, mantuvo con Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rossatti.
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Sobre ese caso la oposición sostiene que son conversaciones privadas obtenidas ilegalmente y por lo tanto nulas. El diputado del FdT Rodolfo Tailhade argumentó lo contrario en la ultima reunión de la comisión. Anticipó la determinación del oficialismo para avanzar sobre un terreno que JxC no quiere pisar. Dijo que están en un proceso de juicio político y no en una causa judicial, por lo tanto están en condiciones de ponderar y evaluar el impacto de esos diálogos donde Robles le ofrecía consejos a D'Alessandro para atravesar la controversia en el máximo tribunal. Si la investigación empieza por ese caso la atención estará puesta en la citación de Robles.
A eso se suma la denuncia impulsada por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. El presidente del bloque, Juan Manuel López, dijo que no están de acuerdo con la "embestida del Gobierno" contra la Corte pero no bajó la denuncia. Este jueves se sabrá si hicieron una presentación para ampliar la prueba. Había amplias chances de que lo hicieran. Ahora resta saber qué harán con el avance de la denuncia que fue impulsada originalmente por Elisa Carrió en 2017 y reforzada en 2018 por Paula Oliveto. La CC avanza con una estrategia que no cuenta con el respaldo monolítico de radicales y macristas.
Otra incógnita es cuándo citarán a los cuatro cortesanos. En el FdT aseguran que lo harán cuando haya concluido la etapa de construcción de la prueba para que hagan su descargo. Otras fuentes oficialistas opinan que la Corte podría pedir el traslado antes para contar con el tiempo suficiente para ejercer el derecho a la defensa. De un modo u otro los cortesanos lo harán por escrito.
El desenlace de la cuarta reunión de la comisión de juicio político podría tener un impacto en la actividad del recinto. El oficialismo no resignó las negociaciones para poder sesionar antes del 28 de febrero, cuando concluirá el período de sesiones extraordinarias que convocó el presidente Alberto Fernández a partir del 23 de enero. Habilitó 28 temas y JxC no quiere aportar cuórum mientras siga el juicio político. El FdT explora a los otros bloques opositores que podrían sentarse a sesionar para sancionar la moratoria previsional que aprobó el Senado. Por ahora no hay señales del interbloque Federal, que preside Alejandro Topo Rodríguez, sin embargo hau otros sectores que han comenzaro a plantear su malestar por la parálisis del Congreso.
"Si el conjunto de proyectos que mandó el Gobierno a sesiones extraordinarias es un disparate, que no tiene nada que ver con los problemas de los argentinos, hay que presentar otros", dijo el diputado de ultraderecha José Luis Espert. El legislador ignoró que en extraordinarias solamente el Ejecutivo habilita los temas, pero sus palabras reflejan que han comenzado a pagar costos políticos por su inacción.