Las tres juezas y los dos jueces ganan relevancia por el reconocimiento de la Corte. La deuda de las transferencias, reparto de poder y terminales políticas.
Marcela Vivian De Langhe, Alicia Ruíz, Inés Mónica Weinberg de Roca, Luis Lozano y Santiago Otamendi.
El funcionamiento e integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires es casi un tema tabú en la política porteña. Cerca de cumplir 30 años de existencia, poco se sabe sobre su funcionamiento en momentos en los que la Corte Suprema lo empoderó al reconocerlo como una instancia de revisión de fallos nacionales.
El bajísimo perfil cultivado por los integrantes del TSJ comenzó su cuenta regresiva el año pasado cuando la Corte de Justicia dictó un fallo de alto voltaje. El fallo Levinas, como se lo conoció públicamente, y la conformación de los fueros pendientes de transferirse están dotando al máximo tribunal porteño de un protagonismo público no deseado por prácticamente ningún actor del sistema político local.
Con más de dos décadas y media de existencia y un proceso de transferencia de competencias de la órbita nacional a la local, lento e intermitente, los cinco jueces superiores encontraron en la Corte Suprema actual un acelerador indirecto de protagonismo y de poder. El año pasado, a través del mencionado fallo, el máximo tribunal nacional le reconoció al TSJ la autoridad para revisar causas de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, un movimiento que modificó de hecho el tablero institucional.
Con ese movimiento, el TSJ dejó de ser un tribunal abocado casi en exclusividad a cuestiones locales para transformarse en un jugador capaz de fijar doctrina en expedientes civiles, comerciales y laborales que involucran a miles de porteños y empresas. El empoderamiento no vino por la vía de una ley de traspaso ni por acuerdos políticos, sino por un criterio jurisprudencial que sumó una instancia recursiva y colocó a los jueces y juezas de la Ciudad como filtro previo a la Corte Suprema.
El resultado inmediato es un aumento exponencial de causas que llegan al TSJ y, sobre todo, un salto cualitativo en su gravitación política. En un escenario donde la Legislatura ya no le garantiza mayorías automáticas al gobierno de Jorge Macri y la relación con la Casa Rosada se redefine, la composición del tribunal porteño, donde el macrismo, en todas sus acepciones, mantiene la hegemonía, adquiere un valor estratégico.
La presidenta del TSJ es una abogada recibida en la UBA con una extensa trayectoria en los tribunales y casada con un exfuncionario diplomático de la última dictadura. Jueza nacional en lo civil, dejó la justicia nacional para concursar en territorio porteño, donde fue integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA.
Su llegada al máximo tribunal fue por obra y gracias de Mauricio Macri, a quien le atrajo la experiencia de Weinberg en el tribunal internacional que investigó los crímenes de guerra en Ruanda y la ex-Yugoslavia. Según versiones extraoficiales, conoció al expresidente en un gimnasio y en adelante construyó una sólida relación de confianza al punto que la propuso para reemplazar a Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación. En la cotidianidad del tribunal impuso la rutina de ser la última en posicionarse en los fallos y que en ellos no figure la posición de la minoría.
La vicepresidenta del TSJ es la única integrante del cuerpo que está desde su fundación, en 1998, y fue presidenta del mismo en dos oportunidades. Se desempeñó como jueza laboral durante más de una década, aunque se especializó en la Filosofía del Derecho. Llegó al máximo tribunal local apoyada por los sectores progresistas que por entonces se referenciaban en el Frepaso.
Abogada especialista en derecho penal, De Langhe integró la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal antes de asumir como jueza penal juvenil contravencional y de faltas en la Ciudad. Fue una de las responsables de organizar y crear el Instituto Superior de Seguridad Pública, el principal centro de formación de la Policía porteña. En 2019 desembarcó en el TSJ de la mano del radicalismo que tiene como principal referente a Daniel Angelici.
El exjuez de primera Instancia en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad es el tercer lado del triángulo que garantiza una hegemonía afín al PRO en el máximo tribunal porteño. Abogado de la UCA y con extensa trayectoria profesional y académica, fue secretario de Justicia de la Nación durante la gestión de Germán Garavano, en la presidencia de Mauricio Macri y de ese cargo saltó directamente al máximo tribunal porteño.
El integrante del TSJ es quizás a quien podría adjudicarse mayor vínculo con el peronismo, aunque también fue secretario de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Cercano al fallecido ministro de la Corte Enrique Petracci y admirador de la tradición judicial norteamericana, su postulación a integrar el tribunal surgió del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, a quien llegó a través de Juliana Marino, una de las principales figuras del peronismo porteño de entonces.