La pulseada en tribunales se empantana y otros gremios piden rediscutir salarios. El juecismo pone el dedo en la llaga en la Legislatura. La interna sectorial.
El gremio de los trabajadores del Poder Judicial de Córdoba
El prolongado conflicto que sostienen el personal de la Justicia de Córdoba ha levantado temperatura hasta convertirse en un río de magma que amenaza con erosionar los acuerdos a que habían arribado los restantes gremios estatales con el gobierno de Martín Llaryora.
Este miércoles, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) inició un nuevo paro que se extenderá por 72 horas y afectará a todas las actividades que se desarrollan en las sedes tribunalicias y sus dependencias. En tanto, el presidente del bloque del Frente Cívico en la Legislatura, Walter Nostrala, presentó un proyecto para declarar la emergencia funcional, operativa y salarial del Poder Judicial por el lapso de un año. Para la tropa de Luis Juez, la situación afecta seriamente el servicio.
Más allá de las razones específicas que esgrimen los trabajadores del sector, muchas de las cuales provienen de varios años y exceden lo estrictamente salarial, la continuidad de la puja trasciende ya los ámbitos leguleyos.
Una superposición de reclamos convergió pocas semanas después de iniciado el año judicial. Mientras el gremio y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acordaban la puesta en marcha de una reestructuración del escalafón del personal de planta, con impacto en todas las categorías, autoconvocados usualmente refractarios a la participación sindical coparon la escena con sus pedidos por mejorar el salario básico, anclado apenas por encima de $700 mil.
Sorprendida, la conducción de la AGEPJ se vio desbordada por la irrupción de un colectivo inorgánico, poco interesado en negociaciones sectoriales, pero con un claro registro de las iniquidades en una actividad donde magistrados y funcionarios perciben remuneraciones que, en promedio, superan los $6 millones.
Sorprendidas, las autoridades judiciales no encuentran aún una salida que satisfaga a las partes. Sin terminar de implementar aquel acuerdo con el gremio, hasta el momento ratifican que sólo cuentan con la partida de dinero destinado al mismo, equivalente a $587 millones por mes.
Como contara Letra P, la gestión del conflicto ha reflejado viejas internas en la Justicia. A la cabeza de una negociación sin convocatoria a la contraparte, el actual titular del TSJ, Luis Angulo, ha mostrado una postura inflexible que incluyó comunicados sobre la vigencia de acordadas que limitan el derecho a la protesta.
Enrostrando el pasado como abogado laboralista del supremo, la oposición interna, concentrada en la Sala Penal, ha repudiado dichos comunicados y envía mensajes sobre la necesidad de llegar a un acuerdo para restablecer actividades habituales.
Operadores del poder político en los pasillos tribunalicios no ocultan perplejidad ante la falta de una salida política en un politizado Poder Judicial.
Algunos de tales operadores admiten que el gobernador Llaryora sigue con atención lo sucedido, particularmente lo que expresa la Sala Penal a través del vocal y expresidente Sebastián López Peña, aunque sin movimientos ampulosos.
También reparan en el rol del Colegio de Abogados, desde hace años revitalizado como actor político y con puentes tendidos hacia el gobierno provincial. En las últimas semanas la entidad se ofreció como garante de la “institucionalidad”, mediando entre el TSJ y la AGEPJ, exhortando a las partes a “profundizar esfuerzos para alcanzar una pronta solución”.
Opositores a la actual conducción, en manos de Eduardo Bittar, adjudican tales palabras a otra racionalidad, distante de la postura gremial. En ese marco interpretan también la participación del Colegio en una mesa de negociación abierta a pedido de los autoconvocados, que será encabezada por Juan Triputti, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
Esta mesa supone una admisión del punto muerto de las negociaciones entre el TSJ y la AGEPJ, única entidad gremial homologada para negociar en nombre de los trabajadores. También enciende alarmas por la participación de una sindicación de alcance federal para un conflicto en una provincia que se jacta de su identidad opuesta al centralismo.
El gremio de los trabajadores sigue denunciando la intransigencia de la patronal, renuente a reabrir una negociación. Según reconstruyen, el diálogo se cortó luego de la asignación unilateral de aumentos salariales, que acumulan una mejora superior al 7%, muy lejos de las expectativas que hoy desbordan desde las bases.
Además, recuerdan la vigencia del reclamo de equiparación salarial al 90%” con sus pares de la Justicia Federal, “en los mismos términos de la Ley 10.106 ya aplicada a magistrados y funcionarios”. “Esto implica un incremento salarial promedio del 20% para todas las categorías”, vociferan.
Sus pedidos son acompañados por el pleno del arco sindical cordobés. Cuerpos orgánicos y la conducción de la CGT participan de sus marchas y asambleas.
Las conducciones de otros gremios estatales también perciben que la puja de sus pares ofrece un espejo en que reflejan sus propias inquietudes. Los pedidos de recomposición salarial de los empleados públicos, algunos de los cuales habían rubricado acuerdos por un año, encontraron un aliciente luego que el gobierno provincial anunciara con pompa un principio de acuerdo con Nación por la deuda adquirida por falta de transferencia de fondos a la Caja de Jubilaciones.
Fue el propio gobernador el que anticipó que avanzarían con un proyecto para recomponer las remuneraciones de trabajadores pasivos y activos de las escalas más bajas. Son los ministros quienes, dos semanas después, admiten que el dinero prometido por el gobierno nacional representa una exigua parte de lo reclamado: $60 mil millones, en pagos mensuales de $5 mil millones, sobre un total calculado en un billón de pesos.
La admisión no sólo parece tardía para apaciguar ánimos quejumbrosos. También alumbra que la economía provincial, aún con el superávit fiscal como marbete de presentación, sigue condicionada por un déficit previsional proyectado de más de $400 mil millones.
Por el momento no hay tonos dramáticos. Prima una preocupación mucho más cercana en el tiempo. Las medidas del personal judicial impacta de lleno en unidades fiscales y barandillas, primer contacto de los miles de cordobeses que siguen poniendo a la inseguridad como su principal preocupación.