El asesinato reabrió debates sobre el desempeño de Garzón y Rodríguez en causas de alto voltaje, las designaciones políticas y el funcionamiento de la Justicia.
La confirmación de que los restos hallados al sur de la ciudad de Córdoba correspondían a Agostina Vega profundizó la crisis que atravesó la Justicia provincial y colocó bajo escrutinio al Ministerio Público Fiscal (MPF). El caso impactó de lleno en el esquema institucional impulsado por Martín Llaryora y reavivó críticas contra fiscales de fuerte exposición pública.
Tan pronto se confirmó la identidad de la víctima, el Gobierno provincial intentó instalar una narrativa centrada en el hallazgo del cuerpo y en el trabajo investigativo realizado. Según esa mirada, el desenlace permitiría a la familia despedir a la niña y cerrar una etapa de incertidumbre.
Sin embargo, la constatación de un nuevo femicidio dejó rápidamente sin sustento ese enfoque. Las críticas se concentraron en las demoras iniciales para receptar la denuncia presentada por la madre y en la actuación posterior de distintos actores judiciales.
La situación también alcanzó al ministro de Justicia, Juan Pablo Quinteros, y al fiscal Raúl Garzón, quien quedó en el centro de las observaciones tras su autocelebratoria conferencia de prensa del pasado sábado.
En el sencillo escrutinio de las mayorías, que esta vez no actúan silenciosamente, los errores en el abordaje de la situación, desde la demora para tomar una denuncia a la madre de la niña hasta las baladronadas del fiscal ante la prensa, han arrinconado en la agenda pública al Gobierno.
Más costosa puede ser aún la implicancia al interior del entramado de la Justicia. Los cuestionamientos exceden a los ayudantes fiscales que actúan en las unidades judiciales y apuntan directamente a procedimientos que parecen repeler las actualizaciones a que obliga la época.
El responsable de esos procesos es el Ministerio Público Fiscal, la piedra basal del nuevo esquema que el gobernador ha diseñado y para el que ya cuenta con una mayoría automática.
Los dardos también apuntan a las coyunturas de ese diseño, donde juegan un rol clave tanto el mencionado Garzón como Iván Rodríguez, el fiscal que interviniera hace un año en una denuncia similar contra el sindicado femicida Claudio Barrelier.
Ambos son nombres clave en otras causas de gran resonancia y son los apuntados por la oposición, que impulsa su destitución vía juicio político.
En los últimos 13 años, por las manos de Garzón pasaron otras tres investigaciones de alto impacto social y político. La primera fue el acuartelamiento de la Policía, en diciembre de 2013. Aquella fue una experiencia traumática que marcó un quiebre en las relaciones políticas entre el cordobesismo y el gobierno de Cristina Kirchner.
Tres años después, otro diciembre, tomaría la instrucción de un asalto comando en una casa de barrio Cofico, a pocas cuadras de donde habría sido asesinada Agostina. En aquella oportunidad, un selecto grupo de políticos, jueces y vocales del Tribunal Superior de Justicia disfrutaba una opípara cena.
En 2022 le asignarían, por gestión directa del por entonces jefe del MPF, Juan Manuel Delgado, la investigación de la sucesión de muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.
La resolución de los procesos no colmó las expectativas. La causa por la sedición policial terminó con 52 condenas, todas con prisión condicional. La investigación del asalto a los funcionarios judiciales culminó con la absolución de los seis acusados, entre los que había policías. En el caso de la muerte de bebés todo el peso cayó sobre la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua. Pese a la mención de violencia institucional por parte del Tribunal, Diego Cardozo, ministro de Salud de Juan Schiaretti, resultaría absuelto.
Las críticas formales tuvieron menos eco que las políticas. Dentro y fuera de Tribunales se adjudicó a Garzón una escasa voluntad de avanzar en las ramificaciones de cada hecho con el poder político, ayer y hoy en manos del peronismo cordobesista. La misma oposición que quiere enviarlo a jury lo considera un garante del statu quo.
