El arzobispo Ángel Rossi pidió "ciudades para todos” y propone el formato de cooperativas. Cultura de descarte y un llamado a la revisión del rol del Estado.
Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.
Una vez más la Iglesia de Córdoba que dirige el arzobispo Ángel Rossi emitió un duro comunicado en contra de la prohibición de la labor de los cuidacoches (“naranjitas”) y limpiavidrios. El aporte, denominado “Ciudades para todos”, es una respuesta a la iniciativa explicitada por el gobernador Martín Llaryora.
La disposición que el oficialismo presenta como un paso necesario hacia el orden público, la Iglesia lo lee como un intento de esconder la marginalidad bajo la alfombra de la punición.
La Pastoral Social plantó bandera al advertir que la prohibición del trabajo popular es una respuesta incompleta para un fenómeno que es el síntoma de una ausencia estatal y una realidad económica. El camino son las cooperativas, el control y la contención, sostienen.
El mensaje eclesiástico pone el eje en la defensa de las cooperativas de trabajo -que ya funcionan en la ciudad de Córdoba agrupando a más de 600 trabajadores- como la verdadera solución de “inclusión social y laboral”. Para la curia, el problema ya cuenta con marcos regulatorios vigentes y la solución de fondo no es la prohibición, sino la formalización de quienes ya están integrados al sistema de estacionamiento medido a través de estas estructuras asociativas.
En la visión de la Pastoral, estas organizaciones funcionan como una red de contención frente a la criminalización que propone la reforma del Código de Convivencia, la cual delega el control en los municipios y endurece las penas sin ofrecer alternativas de subsistencia reales.
“Desconocer estos caminos recorridos, nos empujará como decía el Papa Francisco (2024), a que ‘si retrocede la Economía Popular, avanza la Economía Criminal’”, expresaron.
La advertencia de la Iglesia, como a fines del pasado diciembre, toca además una fibra sensible de la gestión de Llaryora y del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros: la intersección entre la calle, la salud mental y las adicciones.
El comunicado subraya que detrás de los episodios de violencia o extorsión que el Gobierno denuncia y enumera en cada parte policial, subyacen realidades complejas. Para el Arzobispado, el Estado tiene una responsabilidad ineludible en la contención de estos sectores vulnerables, que deben ser acompañados con una inversión profunda en políticas de rehabilitación e inclusión que reconozcan a estos trabajadores invisibilizados.
Indicaron que esta iniciativa empuja a “la cultura del descarte, denunciada de forma sostenida por el recordado Papa Francisco, ‘produce’ empobrecidos, descartados y excluidos de la ‘mesa común’ de la vida”.
Mientras el oficialismo empuja su propia agenda, el tablero legislativo se mueve en busca de un equilibrio que evite el choque frontal y pidiendo que la Iglesia sea parte de la discusión
Los impulsores de los demás proyectos para regular y prohibir la actividad han tendido puentes para unificar criterios. Los legisladores Oscar Agost Carreño (PRO), Dante Rossi (UCR) y los liberales Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi, han mantenido una serie de reuniones clave con la Pastoral Social a cargo de Munir Bracco, vocero de Rossi, para intentar llegar a consensos que sinteticen las miradas de todo el abanico político.
Llaryora se enfrenta así a una pinza política y social. Por un lado, la presión de una oposición que busca marcarle la agenda legislativa desde el consenso; por el otro, el peso moral de una Iglesia que le recuerda que, para los "naranjitas" y limpiavidrios, la calle no es una elección de negocio, sino el último refugio de la exclusión.