Como cada 24 de marzo, es necesario recordar el pasado y reflexionar sobre el presente. El rol del gobierno de Javier Milei y el peronismo.
Cuidemos la democracia: hablemos de libertad
A 50 años del último golpe de Estado, y como cada 24 de marzo, el ejercicio de la memoria nos convoca no solo a recordar, sino también a reflexionar sobre el presente. Porque si de algo sirve la memoria es para sostener y fortalecer la democracia, manteniendo siempre presente aquello que como sociedad decidimos no repetir.
Una de las primeras ideas que suele aparecer cuando pensamos en una dictadura es la restricción de la libertad, asociando esta última a la vida en democracia. Sin embargo, la palabra libertad ha sido utilizada en numerosas ocasiones, tanto en nuestro país como en el mundo, para legitimar procesos que atentan contra el funcionamiento democrático o que incluso lo interrumpen. Esto evidencia que, aunque parezca que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de libertad y que su significado es transparente, las ideas, expectativas y valores que encierra varían según el sentido que se le otorgue. De allí surge un interrogante necesario: ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad?
¿Hablamos de una libertad individual irrestricta? ¿De aquella que parecería desplegarse en ausencia de límites externos? ¿De esa que, llevada al extremo, puede derivar en la ruptura del lazo social al carecer del marco simbólico y normativo que hace posible la convivencia? Desde esta perspectiva, toda instancia externa -las personas que nos rodean, las instituciones, el Estado- aparece como un obstáculo para el ejercicio de la libertad.
Esta versión de la libertad se opone a las construcciones colectivas, pero circunstancialmente puede requerir de presencias externas para asegurar que nada se interponga en el camino al desarrollo propio. Representa el ideal de la salida individual, la autosuperación por méritos propios y sin importar las consecuencias que pueda traerle al prójimo.
Las posiciones más extremas del liberalismo consideran que la democracia, con sus leyes y normas de funcionamiento, asfixia las libertades individuales, y el gobierno actual de nuestro país, y de muchos en el mundo, dan cuenta en los hechos que el funcionamiento democrático les resulta inconveniente, un obstáculo y, en nombre de la libertad, se avanza sobre la democracia con una motosierra.
¡Lo que esta versión de la libertad oculta deliberadamente son las condiciones que posibilitan el ejercicio efectivo de la libertad individual!
Porque si bien la libertad se refiere a la capacidad de actuar según la propia voluntad, razón y valores, también incluye los límites inherentes a la responsabilidad y respeto por los demás, y esto se materializa en los Estados democráticos a través de las leyes que determinan derechos y obligaciones y ordenan la convivencia social.
Más allá de las normas que puedan resultar restrictivas en algún sentido, hay diversos condicionantes de la libertad que deben ser atendidos, y en todos los casos se trata de relaciones de poder vinculadas a las condiciones de vida de las personas, que pueden facilitar o dificultar el ejercicio de la libertad en el sentido de poder desarrollar una vida plena.
Las condiciones económicas, el acceso a la salud y a la educación, así como las desigualdades de género o de edad, pueden limitar de manera concreta la capacidad de elegir libremente. En una sociedad democrática, es fundamental que estos factores no definan de forma irreversible el destino de las personas ni obstaculicen su desarrollo pleno. En este sentido, las leyes se convierten en una herramienta central para evitar la consolidación de desigualdades, mientras que el Estado asume un rol clave como garante del orden democrático, previniendo usos arbitrarios del poder y resguardando los derechos de todos. Frente a las diferencias de origen, las leyes deben orientarse a promover una mayor igualdad social.
El ejercicio de la libertad en estos términos, con el respeto por los derechos de cada quien, es por definición un hecho colectivo y no podría garantizarse solo con acciones individuales: necesitamos respetar los derechos de los otros y que respeten los nuestros, es una condición mutua y en esto se basa la convivencia social. El respeto por el otro conlleva la posibilidad de comprender sus necesidades y ser solidario en la búsqueda del bien común.
Desde el peronismo sostenemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, y que la libertad individual solo cobra sentido cuando se articula con una responsabilidad colectiva que redunda en el bienestar de todos los compatriotas. Esta perspectiva se contrapone de manera clara con las visiones libertarias de corte individualista, promovidas muchas veces desde sectores concentrados de poder y privilegio. No resulta casual que el énfasis se coloque exclusivamente en una noción individual de la libertad: al hacerlo, se desdibuja su ejercicio efectivo en condiciones de igualdad para el conjunto de la sociedad.
Tras 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la necesidad de defender la democracia se renueva. Nos encontramos con un gobierno nacional que en nombre de la libertad pisotea a las instituciones que debieran garantizarla, suprime derechos, agrede y busca impedir el funcionamiento de las organizaciones colectivas que podrían defenderlos.
El gobierno nacional ha desfinanciado y atacado sistemáticamente el funcionamiento estatal que garantiza derechos como el acceso a la salud, a la educación. Ha agredido y estigmatizado a diversos colectivos sociales, a quienes expresan ideas distintas, a quienes se manifiestan para defender sus derechos, promoviendo discursos de odio que alientan acciones violentas. Ha reprimido a golpes a jubilados, ha privado de alimentos a comedores para los más vulnerables.
Desprotegió a los sectores productivos provocando el cierre de empresas y fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. En un contexto de crisis económica y social que continúa agravándose, avanza con una reforma laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, profundizando una situación de vulnerabilidad en la que los trabajadores y las trabajadoras quedan a merced de la voluntad del empleador, y para redoblar la desprotección se ataca a las organizaciones sindicales, de modo de atomizar la capacidad de defensa de trabajadores y trabajadoras.
Este ataque a las organizaciones colectivas que sostiene el gobierno actual encuentra un paralelismo en lo sucedido en el último golpe de Estado, durante el cual el 67% de los desaparecidos fueron trabajadores, se intervinieron las principales organizaciones obreras y se destruyó toda la legislación protectoria del trabajo, se suspendió el derecho a huelga, se limitó la actividad sindical prohibiendo las asambleas, las reuniones y los congresos, se modificaron la ley de asociaciones profesionales y los convenios colectivos de trabajo atacando las bases institucionales y financieras de la estructura sindical. Y no es coincidencia, más bien el resultado de una orientación política que, en función de intereses económicos, se propuso fracturar el poder de los trabajadores organizados.
Frente a la propuesta de una libertad desprotegida y en soledad, afirmemos la libertad que nace de la democracia: aquella que se sostiene en derechos capaces de garantizar una vida digna para todos y cada uno. Frente a la idea de una sociedad desregulada e imprevisible, apostemos a una vida con estabilidad, orden y tranquilidad, que permita proyectar el propio futuro y el de la familia sin quedar a merced de la incertidumbre. Porque buscamos la realización y la libertad de cada individuo, y entendemos que solo pueden alcanzarse en comunidad, construyamos una sociedad organizada, solidaria y profundamente democrática.