El proyecto llega a la Legislatura de Córdoba para ordenar la vía pública tras hechos violentos. Incluye ayuda estatal para reconvertir a quienes queden fuera.
Martín Llaryora anunció el envío de un proyecto para regular la actividad de los naranjitas y eliminar la de los limpiavidrios
En el gobierno de Córdoba ya no hay matices: la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en las calles constituye una luz roja vinculada directamente con la inseguridad. Tras poner en stand by el tema durante tres meses, Martín Llaryora vuelve a la carga con una iniciativa de doble impacto: regular estrictamente la actividad de unos, prohibir a los otros.
“Vamos a impulsar una ley que prohíba los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia”, anunció el gobernador en la noche del domingo, a través de redes sociales. La decisión se tomó el viernes en una reunión que sentó a la mesa al gobernador, a la vicegobernadora Myrian Prunotto, al intendente de la capital, Daniel Passerini; al presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; al jefe del bloque oficialista, Facundo Torres; al ministro de Comunicación, Daniel Pastore, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Araoz.
El proyecto tomará estado parlamentario esta semana y el oficialismo, que parece tener una postura más consolidada que en diciembre pasado, espera aprobarlo en la primera sesión posterior a la Semana Santa.
Como núcleo central, el texto ratificará a los municipios como responsables de definir si permiten, o no, la actividad de las personas cuidacoches en sus distritos. “En los casos en que se permita, deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control. Donde no estén autorizados, la actividad estará prohibida”, expresa el comunicado de Llaryora.
La ausencia de referencias a las personas que piden una retribución económica por limpiar parabrisas y lunetas es elocuente: su actividad quedaría prohibida en toda la geografía mediterránea.
Lo ha contado Letra P, lo sostienen estudios de opinión, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en la provincia. En particular, en las grandes urbes, donde más fuerte golpean las crisis económicas y sociales. Congruentemente, la situación económica, con la desocupación como otro afluente, es el otro foco de inquietud para las respuestas mediterráneas.
Pese a la multicausalidad que cualquier análisis asigna a la problemática, en los últimos meses la lupa de los dispositivos de seguridad se ha asentado sobre los cuidacoches. No necesariamente por la comisión de delitos contra la propiedad, sí por situaciones violentas que derivan en agresiones, extorsiones o peleas.
Miradas más contemplativas piden hacer distinciones entre quienes están regularizados e inscriptos en cooperativas y quienes aparecen por su cuenta en zonas de movidas nocturnas o en espectáculos masivos. Para muchos, el eje de discusión es la obligatoriedad de pagar para dejar el auto en la vía pública.
Un reciente caso escaló a niveles inéditos. Durante la noche del 24 de marzo un comisario de la Policía recibió un balazo en la espalda tras intervenir en una pelea entre “naranjitas”, como se conoce en Córdoba a los cuidacoches, que no estaban registrados formalmente. Al cierre de esta nota su estado seguía siendo “reservado”.
De acuerdo a los datos que maneja el ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, 156 cuidacoches han sido arrestados en lo que va del 2026. La cifra marca un crecimiento exponencial respecto del pasado año: según la misma fuente fueron más de 300 las detenciones sobre este colectivo.
La ausencia de consideraciones sobre quienes ofrecen enjuagar parabrisas augura que su suerte será aún más compleja. Algunas iniciativas permisivas podrían considerarse en comisión.
La regulación de ambas actividades era parte central de un megaproyecto presentado por el peronismo al cierre del 2025. La polémica desatada, en la que alzó la voz el arzobispo Ángel Rossi, ocasionó vacilaciones en la bancada cordobesista. Muy a pesar de la presión pública del ministro Quinteros, el proyecto aprobado incluyó modificaciones al Código de Convivencia, pero no reparó en naranjitas y limpiavidrios.
Desde la oposición lo tomaron como un triunfo. Para el oficialismo se trató de una postergación tendiente a mejorar la calidad del debate previo. Ya en marzo, voces del Panal recuerdan que tres meses era el plazo establecido. “Había quedado pendiente, ahora lo retomamos. Hay que tratar de resolver un problema que existe”, dicen fuentes confiables.
Las voces citadas no adjudican la reflotación del proyecto a hecho coyuntural alguno. Pero tampoco reparan en que sólo habrá una semana para el mentado debate. Con innegable olfato político, la Iglesia no quitó el tema de su propia agenda. En febrero, Munir Bracco, su vocero, aseguró que la institución está elaborando propuestas propias para que el texto final sea “inclusivo y serio”.
La publicación que adelanta el envío del proyecto a la Unicameral delega buena parte de la responsabilidad en los municipios. En términos formales, ratifica lo que la propia Constitución establece en términos de autonomía municipal. En términos políticos, diluye el compromiso de su defensa. La presencia del intendente de la capital, Daniel Passerini, parece rubricarlo.
Más claro parece el deslinde sobre las alternativas para reubicar a las personas que, ni bien entre en vigencia la norma, quedarán imposibilitados de continuar con su actividad. Según el gobernador, la Provincia acompañará a los municipios en la implementación de los programas de reinserción laboral.
Hacia esa intersección apuntaron las primeras críticas opositoras. Dante Rossi, legislador por la UCR, disidente de la conducción partidaria, le pidió a Passerini que “de a conocer cuál va ser la regulación a aplicar en la ciudad antes que la Legislatura comience a tratar la iniciativa".
Más duro fue aún con la prohibición de la tarea de los limpiavidrios. “Buscan tapar con una ley las graves consecuencias de la pobreza”, fustigó.
A su turno, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, principal impulsor de iniciativas sobre el espacio público, admitió que la llegada del texto al recinto representa ya “un progreso notable”.
No obstante, aseguró que se debe avanzar hacia una ley “que no sea una nueva trampa llaryorista”. “Para nosotros, es innegociable la prohibición de naranjitas "legales" de cooperativas, como de los que ya son ilegales”, enfatizó, eliminando cualquier matiz.
Desde el bloque legislativo del radicalismo no ubican al proyecto oficialista como objeto prioritario de atención. Sí lo es la concreción formal de la propuesta que anunciara Rodrigo de Loredo para extender la edad en que se jubilan los policías de Córdoba.
La iniciativa radical, que promete un inmediato incremento de uniformados en la calle y, en simultáneo, una mejor recaudación para la Caja de Jubilaciones, sería ventilado este mismo lunes.
“Le quieren dar centralidad al tema de los naranjitas para opacar nuestro proyecto. Es de manual. No le vamos a dar el gusto”, anticipa una calificada voz deloredista.