“Muevo yo, Martín Llaryora ”. En una reminiscencia ochentosa del viejo Fútbol de Primera, el flamante gobernador de Córdoba tardó menos de 48 horas en jugar fuerte y lo hizo tomando como bandera un tema por demás sensible como la seguridad. Con el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, como principal ladero, lanzó un guiño a la “idiosincrasia” de la Legislatura y envió un proyecto que apunta a diferenciarse de Juan Schiaretti con el consenso y el mayor respaldo posible. Por peso, simbólico y político, el flamante mandatario juega un primer partido chivo del que confía en salir airoso.
Tanto en sus años como integrante del Ente Regulador de Servicios Públicos como en su paso por la Legislatura provincial, Quinteros fue uno de los principales opositores a las administraciones de José Manuel de la Sota y Schiaretti. Desde la difícil tarea de construir acuerdos en un espacio hegemonizado por el oficialismo logró convertirse en una referencia parlamentaria, hecho que le permitió lanzarse a la intendencia y enfrentar tanto a Llaryora como a Daniel Passerini.
A partir de esa experiencia, el cordobesismo sabe que tendrá en el ministro a un jugador con pie templado que arrancará el juego cuando asista al recinto a presentar el detalle del plan de Seguridad que ingresó al cuerpo el martes por la tarde. La idea es que Llaryora arranque su campeonato ganando de local. Los votos están, aseguran. Aunque agregan que "mientras más sean", mejor.
Primera vuelta de rosca
Como sabe que tendrá la cancha muy marcada, aunque con una leve superioridad en virtud de un trabajo de hormiga que le permitió minar algunas bancas opositoras, Llaryora comprendió necesario trabajar de manera abierta en la instalación de la temática. Lo hizo con una serie de movimientos que pusieron el tema en la agenda provincial, casi por encima de cualquier otra discusión de las que se superponen en tierras mediterráneas.
“Se trata el 20”, afirman en la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba ante la consulta de Letra P. Los tiempos, no obstante, no ayudan. Sin convocatoria a sesiones extraordinarias en el horizonte, el calendario marca que quedan dos encuentros antes de bajar la persiana: el miércoles 20 y el miércoles 27 de diciembre. “En la campaña hablaron de seguridad por todos lados. Desde pedir las fuerzas armadas hasta reclamar el traspaso de 10.000 policías a la ciudad. Sería medio raro que ahora miraran para otro lado”, rezan en los corrillos de la Unicameral.
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Más optimista, el llaryorismo más puro asegura que “entra el 20 y se aprueba el 20”. “Si la oposición no acompaña, tendrán que dar las explicaciones correspondientes”, sostiene. No obstante, fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio indicaron que esperan la letra chica para definir el acompañamiento. Ahí es donde podrían aparecer algunas diferencias, que en el oficialismo descuentan como "menores".
“A primera vista, es descargar la responsabilidad de un tema tan importante en los municipios”, explica un integrante de la mesa chica del interbloque opositor mayoritario, que no tardó en remarcar que la norma evidencia “el fracaso de 25 años de políticas de seguridad”. La referencia es a la creación de guardias locales, algo que en primera instancia recibió el beneplácito de los intendentes de las ciudades más grandes de la provincia. Por cierto, todos oficialistas.
En un comunicado que, en tiempo real, salió casi en paralelo a la oficialización del plan, el legislador radical Dante Rossi sostuvo que “el proyecto recepta muchas de las iniciativas que venimos planteando”. No obstante, aseguró que “se perdieron cuatro años por no tratar a la seguridad como un problema de Estado”. “Sobre muchas de las cosas planteadas en la iniciativa le pedimos el copyright, lamentando el tiempo perdido”, señaló el boina blanca disidente que tiene su propio bloque llamado Córdoba Avanza. “En estos últimos años creyeron que estaban haciendo todo bien y que éramos una de las provincias más seguras de Latinoamérica”, golpeó.
Más allá las expresiones individuales, todos saben que la legitimidad del programa crecerá a partir del "nivel de acompañamiento” que se pueda conseguir en el recinto. “De eso depende la salud y la fortaleza de la ley”, afirman en el oficialismo anticipándose a días con mucho cafeteo y lapicera. Sin embargo, por lo bajo advierten que si los números se ajustan la legitimidad se conseguirá cuando el plan esté funcionado.
Una convivencia compleja
De cualquier manera, las primeras señales de convivencia parecen mostrar que los chispazos estarán a la orden del día en virtud de la extrema paridad en las bancas. Prueba de ello fue lo sucedido en la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, que enfrentó por primera vez al oficialismo y la oposición.
El interbloque de JxC se levantó del plenario luego de que el presidente de la bancada de HUxC, Miguel Siciliano, “invitara” a Alejandra Ferrero, titular del espacio opositor, a retirarse. La razón principal tiene que ver con el funcionamiento adoptado por la oposición, que no se condice reglamentariamente, según Siciliano, con las normas de la Unicameral.
“Dijo que desconoce la existencia del interbloque. Que en labor parlamentaria sólo pueden estar los presidentes de bloque", explican en el cambiemismo, donde encuentran una explicación política al asunto: "Tuvimos tres reuniones de labor parlamentaria y ahora, después de los carteles que pusimos por el tema del Tribunal de Cuentas, nos niegan la existencia".
Ese espacio, de hecho, produjo la primera observación concreta a la normativa, incluso antes de tener acceso pleno al texto propuesto. Se trata del legislador de la Coalición Cívica - ARI Gregorio Hernández Maqueda, que anticipó la presentación un proyecto de ley para facultar a todos los fiscales a investigar causas de corrupción en el Estado provincial. "Hay que ir por la delicuencia VIP", aseguró el lilito, que cuestionó abiertamente el funcionamiento del Fuero Anticorrupción, el organismo creado en 2003 por De la Sota que tiene la exclusiva potestad y facultad de avanzar sobre las causas de corrupción en la provincia.
Agua de las piedras
En las primeras declaraciones públicas en torno al proyecto, Quinteros se refirió a la creación de un cuerpo de auxiliares de seguridad, remarcando que la asistencia provincial será en torno a la entrega de móviles y armas no letales. La capacitación, a realizarse en un instituto creado a tal fin, y los salarios de los futuros efectivos correrán por cuenta de los municipios. Allí puede aparecer un problema para las administraciones locales en contexto de crisis. “Nos elevan el número de aspirantes, los capacitamos y después será el municipio que adhiera a la ley el que resuelva cómo se hará cargo de los salarios", se ataja el oficialismo.
De cualquier manera, el fondeo será uno de los tópicos clave en la presentación que Quinteros tendrá en el recinto. Con la letra chica en la mano, el “toma y daca” parlamentario será central a la hora de negociar el aval a la normativa.
En las primeras apariciones públicas como flamante intendente de la capital, Passerini ya dijo que quiere el sistema de guardias locales funcionando en marzo. En movimiento espejo, otras ciudades de peso en la geografía provincial también se subieron al proyecto. Tal es el caso de Villa María, donde Eduardo Accastello comenzó su cuarta intendencia con un diagnóstico de emergencia.
En campaña, Marcos Torres Lima, intendente reelecto de Alta Gracia, también tuvo una postura similar. Otro que se sumaría a los pedidos es San Francisco, ciudad de origen del gobernador. Según pudo averiguar Letra P, la semana que viene habrá contactos entre el intendente Damián Bernarte con la cúpula de seguridad provincial para avanzar en el tema.
