La discusión sobre los residuos urbanos genera ruidos entre Cortés y Weretilneck. Con otro crédito, avanza en la solución del problema en el Alto Valle.
En medio de campaña, la situación del basural de Bariloche llegó a la Legislatura de Río Negro.
La problemática de los residuos sólidos urbanos impacta en el corazón de la alianza que del intendente de Bariloche, Walter Cortés, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, inauguraron de cara a las elecciones que el 1 de noviembre se adelantará al caledario electoral 2027.
La situación crónica del vertedero municipal se transformó en uno de los ejes centrales del debate público barilochense a menos de un mes de las elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Ese proceso electoral se mira con especial interés en toda la provincia, porque oficia de previa a la carrera por la gobernación en 2027.
El vertedero de Bariloche era ya en 2014 uno de los 50 basurales a cielo abierto más contaminantes del mundo, de acuerdo a la prestigiosa Asociación Internacional de Residuos Sólidos (en inglés, ISWA), que ese año publicó un estudio denominado “Atlas de la basura”. Es decir, es un problema de hace décadas.
En la segunda intendencia de Gustavo Gennuso (2019-2023) se buscó la implementación de un consorcio para un tratamiento conjunto de los residuos sólidos urbanos, pero la finalización de su gobierno, en coincidencia con el fin del mandato como gobernadora de la también barilochense Arabela Carreras dejaron el proyecto en punto muerto.
Ahora, la temática volvió a instalarse con fuerza a partir de la campaña electoral y los debates y acciones políticas viajaron hasta la Legislatura. Veinticuatro legisladores libertarios, peronistas, de CREO, del PRO, radicales y del ARI coincidieron el mes pasado en una mesa de trabajo en la que también había vecinos, concejales e instituciones. Tras elaborar un documento, presentaron un proyecto de ley para crear entes jurisdiccionales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Confían en que esa herramienta sea el puntapié inicial para una solución definitiva al grave problema ambiental.
En la iniciativa denuncian que “la situación de San Carlos de Bariloche es el caso más claro de esta problemática, donde el Centro de Residuos Urbanos Municipales ha agotado su vida útil, generando declaraciones de emergencia ambiental”. Aseguran que el escenario demuestra que la gestión local aislada “es insuficiente para enfrentar volúmenes de residuos de escala industrial” y que su solución por la vía de un diseño regional “beneficiará a todo el territorio provincial”.
Pero en el camino se perdieron los apoyos de la UCR y el ARI, aliados provinciales de Juntos Somos Río Negro, por lo que la iniciativa fue firmada por 21 parlamentarios. Necesitarían tres votos más para convertir el proyecto en ley.
Lorena Matzen (UCR), Javier Acevedo (ARI), Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y , llamativamente, Leandro García (Nuevo Encuentro) presentaron una inciativa alternativa que propone crear una comisión. “Es un problema regional que requiere una solución regional”, aseguran en los considerandos de su iniciativa. Añaden que “el diagnóstico existe, las normas existen” y sin embargo no se han logrado resultados. Por eso, la comisión propuesta tendría la facultad de “tomar decisiones, establecer responsabilidades, fijar plazos y sostener una política en el tiempo”.
Lo tangible es que las críticas a la falta de avances en materia ambiental en relación al basural a cielo abierto tienen como foco a los oficialismos local y provincial.
Una de las voces más firmes es la de la legisladora Marcela Abdala, ex Juntos Somos Río Negro y enemiga política de Cortés desde el minuto uno. “Nos juntamos con los vecinos, pero no vino ni el PUL (partido del intendente) ni Juntos Somos Río Negro. Se ve que se tomaron el tranvía de Cortés”, se quejó públicamente.
La legisaldora recordó también que el intendente "primero dijo que resolvía el problema en un día. Después quiso dejarlo diez años. Ahora, con los vecinos presionando, bajó a cinco. La única constante es la mentira”. Y añadió que “en 2025, en el cumpleaños de Bariloche, Cortés prometió junto a Weretilneck que iba a haber anuncios para octubre de ese año, pero nunca llegaron”.
En medio de la campaña y a un mes de las elecciones, el concejal de Juntos Somos Río Negro que preside la comisión especial municipal del vertedero, Juan Pablo Ferrari, criticó a Abdala por esta diez años el oficialismo provincial sin proponer los avances que ahora exige.
"Fue parte del gobierno municipal durante toda la gestión pasada y ocupa una banca de legisladora que ingresó por ese espacio. Hoy, después de diez años, descubre o piensa que esto es Juntos Somos Río Negro”, dijo en una entrevista con Bache3000. “Está en La Libertad Avanza defendiendo las ideas de Milei y compañía”, descargó.
Mientras Bariloche transpira conflictividad por los residuos, la provincia avanzó en un acuerdo con la Agence Française de Développement (AFD), publicado en el último boletín oficial. Se trata de un convenio para un crédito de 35 millones de euros para desarrollar el GIRSU para las ciudades de Campo Grande, Contralmirante Cordero, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti y Allen. Es decir, el Alto Valle Oeste, donde se concentra la mayor actividad estatal y privada de la provincia en estos tiempos.
El proyecto prevé la instalación de estaciones de transferencia en Campo Grande, Contralmirante Cordero y Fernández Oro, las plantas de clasificación y pretratamiento en Cinco Saltos, Cipolletti y Allen, y el centro socioambiental en el antiguo vertedero de Cipolletti. Finalmente, un sitio regional de estabilización y disposición final en una antigua cantera, aunque el convenio no define su ubicación.
Los 35 millones de euros de endeudamiento provincial se suman a los 200 millones de dólares anunciados en las últimas semanas: 60 millones con Fonplata para la reparación de las rutas nacionales, 60 millones para equipamiento hospitalario y 80 millones para obras productivas, estos dos últimos con el BID.
El convenio con la organización francesa establece una serie de condiciones exigentes para con la provincia. Por caso, sólo podrá utilizar 30 millones de euros, ya que los cinco restantes forman parte de la garantía, aunque debe pagar intereses por el total. Por otra parte, la provincia asume todo el riesgo cambiario y el arbitraje queda en jurisdicción de París bajo la ley francesa.
Por último, el pago de la deuda quedará íntegramente bajo la responsabilidad del gobierno que asuma en diciembre de 2031. Tiene un período de gracia de 60 meses desde la firma y la primera cuota fijada para el 24 de noviembre de 2031. La firma del acuerdo tiene como fecha límite el 17 de febrero de 2027.
