El presidente Javier Milei intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través de un DNU e implementará un régimen de retiro voluntario para los espías. Quien quedará al frente del organismo es Silvestre Sívori, un letrado cercano al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con pasado en el Gobierno de la Ciudad y en la gestión de Cambiemos en la Casa Rosada.
Sívori desempeñó funciones en la Secretaría Legal y Técnica porteña y en la Agencia de Protección Ambiental, así como también fue abogado en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad. En la nación, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte, durante la gestión de Guillermo Dietrich en la cartera.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 22/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el mandatario dispuso la intervención de la ex-SIDE por un plazo de dos años "o hasta que cesen los motivos" que dieron lugar a la medida.
En el DNU se dejó bien claro que el plan motosierra también impactará en la estructura de la AFI ya que pretende "pasar a disponibilidad al personal que (el interventor) estime conveniente" y "disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios".
Para ello, se creará "una Comisión de Reencasillamiento del Personal" y se avanzará en la implementación de "un régimen de retiro voluntario" para los miembros de organismo espía.
"Resulta imperioso reestructurar el Sistema de Inteligencia del Estado, generando un funcionamiento coordinado entre los diversos actores, dirigido sobre las actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales", remarcó el Presidente en el DNU.
Con la intervención, Milei buscará "revisar la utilización de fondos reservados y las compras y contrataciones llevadas a cabo, bajo el amparo del restituido Decreto N°1311/15 y sus modificatorios y del Decreto N°331/23 a efectos de detectar alguna anomalía o incumplimiento, en cuyo caso se dará inicio a las investigaciones y se formularán las denuncias que pudieren corresponder".