Kicillof buscará cubrir cuatro vacantes del máximo tribunal. Requisitos constitucionales, prioridades políticas y paridad de género. Negociaciones en otoño.
La Provincia de Buenos Aires buscará cubrir cuatro vacantes de la Suprema Corte de justicia en 2026.
La provincia de Buenos Aires encara en 2026 uno de los desafíos institucionales más complejos de los últimos años: completar la integración de la Suprema Corte de Justicia, que desde 2024 funcionó con apenas tres de los siete miembros que establece la Constitución provincial.
Las vacantes se acumularon por la jubilación de Luis Genoud en junio de 2024, las renuncias de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, y el fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020, dejando al máximo tribunal en situación extraordinaria de funcionamiento.
El año judicial 2025 estuvo marcado por avances importantes en la cobertura de cargos judiciales de primera y segunda instancia, pero la discusión sobre la Corte fue relegada a una negociación política más amplia que se espera se intensifique en marzo de 2026, tras el receso judicial.
El objetivo es arribar a acuerdos suficientes que permitan cubrir las cuatro vacantes antes de la mitad del año y así recomponer la institucionalidad del tribunal.
El camino para completar la Suprema Corte bonaerense es de carácter político-institucional y está establecido principalmente por la Constitución de la provincia (artículos 175, 177 y 181 y concordantes). A diferencia de los jueces de primera instancia, cuyos nombramientos se hacen por concurso a través del Consejo de la Magistratura, para integrar la Corte el proceso no pasa por ese organismo.
Los candidatos deben cumplir requisitos específicos: nacionalidad argentina o hijo de ciudadano nativo; título de abogado expedido por una universidad nacional o debidamente revalidado; tener entre 30 y 70 años al momento de la designación, y acreditar al menos diez años de ejercicio profesional o en magistratura.
El procedimiento se inicia con la propuesta del Poder Ejecutivo, que elige y propone un nombre o una terna de candidatos para cada vacante. Luego, los pliegos deben ser remitidos al Senado provincial para tratamiento en sesión pública, donde se requiere mayoría absoluta para aprobar el acuerdo. Este mecanismo político-institucional implica que las negociaciones parlamentarias y las alianzas políticas serán piezas centrales del proceso.
Una vez que el Gobernador firma el decreto con la propuesta de un candidato a la Suprema Corte, el pliego ingresa formalmente por la Mesa de Entradas del Senado bonaerense y se publica en el Boletín Oficial y en diarios de amplia circulación. Tras la publicación de antecedentes, se abre un plazo para que ciudadanos, ONGs y entidades profesionales presenten observaciones o impugnaciones fundamentadas.
En la Cámara alta, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) cumple un rol clave: evalúa el legajo del candidato, verifica cumplimiento de los requisitos constitucionales y examina las eventuales impugnaciones. También cita al postulante a una entrevista donde los legisladores, de todos los bloques, pueden interrogarlo sobre su visión del derecho, la Constitución, la independencia judicial, la gestión de recursos y otros aspectos relevantes de su perfil.
Al término de ese análisis, la Comisión emite un dictamen que puede ser favorable o de rechazo. Si hay consenso político, el pliego llega al recinto para su votación definitiva, donde se requiere mayoría de los senadores presentes. En ausencia de acuerdo político, los pliegos pueden quedar cajoneados durante meses, postergando la integración del órgano.
Durante 2024 y 2025, el proceso de discusión alrededor de la Suprema Corte bonaerense fue atravesado por una amplia “danza de nombres” entre las fuerzas políticas, muchos de los cuales surgieron como posibles aspirantes en distintos momentos pero quedaron rezagados debido a cambios en las condiciones políticas y en las negociaciones. Entre los mencionados con frecuencia estuvieron la jueza Florencia Budiño, del Tribunal de Casación bonaerense; la camarista del fuero Contencioso Administrativo de La Plata, María Ventura Martínez; la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdelP) Marina Sánchez Herrero con trayectoria en el Consejo de la Magistratura nacional; el juez de Casación Víctor Violini, y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri. También fue citado Ulises “Coco” Giménez, titular de la Secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados del Senado provincial, y el abogado Claudio Yacoy con apoyos de intendentes peronistas.
Esos nombres circularon con fuerza en distintos escenarios de negociación para definir candidatos, aunque la falta de consensos claros y la reconfiguración de intereses políticos los colocó hoy en un segundo plano, a la espera de una definición más concreta.
Al mismo tiempo, en el ecosistema político bonaerense apareció un nuevo actor: el exfiscal de La Plata Marcelo Romero, promovido desde el espacio mileista como posible candidato para integrar la Corte. La inclusión de Romero marca un giro en la discusión, ya que su postulación proviene de un sector libertario y mileísta, ampliando el abanico de perfiles que participan de la negociación por los cargos.
Asimismo, circulan referencias a otros perfiles externos o con proyección nacional que podrían influir en la discusión local. Entre ellos, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens, quien, si bien suena con fuerza para la Corte Nacional, también fue mencionado en negociaciones cruzadas por vacantes judiciales en la provincia.
Voceros de la Suprema Corte bonaerense destacaron que hasta el momento no hubo comunicación formal con los ministros en funciones respecto de los nombres que circulan mediáticamente y en la rosca política. Esa falta de consulta puede interpretarse como un indicio de que la “danza de nombres” está más alineada con los intereses y estrategias políticas que con una realidad operativa interna en el tribunal a la hora de preparar pliegos a ser enviados al Senado para su aprobación.
Un elemento clave en la discusión es el reclamo por paridad de género en la cobertura de vacantes. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y otros sectores judiciales han solicitado explícitamente que al menos dos de las cuatro vacantes sean ocupadas por mujeres, con el objetivo de avanzar hacia una integración más equitativa y representativa del máximo tribunal provincial. Destacan que, en 150 años de historia, la Suprema Corte bonaerense ha tenido muy escasa presencia femenina en sus máximos cargos, lo que constituye una deuda histórica con las mujeres del sistema judicial y de la sociedad en general.
Ese reclamo por paridad de género coincide con el consenso informal entre actores políticos de que, al abordar la discusión de las vacantes, es necesario incorporar criterios de género para equilibrar la composición del tribunal, actualmente con dos varones y una mujer entre los tres integrantes que lo conforman.
El proceso de designación de la Suprema Corte bonaerense en 2026 requerirá, entonces, sortear múltiples dimensiones: cumplir con los requisitos constitucionales, transitar un mecanismo político-institucional complejo en el Senado, articular acuerdos entre fuerzas políticas, atender demandas gremiales de paridad de género y responder a las expectativas generadas por la “danza de nombres” que atraviesa la rosca política judicial provincial. La integración de esos cuatro cargos será tanto un termómetro institucional como un indicador de la capacidad de consensos para hacer frente a uno de los desafíos más críticos del año judicial 2026.