El intendente analiza quitar el capítulo que habilita la cesión de terrenos. La oposición desconfía y el proceso avanza, cuestionado. El poroteo en el Concejo.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, presentará en los próximos días una reformulación del plan de desarrollo urbanístico del Cerro Catedral sin el capítulo que habilita la venta de las tierras. El movimiento busca permear en la resistencia vecinal, aunque la oposición en el Concejo Deliberante desconfía de sus intenciones. Los votos para aprobarlo, por ahora, no están.
El capítulo 8, que propone ceder tierras municipales a la concesionaria Catedral Alta Patagonia (Capsa) a cambio de apenas el 8% del valor generado por el desarrollo inmobiliario, desaparecerá del texto, según confirmaron a Letra P desde distintos bloques del concejo. Sobre este punto la Carta Orgánica Municipal es explícita: esas tierras son una "porción inalienable" del patrimonio de la ciudad y su transferencia está prohibida. Para la oposición, sin embargo, eso no alcanza.
El movimiento es político antes que técnico. Cortés necesita ocho votos, dos tercios del Concejo Deliberante, para aprobar una ordenanza de rango 1, y hoy no los tiene. La oposición, lejos de leer el cambio como una concesión, lo interpreta como una maniobra. El proyecto, con o sin el capítulo 8, enfrenta cuestionamientos sobre el proceso y una mayoría opositora que por ahora no cede.
Como contó este medio, en la principal ciudad de Río Negro las aguas se dividen con respecto al desarrollo económico y el impacto ambiental de la iniciativa del grupo Trappa, luego de que en 2018 el Legislativo local aprobara extender por 30 años más la concesión del cerro a la empresa del holding y la habilitara a desarrollar el plan de infraestructura que hasta ahora no logró avanzar por el rechazo ciudadano.
La decisión de sacar el capítulo que genera la principal resistencia no es menor. Esa sección del plan propone que el municipio ceda el dominio de las tierras a Capsa a cambio de una contraprestación equivalente al 8% del precio de venta final de cada lote, o alternativamente 10 dólares por metro cuadrado vendible. En otras palabras: el municipio se quedaría con menos de una décima parte del valor generado por el desarrollo inmobiliario en sus propias tierras.
Para la oposición, eliminar ese capítulo no cambia el fondo del problema. "Cortés no dio ni un solo indicio de querer cambiar lo que piensa de la venta: lo de ahora es un giro estratégico frente a la resistencia del pueblo", advierte el concejal Leandro Costa Brutten, de Incluyendo Bariloche.
En su lectura, el verdadero riesgo no es el capítulo 8 sino el proyecto en sí. Entiende que aprobar parámetros urbanísticos para el Catedral ya le daría a Capsa argumentos para reclamar judicialmente al municipio por incumplimiento de contrato. El paso siguiente en esa estrategia, según el edil peronista, sería eliminar la inalienabilidad de las tierras en la inminente reforma de la Carta Orgánica.
Cerca del intendente sostienen, sin embargo, una lectura distinta. La venta de tierras desaparecerá del proyecto y en la audiencia pública convocada para el 21 de mayo solo se tratará lo que surgió del Consejo de Planificación Municipal. “Parámetros urbanísticos, nada más”, sostienen. La oposición agrega otro reparo porque el proyecto reformulado aún no está presentado.
Por ahora, aseguran, no hay nada que discutir.
El problema no es solo el contenido del proyecto, también el proceso con el que se llegó hasta acá. El 9 de febrero pasado se reunió el Consejo de Planificación, un organismo consultivo por el que deben pasar los proyectos de envergadura, en medio de cuestionamientos por irregularidades. Tras un cierre intempestivo, los colegios profesionales, las cámaras empresariales y las juntas vecinales pidieron la nulidad y reclamaron una nueva reunión antes de avanzar.
El Ejecutivo ignoró ese pedido. "El intendente decidió, pese a todos los reclamos, hacer un llamado a audiencia pública" para informar sobre el proyecto antes de que llegue al Concejo, señaló en declaraciones a Voz Radio Alicia Albandoz, titular en Bariloche del Colegio de Arquitectos de Río Negro. La integrante del CPM denunció que el dictamen técnico del organismo no existe. "Entendemos que ese dictamen no está y es el insumo básico para un llamado a audiencia pública", advirtió.
Esa irregularidad abre la puerta a la judicialización. Algunos sectores opositores ya evalúan presentarse ante los tribunales para frenar la audiencia del 21 de mayo."Para nosotros está terminado, para ellos no", deslizó una fuente del Ejecutivo, en referencia a quienes impulsan esa vía.
En ese marco, esta semana dos referentes de la industria del esquí defendieron en el Concejo el avance del plan. Cristian Dangavs, de la Asociación Empresarial del Área Catedral, y Martín Bacer, presidente de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, expusieron sobre la necesidad de invertir en cañones de fabricación de nieve para garantizar la viabilidad del cerro ante el cambio climático.
El año pasado, por primera vez, no hubo nieve natural en la montaña y la temporada se sostuvo gracias a la nieve artificial. Pero nada de eso figura en el proyecto que se discutirá el 21 de mayo, que no incluye ninguna referencia a inversiones en infraestructura de nieve ni en medios de elevación. Dangavs lo reconoció ante los concejales y propuso que ese compromiso se exija en el mismo acto de aprobación de los parámetros. Por ahora, no está escrito en ningún lado.
El mapa legislativo es el obstáculo más concreto que enfrenta Cortés. Para aprobar una ordenanza de rango uno necesita ocho votos sobre 11. Hoy no los tiene, y la reformulación del proyecto no parece modificar ese escenario, al menos por ahora.
La oposición reúne voluntades firmes en distintos bloques. Costa Brutten y Julieta Wallace, de Incluyendo Bariloche; Facundo Villalba, de Primero Río Negro; y Roxana Ferreyra, de Nos Une, rechazan el proyecto. A ellos se suma Tomás Hercigonja, del bloque oficialista PUL, que en este tema no acompaña al intendente.
Se descuenta que los otros dos votos del PUL, María Coronado y Gerardo Del Río, apoyarán el proyecto del intendente. Samanta Etechnique, del PRO, cuestiona la redacción. Y Lucas Pérez, de Bariloche Suma, no tiene una postura definida pero es poco probable que acompañe si el proyecto no tiene licencia social.
Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli, de Juntos Somos Río Negro, no cierran la puerta de la misma manera. Ferrari está a favor de dar parámetros al cerro, en contra de ceder las tierras, y acompañaría una reformulación bien planteada. Totonelli, según intervenciones públicas, condiciona su voto a respuestas técnicas que el Ejecutivo todavía no dio sobre infraestructura, servicios e impacto ambiental.
La audiencia pública del 21 de mayo es obligatoria pero no vinculante. Lo que ocurra allí no obliga al Legislativo a votar nada. Y en el Concejo, por ahora, Cortés no tiene con qué obligar a nadie. El desenlace del proyecto más controvertido de su gestión sigue abierto.
