Martín Llaryora arrancará su gestión al frente del gobierno de Córdoba con el envío a la Legislatura de uno de sus planes más ambiciosos, la reforma del sistema de Seguridad en la provincia. En la próximas horas, el proyecto ingresará a la Unicameral, donde la bancada oficialista buscará tratarlo de inmediato, empujando los consensos necesarios para que el flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pueda comenzar su trabajo al frente de una de las áreas más sensibles en la gestión mediterránea.
El proyecto habilita la creación de guardias locales de prevención y convivencia, contempla la participación de privados, establece un plan provincial de desarme, fija la realización de un narcotest para todo el funcionariado y legisladores y seis nuevas Fiscalías Antinarcótivos en el interior provincial y 12 nuevas fiscalías criminales en la Ciudad de Córdoba.
La reforma
Tras tomar juramento a su gabinete, Llaryora dispuso este martes el envío del proyecto de Ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que brinda el marco jurídico necesario para la implementación de “un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.
Según se desprende de la información que se dio a conocer desde la renovada oficina de prensa de la gobernación, entre los aspectos destacados se encuentra la creación de las Guardias Locales, que prevé la incorporación de “agentes locales” que, previa capacitación y certificación, podrán hacer uso de armas no letales.
Los equipos que trabajarán en la seguridad provincial también incorporarán auxiliares de la Policía de Córdoba que llevarán a cabo diferentes estrategias comunitarias “de aproximación a los vecinos”.
Nuevas ficalías
Otro de los puntos destacados del proyecto es la creación de Fiscalías Antinarcóticos en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y Ciudad de Córdoba, duplicando la cantidad existente en la actualidad.
En el mismo sentido, se buscará profundizar “el plan de territorialidad” del Ministerio Público Fiscal con la creación de otras 12 Fiscalías Criminales de distrito de la capital provincial.
La normativa incorpora las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
También se creará un instituto para asistir en la planificación de las políticas de seguridad, que estará encargado de elaborar, controlar y evaluar la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad.
El Instituto estará integrado al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC), que fue creado en 2008, durante la primera gestión de Juan Schiaretti.
Guardias locales y gestión privada
Tal como lo había adelantado el gobernador durante la campaña, las municipalidades y comunas estarán habilitadas para constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia con el objetivo de “colaborar en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones”. El dato, que promete actualizar un debate en la provincia, es que los integrantes de estas fuerzas locales podrán usar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.
Entre sus funciones y atributos se encuentran los de “disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales”.
En toda la provincia también se podrán contratar los servicios de “empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales”. Los servicios de estas empresas podrán también ser requeridos por “clubes, sindicatos o gremios que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos y recreativos”.
En la reglamentación de la ley, está previsto que las empresas también podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia.
Desarme, cámaras y narcotest
El proyecto enviado al Poder Legislativo también establece la estimulación del plan de desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
También exige que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en “bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos” estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la provincia; con el objetivo de “aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso de videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones”.
Por último, trasladando una disposición que Llaryora ya había establecido como criterio en su paso por la Municipalidad de Córdoba, el proyecto exige a los funcionarios la presentación de un “certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”.
El narcotest será obligatorio para quienes desempeñen funciones por elección popular, pero también para los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y “toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados”.
