La Legislatura aprobó el convenio firmado por Weretilneck y la Casa Rosada. También respaldó la iniciativa con la que Soria pide un canon para los combustibles.
Legislatura de Río Negro.
La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría el convenio firmado por Alberto Weretilneck y la Casa Rosada para que la provincia asuma la administración de las rutas nacionales 22 y 151. Fueron 39 votos afirmativos y tres negativos para una decisión clave que apunta a revertir el deterioro de los corredores para la producción y la seguridad vial ante el retiro del gobierno de Javier Milei.
Si bien en el oficialismo descontaban con el apoyo legislativo al acuerdo con la Nación, la puja también se centró en la disputa por los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los legisladores apoyaron mayoritariamente el respaldo a la iniciativa que el peronista Martín Soria impulsa en el Senado para crear una asignación específica equivalente al 5% de lo recaudado por el ICL para las provincias que suscriban convenios de administración como el firmado por Río Negro.
El consenso, sin embargo, quedó condicionado por la letra chica. Río Negro se hará cargo de reparar y mantener caminos que todavía pertenecen a la órbita nacional, pero deberá financiar las primeras obras con un crédito de hasta 60 millones de dólares. Nación transfiere las responsabilidades, pero sin garantizar el giro de los recursos que recauda mediante el ICL.
La Cámara sesionó con 42 de sus 46 integrantes. Estuvieron ausentes Patricia Mc Kidd, de Cambia Río Negro; César Domínguez, de La Libertad Avanza; Daniel Belloso, de PJ-Nuevo Encuentro; y Natalia Reynoso, de Juntos Somos Río Negro. Los únicos votos negativos fueron los de Leandro García, Luis Ángel Ivancich y Alejandra Mas, de PJ-Nuevo Encuentro.
El respaldo transversal respaldó el convenio firmado por el gobernador Weretilneck, que finalmente obtuvo autorización para avanzar con una de sus principales apuestas en materia de infraestructura. El presidente del bloque oficialista, Facundo López, sostuvo que el financiamiento posee condiciones de amortización favorables y tendrá como garantía las regalías hidrocarburíferas dolarizadas que recibe la provincia.
López destacó una cláusula que obligaría a un futuro concesionario o al Estado nacional a compensar la inversión provincial. Para Juntos Somos Río Negro, el deterioro, los accidentes y los problemas productivos impedían continuar esperando. La oposición acompañó por la emergencia, pero puso límites. José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos, recordó que los intendentes del corredor vial ya destinan recursos municipales a tareas de bacheo sobre rutas nacionales. A su entender, ese escenario es consecuencia del “corrimiento absoluto” de la administración libertaria.
Berros advirtió que los rionegrinos podrían terminar pagando tres veces por las mismas rutas. En su lectura, ese pago triple corresponde al impuesto incluido en cada litro de combustible, primero; al crédito internacional que afrontará la provincia, después; y finalmente a través de los peajes que podrían aplicarse si los corredores fueran concesionados.
El PRO votó afirmativamente, aunque su presidente de bloque, Juan Martín, cuestionó la falta de planillas presupuestarias y cómputos de obra. Condicionó el resultado a la rapidez y transparencia de Vialidad Rionegrina. Leandro García, uno de los peronistas que se opusieron, calificó la transferencia como una “estafa a los rionegrinos”.
El debate exhibió la contradicción que atravesará todo el proceso. Aunque el ICL tiene asignaciones vinculadas con la infraestructura, esos recursos no se traducen automáticamente en reparaciones.De hecho, la ejecución de las partidas depende de las decisiones arbitrarias del gobierno nacional, que puede definir cuándo y cuánto destina al mantenimiento. En los últimos años, amplios sectores de las rutas rionegrinas quedaron sin intervenciones pese a que el tributo continuó cobrándose.
Frente a esa situación, Vamos con Todos impulsó un proyecto de comunicación para respaldar la iniciativa presentada en el Congreso por Soria, que propone elevar del 10,40% al 26,98% la porción coparticipable de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y crear una asignación específica del 5 por ciento para las provincias que suscriban convenios para administrar tramos de rutas nacionales.
La propuesta intenta vincular la transferencia de las rutas con recursos permanentes. Ese 5 por ciento permitiría que jurisdicciones como Río Negro no dependan únicamente de créditos, regalías o futuros peajes para mantener infraestructura que hasta ahora estuvo bajo responsabilidad federal. También reduciría el margen de discrecionalidad de Nación sobre fondos que se recaudan con una finalidad vial.
El pronunciamiento fue acompañado por PJ-Nuevo Encuentro, Juntos Somos Río Negro, la UCR y la Coalición Cívica ARI Cambiemos. En cambio, no tuvo el respaldo del PRO, Primero Río Negro y Cambia Río Negro, los espacios provinciales más alineados con Milei.
El oficialismo apoyó el reclamo, aunque justificó el convenio al advertir que si la Nación no va a trasladar los fondos ni hacerse cargo de las rutas, "lo tenemos que hacer los rionegrinos". Al no tener representantes en el Congreso y reconocer la representación provincial libertaria, también advirtieron que queda en los senadores y diputados del peronismo poder trasladar el reclamo al Congreso.
La diferencia dejó una fotografía particular. El PRO acompañó el traspaso que obliga a Río Negro a buscar 60 millones de dólares, pero no respaldó la iniciativa destinada a modificar el reparto del impuesto y garantizar recursos específicos. El oficialismo provincial, por su parte, coincidió con el peronismo de Soria en reclamar una nueva distribución, pese a las diferencias políticas que mantienen ambos espacios.
La cámara también convirtió en ley el protocolo para la búsqueda urgente y el resguardo de menores de 18 años desaparecidos o extraviados. Además, debatió la creación del Ente Regulador de Servicios de Río Negro. Vamos con Todos rechazó ese proyecto acusando falta de independencia del nuevo organismo y el apuro oficialista.
La sesión quedó atravesada, además, por la denuncia de Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti. Los legisladores, que abandonaron JSRN, afirmaron que una versión taquigráfica fue “adulterada” para registrar cambios en las comisiones que no habían sido votados. Facundo López negó irregularidades y aseguró que los reemplazos se acordaron en Labor Parlamentaria.
El vicegobernador Pedro Pesatti sometió finalmente las modificaciones a votación y la mayoría las convalidó. La decisión regularizó la integración de las comisiones, pero dejó sin respuesta por qué la versión anterior había registrado una votación que, según los denunciantes, todavía no había ocurrido.