Aún así, abogados y pares consideran al funcionario como “serio y trabajador”. Quienes le reconocen tales atributos también manifiestan sorpresa por el tono provocador empleado en la conferencia de prensa del pasado sábado. “Ocupó la centralidad exclusiva”, remarcan.
Las mismas voces difieren sobre la intención de este accionar: para algunos dio rienda suelta a la egolatría, para otros intentó proteger al ministro Quinteros, convertido en un privilegiado espectador de la exposición, a quien muchos reclamaron que cumpliera con su habitual sobreexposición para contener a la familia afectada.
Esa exposición dejó en claro que la instrucción de esa y todas las causas corresponde al MPF. Tal mensaje coincide con lo que expresan múltiples actores del Poder Judicial, deseosos de marcar distancias con el Ejecutivo.
Curiosamente, ni el titular del Ministerio Público, Carlos Lezcano, de vacaciones, ni sus adjuntos estuvieron a su lado. Lectores de ocasión no dejaron pasar el mensaje. Fuentes del órgano que define la persecución penal asumieron con una intención opuesta a lo que transmitieron las respuestas de Garzón: acercar el servicio de Justicia a la gente.
Con todo, en Tribunales nadie apuesta por el éxito del jury. El peso específico del funcionario y aquellos antecedentes en causas de impacto político podrían ponerlo a resguardo. También la aún inexpugnable mayoría con que cuenta el oficialismo en la Legislatura.
Tampoco asignan mayores chances al proceso contra Rodríguez, por liberar a Barrelier en el hecho antecedente al femicidio de Agostina, a quien ubican en cercanías al peronismo.
La disquisición toma como referencia aquellas investigaciones sobre lo sucedido en el Hospital Neonatal. El cuestionado fiscal decidió cerrar una investigación contra su par Guillermo González y autoridades de la institución, por presunta omisión de deberes de funcionario público.
La denuncia había sido presentada por Garzón, bajo entendimiento de que los directivos prefirieron mantener encuentros informales para definir una línea de acción propia antes que actuar según sus obligaciones, lo cual de por sí debía motivar la promoción de acción penal por parte de González.
Cuatro años después, Rodríguez se apresta a jurar como adjunto en la Procuración Penitenciaria, el órgano creado en diciembre pasado con el objeto de “tutelar y proteger los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad”.
En tal función, recibirá una remuneración de $15 millones mensuales, equivalente a la que percibe un vocal del TSJ, gozando además de permanencia vitalicia.
Más importante aún, podría quedar al reparo de estas tempestades.
Junto a Rodríguez, como secretaria técnica de la Procuración, se sentará Melani Mattía, esposa de Juan Carlos Fernández López, el juez de Control que confirmó la elevación a juicio de la enfermera Brenda Agüero.
A Fernández López también se lo tiene presente por su decisión de hacer lugar a un habeas corpus interpuesto por vecinos de la capital por sentirse “víctimas de agrupaciones que se han apropiado del espacio público para realizar reclamos y manifestaciones grupales”. Su resolución, que demanda a los poderes del Estado “hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales”, es la base del “protocolo” para la regulación de la protesta social.
En 2019, José Gómez Demmel, el hombre de Schiaretti en el MPF, asignó a Garzón la actuación ante posibles delitos cometidos en manifestaciones sociales.
Desde 2023, su par González es uno de los dos designados para la misma tarea. El contraste entre ambos se amplía por sus disímiles abordajes sobre la violencia de género: mientras el segundo es parte de programas integrales en la materia, al primero se le achaca la falta de perspectiva específica en el caso Agostina.
La exposición de lazos y diferencias en la Justicia no suele rankear entre los intereses ciudadanos. Hechos aberrantes como el femicidio de una niña revierten la tendencia rápidamente y conducen a encuestas que ubican al Poder Judicial como el de peor imagen.
En la apertura del año judicial Domingo Sesín, presidente del TSJ, consideró que tales estadísticas no reflejan la realidad, "sino sólo fragmentos, que muchas veces responden a intereses sectoriales y que se difunden por la prensa y las redes sociales”.
En esos mismos canales, sobre los restos de una niña, se vuelve a pedir a la Justicia un pronunciamiento “de gran calidad, juridicidad y humanidad”.
