Pedirá investigar si funcionarios pagaron coimas para sancionar la ley Bases. Espínola, Crexell y la dupla de Misiones, en la mira. El FIT apoya la bicameral.
El kirchnerismo prepara denuncias y busca una condena por dádivas tras la expulsión de Edgardo Kueider
La detención y expulsión del exsenador Edgardo Kueider es para el kirchnerismo la punta del iceberg de un posible caso de dádivas del gobierno de Javier Milei, que podría derivar en funcionarios condenados a prisión. En ambas cámaras del Congreso preparan presentaciones judiciales para abrir una investigación sobre un presunto toma y daca para conseguir votos para la ley Bases.
La otra consecuencia, no menor, podría ser nuevas que se aprueben más expulsiones en el Senado. La salida de Kueider dejó un antecedente: el cuerpo puede echar a un miembro sin recibir un documento. Alcanza con una investigación judicial en curso. En paralelo, en Diputados seguirá la presión por tratar el proyecto de Santiago Cafiero para crear una comisión investigadora sobre la negociación de la ley Bases, con objetivo de anularla en caso de comprobarse coimas.
Los planteos en la justicia de Unión por la Patria se sumarán a la denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), quien presentó un escrito ante la Justicia para que se investigue un posible enriquecimiento ilícito del exsenador que había intentado ingresar con 200 mil dólares sin declarar a Paraguay.
Los problemas judiciales en el vecino país reavivaron la causa local por enriquecimiento ilícito que investiga a Kueider por presuntas coimas a la empresa a la empresa de Securitas AB, cuando era funcionario del gobierno de Entre Ríos. Este martes la jueza Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto a Paraguay para pedir la extradición del legislador.
El jueves pasado, minutos después de que Arroyo Salgado solicitara el desafuero y la detención de Kueider, el Senado aprobó su expulsión por idoneidad moral, con la mayoría especial requerida. El jefe de UP, José Mayans, sugirió que pudo haber una dádiva en el cambio de posición del entrerriano para firmar el dictamen de la ley Bases, que en el recinto se aprobó con lo justo: hubo empate en 35 y definió Victoria Villarruel.
"A las 10 me dijo que votaba con nosotros; a las 11 votó con ustedes. ¿Qué le dieron a Kueider para cambiar de opinión?", se preguntó el formoseño en la sesión de la semana pasada. En ese entonces, el entrerriano no explicó los motivos, pero se supo que en esos días logró la designación de funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de la Salto Grande.
Para UP, de comprobarse que los cargos conseguidos por personal de Kueider fueron a cambio de votar la norma emblema de Milei, se trataría de un claro delito de dádivas, penado con hasta seis años de prisión en el Código Penal. Además, en la presentación que trabajan abogados del bloque del Senado se solicitará investigar si existe un vínculo entre la negociación por la ley Bases y el supuesto enriquecimiento del entrerriano.
El último dato conocido de la causa que se instruye en Paraguay es que la secretaria del exsenador -detenida junto a él- intentó comprar cinco departamentos en en ese país en julio pasado, justo después de sancionar la ley de Bases. En ese momento, el exsenador había reconocido durante una entrevista a Letra P que el asesor Santiago Caputo le ofreció presidir la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.
Mayans anunció que también pedirán investigar si hubo coimas para cambiar el voto del correntino Carlos Espínola, quien este miércoles no descartó ser candidato a gobernador de Corrientes por LLA, donde nadie le abre el juego . "Nunca explicó por qué pasó o por qué votó, pero era muy amigo o es muy amigo de Kueider", planteó el jefe de UP. La tentación del peronismo por la banca del correntino es que tiene mandato hasta 2027 y su eventual reemplazo sería Ana Almirón, de La Cámpora, con mandato hasta 2027.
Durante las negociaciones, se especuló con beneficios a Espínola con cargos en la represa binacional Yacyretá, que recién conseguía los próximos días. Mantuvo los que ya tenía, lo que no es poco. Mayans también pidió investigar las negociaciones que permitieron el voto a la ley Bases de la dupla de Misiones en el Senado (Oscar Arce y Sonia Rojas Decut), quienes ganaron sus bancas con la boleta de Sergio Massa y responden a Carlos Rovira, legislador y líder del gobierno provincial.
En Diputados, uno de los juristas del kirchnerismo que integra la bancada Unión por la Patria comenzó a recolectar información para acercar a la Justicia. A los planteos de Mayans sumó posibles dádivas para torcer el voto de Mónica Silva, quien responde al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck; y a la neuquina Lucila Crexell, quien antes de la sesión admitió que Caputo le había ofrecido la embajada de la Unesco para que votara a favor de la ley Bases.
El pliego nunca llegó, pero Crexell luego se integró al bloque Provincias Unidas, armado desde la Casa Rosada por el asesor estrella, que preside Espínola e integraba Kueider. En la cámara baja está presentado un proyecto de Cafiero para armar una comisión bicameral para investigar las negociaciones de la ley Bases y detectar posibles coimas. La iniciativa tuvo respaldo de todo el bloque, pero necesita el voto de otra bancada para prosperar.
Este miércoles el excanciller y el jefe de su bloque Germán Martínez se reunieron con Myriam Bregman, exdiputada de la izquierda, para sumar apoyo. "Que LLA y el PRO no cajoneen el proyecto en sus comisiones. Si no tienen nada que ocultar que se investigue si hubo sobornos en la aprobación de la Ley Bases", pidió Cafiero. El plan, de prosperar la comisión y detectarse dádivas, es pedir la anulación de la norma.
Un dato de color es que no quiso firmar el proyecto el diputado Gustavo Bordet, histórico padrino de Kueider y quien era gobernador cuando se negociaron los contratos con Securitas AB investigados en la justicia. En el peronismo entrerriano creen que un posible enriquecimiento del exsenador fue posible en esos años y no en los últimos meses. No hay mayor interés en proteger al exmandatario.
Las presentaciones judiciales recién llegarían en febrero y en UP creen que de prosperar, podrían desfilar por Tribunales Caputo -quien no tiene cargos y no le cabría penas como funcionario-, Guillermo Francos y funcionarios de segundas líneas vinculados a organismos en los que desembarcaron supuestos nexos con los senadores que votaron la ley Bases.