Después de correr a la Dirección Nacional Electoral (DNE) de la organización de las elecciones, el Correo armó una licitación privada para contratar a la empresa que se encargue de transmitir telegramas y contar los votos en los comicios nacionales. Con condiciones excluyentes y fuera de la órbita pública, sólo dos empresas se pueden quedar con un negocio millonario.
A cinco meses de las elecciones nacionales, la empresa pública comenzó el proceso de contratación de los servicios electorales clave para los comicios de octubre. Como anticipó Letra P, la decisión del gobierno nacional fue que después de una década la gestión de esas contrataciones dejara de estar bajo la órbita pública, más precisamente en manos de la DNE, y pase a manos del Correo, que concentrará las funciones logística pero también las de recuento provisorio.
En la más estricta reserva, sin publicidad oficial, el Correo le envió a un puñado de empresas tecnológicas el pliego de licitación de los servicios de digitalización y transmisión de telegramas, y el de recuento provisorio, que brinda los resultados no oficiales durante la misma noche de las elecciones. La decisión de convocar a una licitación privada contrasta con la decisión política de la última adminstración peronista que, durante las elecciones de 2021 y 2023, resolvió no sólo hacer públicos los términos de la contratación, sino que además incluyó sugerencias o solicitudes de partidos, ONGs y empresas del sector.
Ese mecanismo fue impulsado por el actual senador nacional, entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, que el viernes reclamó "mayor transparencia y participación en el proceso electoral" y consideró que "es urgente que se publiquen las condiciones y el pliego técnico para garantizar la transparencia y confiabilidad del recuento provisorio.
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La licitación del Correo
Según pudo saber este medio, al menos tres empresas de tecnología electoral recibieron el pliego de licitación vía mail. Una es Magic Software Argentina-MSA, la compañía vinculada a Daniel Angelici y al diario La Nación, especializada en voto electrónico y eterna ganadora de las contrataciones para elecciones porteñas; otra es Smartmatic, una compañía de orígenes venezolanos que actualmente es proveedora del Correo en uno de los servicios a relicitar; y por último, Indra, la compañía española que viene desplegando un lobby feroz para quedarse con el negocio que podría ascender a los 30 millones de dólares.
El primer dato que salta a la vista es que la licitación no se hizo pública y todo se manejó con extrema discreción. El segundo es que los plazos de cotización son llamativamente breves. Todos los especialistas en asuntos electorales coinciden en que se trata de contrataciones complejas y, sin embargo, las autoridades del Correo resolvieron acortar los plazos y en vez de 30 días serán 15.
El martes 13, entonces, es el deadline para cotizar los servicios que están organizados en dos renglones: uno correspondiente a la digitalización y transmisión de la actas de escrutinio desde los establecimientos de votación hacia el centro de cómputos. El segundo, es el sistema de recuento de resultados provisorios que permite saber los resultados durante la noche misma de la elección. Sin embargo, pese a solicitar la cotización de manera separada, el pliego aclara que no podrá haber dos proveedores distintos, sino que habrá un solo prestador de ambos servicios.
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Hecha la ley, hecha la trampa
Esa aclaración le allana el camino a Indra, la empresa española que corre con el caballo del comisario. Desde hace meses, en el sector informático se habla de una serie de movimientos y un lobby discretísimo, que sugieren que el gobierno de Javier Milei inclina la cancha a favor de la tecnológica. A través del exdirector electoral, hoy asesor externo del Correo, Alejandro Tullio, y del empresario Facundo Prado, se desplegaron conversaciones para acercar al mundo libertario a la empresa que tiene como principal accionista al Estado Español.
La sospecha parece confirmarse por la decisión de restringir las prestaciones a un solo proveedor que se complementa con otro requisito aún más excluyente. Pese a que se especulaba que la licitación se iba a realizar para contratar servicios por un plazo de cuatro años, el Correo apeló a una licencia literaria para no sobregirarse. Si bien acotó la contratación a la elección de este año, introdujo el requisito de que los oferentes sólo podrán ser elegidos si en los últimos seis años prestaron servicios similares a los que cotizan, en elecciones que hayan involucrado al menos a 90.000 mesas de votación.
Esa condición excluyente reduce la disputa a apenas dos compañías, Indra y Smartmatic. La que se imponga, además, se llevará un premio extra, ya que el pliego contempla que podrá licitar por separado la prestación de sus servicios electorales en cualquier elección que se realice este año antes o después de los comicios nacional. Eso garantiza que, además, podrán acceder al segundo premio mayor: las elecciones bonaerense que representan el 40% del volumen de la elección nacional.