La oposición reunió dos tercios en el Senado. El Gobierno volvió a quedarse sin aliados. El Presidente, obligado a cumplir para evitar otro frente judicial.
José Mayans, durante la sesión sobre los vetos de las leyes de emergencia en pediatría y presupuesto a universidades.
Javier Milei recibió un nuevo golpazo este jueves en el Senado: la oposición reunió dos tercios y rechazó definitivamente los vetos a la ley de presupuesto de universidades y a la emergencia en pediatría, que obliga a garantizar el funcionamiento del hospital Garrahan. El Congreso tendrá que sumar partidas al Presupuesto 2026, que se debate en Diputados.
Las victorias de la oposición superaron con creces los 48 votos de los dos tercios: hubo 59 para emergencia pediátrica y 58 para universidades. La Libertad Avanza (LLA) sólo tuvo respaldo de Carmen Álvarez Rivero, del PRO. Se unieron en contra de Milei Unión por la Patria (UP), los partidos provinciales y la UCR, que ni si quiera le aportó al Gobierno los votos de mendocinos y chaqueños que se aliaron con el oficialismo nacional en sus provincias. La jujeña libertaria Vilma Bedia volvió a ausentarse de las votaciones; mientras que hubo tres macristas que se abstuvieron: Alfredo De Angeli, Victoria Huala y Enrique Goerling Lara.
La obligación de financiar a universidades y hospitales del Gobierno, se suma a la que tiene de la emergencia en Discapacidad y se niega a cumplir. Este miércoles, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, anunció en Diputados que Milei no ejecutará las leyes que dispongan nuevos gastos, aun cuando en los proyectos se habilite al jefe de Gabinete a reasignar partidas.
Las normas ratificadas este jueves piden ser financiadas con reasignaciones de partidas, al igual que la emergencia en Discapacidad, donde, además, se especifica que la Nación no debe tocar los recursos de partidas sociales. En ese caso, Milei suspendió la ley y afronta decenas de planteos judiciales. En LLA no descaran que con las leyes de Universidades y Garrahan la historia no termine igual.
El debate casi no tuvo voces del oficialismo y toda la oposición, como ya es habitual, se unió en contra del Gobierno en un sólo discurso. En las calles aguardaban agrupaciones estudiantiles y otras vinculadas a la salud pública a la espera del resultado. Lucía Corpacci, de UP, hizo foco en el ministro de Salud, Mario Lugones, responsable del deterioro del Hospital Garrahan. “No lo pisó nunca”, dijo la catamarqueña.
Desde Provincias Unidas, Carlos Espínola volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno. "Por supuesto que nosotros creemos en el equilibrio fiscal, pero tenemos una diferencia con el Gobierno: creemos también en el equilibrio social, y eso se logra con consensos y con gestión”, sostuvo.
La UCR fue otro foro de ataques contra Milei. Martín Lousteau pidió hacer cuentas. "Yo voy a decir: un médico residente, no un becario como dice el jefe de Gabinete gana alrededor de 800 dólares. Un Fred Machado paga 20 años de residente. Las coimas que salieron en los audios de la ANDIS, 800 mil dólares por mes, pagan mil residentes por mes".
"Los 1.700 millones de dólares que se gastó en tres días el gobierno para tratar de conseguir dólares de las cerealeras, pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan. Pero no hay plata", bromeó el economista.
El jefe de LLA, Ezequiel Atauche, tiró otras cifras para defenderse. "El kirchnerismo le otorgó al Garrahan $50 mil millones de pesos y el gobierno de Milei le asignó $228 mil millones", denunció. Y dijo que en diciembre 2023 la paritaria universitaria cerró con "0%", pero Alberto Fernández no recibió reclamos.
Las normas vetadas buscan garantizar el sistema de salud y educación pública, a los que Milei le quitó financiamiento y no supo identificar alertas de los sectores afectados para que el Congreso no lo humille otra vez.
La emergencia en pediatría fue impulsada por el diputado Pablo Yedlin, y si bien surgió a partir del conflicto en el hospital Garrahan, la letra chica excede la situación de ese nosocomio, al que declaran hospital de referencia para garantizar su financiamiento.
Además, la norma declara la emergencia por un año y, durante ese tiempo, podrían realizarse compras discrecionales. El Presidente deberá realizar una recomposición salarial inmediata de "personal asistencial y no asistencial" que atiende a la población pediátrica, como también a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades.
Se estipula una actualización "en términos reales" -por inflación- a noviembre de 2023. Además, quedan eximidos de pagar Ganancias por guardias médicas. Para cumplir este objetivo, la ley crea un fondo de contingencia, con aportes del Ministerio de Salud. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estos incrementos implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizado, significa $133.433 millones, una suma exigua.
El proyecto obliga además a garantizar "programas y acciones de salud infantil y adolescente". Se deroga la resolución 2109/2025, que modifica el sistema de residencias, con la posibilidad de convertirlo en una beca y ya no en un empleo en relación de dependencia.
La ley de presupuesto universitario surgió a partir de un reclamo de los rectores que Milei no supo contener y lo obligará a actualizar todos los meses las partidas para la educación superior. Los jerarcas de las universidades perderán poder de fuego para controlar a su personal, una concesión que hicieron recién después de esperar un gesto de la Rosada que no llegó.
El refuerzo tiene dos capítulos. Uno es la recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades al 1 de enero de 2025, actualizado por el INDEC según la inflación del semestre anterior. Luego se contempla una suba mensual hasta fin de año.
En cuanto a salarios, la norma establece un aumento salarial, retroactivo a diciembre de 2023, que no puede ser menor a la variación de precios que hubo en ese tiempo. El secretario de políticas universitarias debe luego citar a paritarias cada tres meses para definir aumentos, pero en ningún caso puede otorgar subas menores a la inflación.
La norma también contempla una recomposición y actualización automática de becas estudiantiles, la investigación científica y exige realizar auditorías de los gastos.