El otorgamiento de una suma fija para reforzar los salarios deprimidos por la inflación generó caos en medio de la campaña oficialista. El ministro y candidato Sergio Massa buscó el golpe de efecto el domingo pasado y anunció el pago del bono en el marco de un paquete de medidas para paliar los efectos de la devaluación. A sólo 48 horas, 14 gobernadores se agarraron la billetera, incluso los propios, y la medida se transformó en un tiro por la culata para las pretensiones de Unión por la Patria. Mientras el Palacio de Hacienda se mantiene en silencio, algunas gobernaciones niegan un desplante y aseguran que la razón de la negativa es que ya otorgaron el beneficio en paritarias. En todos los casos, subyace una molestia generalizada: cuestionan que la acción fue inconsulta y que no hubo coordinación.
En el mensaje difundido el domingo pasado, el titular de la cartera económica "invitó" a las provincias y municipios a "hacer el esfuerzo" para sumarse al pago del bono que gozarán trabajadores del sector privado y el sector público nacional en dos cuotas, no remunerativo y a cuenta de futuras paritarias. De a una, San Juan, Chaco, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires fueron presentando sus razones para no acompañar. Al mismo tiempo, la iniciativa dividió las aguas en las intendencias peronistas y un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio le pidieron un "fondo extraordinario" a Massa para afrontar el pago.
Distintas fuentes provinciales afirmaron a Letra P que no hubo llamado previo del titular de la cartera económica a las gobernaciones "ni antes ni después de las medidas". La mayor crítica se la llevó Eduardo de Pedro. "La coordinación tendría que haberla hecho el ministro del Interior o en su defecto el jefe de campaña, que es la misma persona", dijo un vocero del Norte Grande. El malestar es similar en las intendencias, en las que calificaron el anuncio de "desastre" y se quejaron de la imprevisibilidad.
Punteo
Las paritarias provinciales en curso fueron el argumento esgrimido en la mayoría de los casos. En el caso de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil dijo en una entrevista radial que su administración "ya está pagando un bono de 40.000 pesos" y que la próxima semana continuará la discusión salarial en paritarias. La provincia norteña se contaba como uno de los distritos que se despegaron de la medida, sin embargo este miércoles el presidente Alberto Fernández, con Jalil a su lado, marcó en un acto oficial que Catamarca sí participaba de la medida.
En Chaco, el ministro de Gobierno provincial, Juan Chapo, afirmó que "se tomaron decisiones (para acompañar el salto inflacionario) antes de los anuncios (de Massa)" y que fueron definidas en conjunto con los gremios del sector público. En La Pampa, Sergio Ziliotto también ató la paritaria de sus empleados a la inflación días atrás.
En otros casos, la manera de destrabar la situación sería una negociación entre la Nación y las provincias. En una gobernación señalaron ante la consulta de este medio que hay contactos con el ministro de Economía para garantizar la suma de $60.000. Sin embargo, en Hacienda dejaron trascender versiones acerca de que se respetaría la autonomía de las provincias que resolvieran no abonar el bono. En otra provincia, confiaron a Letra P que la suma fija y los acuerdos paritarios locales son "cosas distintas" y calificaron de "absurda" la discrepancia.
Massa estuvo reunido este martes con el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná y candidato a la gobernación, Adán Bahl, en Buenos Aires. El titular de Aduana, Guillermo Michel, y el secretario de Agroindustria, Juan José Bahillo, estuvieron presentes. Parece difícil que no hayan conversado al respecto. Entre Ríos jamás otorgó sumas fijas. Michel, mano derecha del ministro, es candidato a diputado en la lista que encabeza Bordet. El salteño e íntimo del candidato oficialista, Gustavo Sáenz, también estuvo en Buenos Aires este martes.
El candidato presidencial de Unión por la Patria viajará a Entre Ríos y el viernes estará presente en la celebración del Día de la Industria que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA), otro férreo reticente a abonar el extra a los trabajadores del sector privado.
Karma
La suma fija para socorrer los ingresos de los segmentos más bajos de la pirámide salarial fue un reclamo permanente del kirchnerismo durante el gobierno del Frente de Todos, en especial tras la derrota en las legislativas de 2021. En el inicio de su gestión, el Presidente otorgó un extra de $20.000. Luego, el entonces ministro Martín Guzmán lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el trabajo informal durante la pandemia de Covid-19, pero la suma fija no volvió.
Con Massa en el Palacio de Hacienda, el kirchnerismo presionó por la medida, convencido de que tiene un impacto favorable para amortiguar la desigualdad salarial. Entonces, en el círculo cercano al titular de Economía aseguraban que se trataba de una medida inflacionaria, porque generaba un aumento de la circulación de pesos en la calle y alimentaba la tendencia a la dolarización, una crítica clásica de la economía ortodoxa.
La CGT siempre opuso resistencia a las sumas fijas. Los caciques sindicales cuestionan que achatan las escalas salariales y entronizaron a las paritarias como el instrumento fundamental para la recomposición de ingresos. Consideraban, además, que en los municipios hacía falta un umbral de salarios que estableciera un piso y veían difícil la predisposición de las intendencias al pago, como terminó ocurriendo en muchos casos en territorio boanerense. No obstante, este domingo, apenas anunciadas las medidas, difundió un comunicado de apoyo.
El jefe de Estado buscó contrarrestar el efecto mediático y el malestar entre gobernadores. "Para que a nadie lo confunda, ¡No es un plan platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es. No es otra cosa! La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años", disparó Fernández este miércoles en Catamarca.
En pleno camino hacia las elecciones generales de octubre, la negativa provincial de los mandatarios peronistas de sumarse al pago de sumas fijas parece tener muchos matices en términos económicos, que incluso pueden arrojar un impacto diferenciado en el bolsillo de la clase trabajadora. Lo que quedó en evidencia sin ambages es el tropezón político de la campaña oficialista, que por falta de coordinación transformó un tiro al arco adversraio en un gol en contra.
Con informes de: Gabriela Pepe, Juan Pablo Gavazza y Laura Terenzano
