Según datos de la Fundación Libertad, un legislador provincial cuesta en promedio $1.182 millones anuales. Córdoba, entre las más eficientes.
Legislatura de Tucumán.
Un informe reveló que cada legislador provincial cuesta en promedio $1.182 millones anuales. En los extremos se ubican la Legislatura de Tucumán, como la más onerosa del país; y la de Santiago del Estero, como la más barata. Córdoba, una de las más austeras, con un gasto cuatro veces inferior a la de Santa Fe.
Se trata del estudio “Gasto de las Legislaturas Provinciales 2025” elaborado por la Fundación Libertad, el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) y la Fundación Internacional para la Libertad.
El informe señala que el mantenimiento de las cámaras legislativas en las 24 jurisdicciones argentinas —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— demandará este año $1,42 billones al Estado. El estudio revela que cada legislador provincial cuesta en promedio $1.182 millones anuales, equivalentes a unos $98 millones por mes. En los extremos de la tabla se ubican la Legislatura de Tucumán, con un costo de $2.735 millones por legislador, como la más onerosa del país; y la de Santiago del Estero, con apenas $138 millones, como la más barata.
El relevamiento, que las tres fundaciones realizan anualmente desde 2018, se basó en los Presupuestos Provinciales 2025. Allí se detalla que, luego de Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires ($2.662 millones por legislador), las legislaturas más costosas son las de Chaco ($2.492 millones), Buenos Aires ($2.232 millones) y Santa Fe ($2.060 millones). En el otro extremo, además de Santiago del Estero y San Luis ($174 millones por legislador), se ubica Córdoba ($516 millones por representante). En total, los 1.199 legisladores del país le cuestan al Estado $1.416.672 millones, según los valores presupuestados para el presente ejercicio.
En promedio, el gasto legislativo representa el 1,34% de los presupuestos provinciales, aunque en algunos distritos supera con amplitud esa proporción. Tucumán, por ejemplo, destina el 3,9% de su presupuesto total al Poder Legislativo, mientras que Catamarca le asigna el 2,7% y Corrientes el 2,1%. La mayor parte de estos fondos se destina a sueldos y contrataciones: el 86% del gasto total legislativo corresponde a personal, incluyendo empleados permanentes, asesores y cargos políticos. En provincias como Santa Cruz o Río Negro, esa proporción supera el 95%.
En el marco del informe, la Legislatura de Córdoba se distingue por su nivel de eficiencia presupuestaria. Con 70 legisladores y un gasto total de $36.125 millones para 2025, el costo anual por legislador cordobés es de $516 millones, cifra que la ubica muy por debajo del promedio nacional y cuatro veces menor al gasto santafesino.
Esta diferencia es notable, considerando que Córdoba es la segunda provincia con mayor población y peso económico del país, luego de Buenos Aires, mientras que le sigue Santa Fe.
La comparación con otras jurisdicciones también resalta la austeridad del cuerpo legislativo cordobés. Mientras en Corrientes cada legislador cuenta con 72 empleados, y en Chaco con 70, en Córdoba la proporción es de apenas ocho trabajadores por legislador, lo que la convierte en una de las estructuras más reducidas del país. Ese dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que el 86% del gasto legislativo argentino se destina a personal.
Estos datos se pueden contextualizar tras el "caso Kraisman" que reavivó el debate sobre la transparencia política y los controles internos. Aun así, los números del informe diferencian los episodios individuales de la estructura general: Córdoba mantiene un perfil institucional austero, con una administración que equilibra funcionamiento, recursos humanos y gasto público.
El estudio advierte que el gasto legislativo argentino continúa siendo elevado y desproporcionado, tanto al compararlo entre provincias como frente a otros países. En España, por ejemplo, las 17 comunidades autónomas destinan en conjunto $483.486 millones a sus parlamentos, lo que equivale a menos de un tercio del gasto total argentino. El costo promedio por legislador español es de $399 millones, frente a los $1.182 millones locales.
Además, las comunidades españolas destinan en promedio el 0,21% de sus presupuestos al Poder Legislativo, mientras que en Argentina esa participación asciende a 1,34%, es decir, 6,4 veces más. En la comparación puntual, el gasto de un legislador tucumano resulta 7,3 veces mayor que el de un parlamentario de Murcia, y el de un legislador santafesino septuplica al de Galicia.
En su conclusión, el informe remarca la necesidad de que los poderes legislativos acompañen los esfuerzos de reducción del gasto público que exigen los ciudadanos y el contexto económico. “Son quienes conforman las cámaras los que deberían asumir la responsabilidad de iniciar este proceso tan demandado por la sociedad”, señala el documento.
El relevamiento fue elaborado por el equipo técnico de la Fundación Libertad, en conjunto con el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) y la Fundación Internacional para la Libertad. Estas instituciones desarrollan anualmente este estudio con el objetivo de medir, comparar y transparentar el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento de los poderes legislativos en las provincias argentinas, promoviendo así la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto público.
Gerardo Bongiovanni, periodista y economista argentino, es el fundador y presidente de la Fundación Libertad en Argentina, que cuenta con su sede en Rosario, y director general de la Fundación Internacional para la Libertad, institución creada en 2002 junto a Mario Vargas Llosa y presidida por el escritor hasta su fallecimiento.
La propia Fundación Libertad indica que "trabaja en la investigación y difusión de temáticas en el campo de las políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho".
Por su parte, el staff del CISE, que depende de la Fundación Libertad, se encabeza por el Luciano Villegas, coordinador del área de Investigaciones Económicas, y por el Lic. Javier Bongiovanni, economista senior. El equipo de investigación del informe estuvo integrado por los licenciados Joaquín Aranguiz, Delfina Barbero, Facundo Beltramone y Juan Manuel Redolfi, con la colaboración de las consultoras externas Agustina Leonardi y Delfina Arce.