El diputado nacional, subido a la pelea por la gobernación, enfrentó una audiencia que lo envió al banquillo en la megacausa que asfixia a la oposición.
La decisión judicial que envía a juicio al diputado nacional Aníbal Tortoriello, principal retador de Alberto Weretilneck en la pelea por la gobernación, volvió a ubicar a la megacausa Techo Digno en el centro de la escena en Río Negro. El proceso calienta un año clave para definir candidaturas de cara a 2027.
El impacto en la agenda política es total. El esclarecimiento sobre el futuro judicial del exintedente de Cipolletti, asentado en La Libertad Avanza y fundador del partido CREO Río Negro, pega de lleno en el esquema de poder en esta provincia de la Patagonia.
El juez de revisión Marcelo Gómez decidió sostener la resolución de la jueza de primera instancia Alejandra Berenguer, que en su momento no avaló el pedido de sobreseimiento por prescripción de la causa sobre supuesta administración fraudulenta y peculado.
Según pudo reconstruir Letra P, el magistrado desestimó la prescripción de la acción penal, el cambio de calificación legal de uno de los hechos y la supuesta nulidad de la acusación “por afectación del principio de congruencia”. Gómez, según argumentó, no advirtió arbitrariedad en la resolución cuestionada por la defensa y consideró que la jueza de primera instancia respondió “de manera ordenada y fundada cada uno de los planteos”.
En relación con la prescripción, el juez citó el artículo 67 del Código Penal y repasó doctrina y jurisprudencia sobre la suspensión del plazo cuando un imputado ejerce un cargo público. Indicó que la norma “establece que la prescripción se suspende” para quienes participaron en el delito mientras cualquiera de ellos desempeñe una función pública.
El juex barrió así con los planteos de las defensas y confirmó la resolución anterior. De esta forma, el proceso continuará hacia el juicio oral, donde se debatirán los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal.
Este miércoles fue movido para Techo Digno. Varias de las principales figuras justicialistas de Río Negro se pronunciaron en bloque contra la megacausa, en paralelo a nuevas instancias procesales en un expediente que lleva más de una década abierto y que atraviesa a dirigentes de distintos partidos. En ese contexto también terminó involucrado Gustavo San Román, actual legislador del oficialismo provincial y exintendente de Río Colorado.
Fuerza Patria difundió un documento de alto voltaje en el que calificó el proceso como un caso de "judicialización selectiva" y sostuvo que el expediente se transformó en un mecanismo de presión sobre dirigentes opositores. Como contó Letra P, la mayoría de los involucrados fueron funcionarios del peronismo que ejercieron la intendencia cuando se desarrolló el Plan Federal de Viviendas.
El texto habla de persecución, de connivencia entre sectores del Ministerio Público Fiscal y el poder político de turno y de una causa que, según los firmantes, dejó de “buscar verdad para instalar sospechas” permanentes. El texto lleva firmas de intendentes, legisladores, diputados y senadores que decidieron plantarse frente a una investigación que, sostienen, afecta la calidad institucional.
El disparador no es menor. La megacausa, que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de planes de vivienda en distintos municipios rionegrinos, lleva más de diez años de trámite. En ese recorrido acumuló imputaciones, reformulaciones, audiencias de control de acusación, juicios orales y también sobreseimientos.
Una nota publicada recientemente por este medio puso el foco en ese punto. El expediente no se limita a un solo partido ni a una sola gestión: se extendió a intendentes del peronismo, del radicalismo en Cambiemos y de otros espacios, generando un efecto transversal en el mapa político provincial.
Mientras Fuerza Patria cuestiona el sentido del proceso, la Justicia continúa con su marcha formal. En los últimos días el Ministerio Público Fiscal informó sobre nuevas formulaciones de cargos por presunta defraudación a la administración pública y en distintas circunscripciones avanzaron controles de acusación que pueden derivar en juicios orales.
Entre los nombres que reaparecieron en el radar judicial está el de San Román, vinculado a uno de los tramos de la investigación. Su situación procesal volvió a generar ruido porque confirma que el expediente sigue activo y que todavía no agotó su capacidad de impacto institucional. El legislador y exintedente forma parte de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido deWeretilneck.
En paralelo a estos avances, la Justicia dictó sobreseimientos que alteraron expectativas. El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, aún autoridad de JSRN pero enfrentado al gobernador, quedó desvinculado en un tramo relevante del proceso. Más recientemente Juan Reggioni, exintendente de General Fernández Oro, también fue sobreseído, un dato que reconfigura la lectura sobre la consistencia global de la causa.
Para la fiscalía, el proceso avanza según los tiempos y filtros propios de una investigación compleja que involucra múltiples municipios y expedientes derivados. Para distintos sectores de la oposición, la duración y la amplitud de imputaciones demuestran un mecanismo de presión permanente.
Techo Digno nació como una investigación sobre la ejecución de fondos nacionales destinados a viviendas sociales entre 2013 y 2015. Con el correr del tiempo se convirtió en un entramado de causas distribuidas en Viedma, Cipolletti, Río Colorado, Choele Choel, Sierra Grande y Bariloche, entre otras ciudades.
Esa dispersión territorial hizo que la megacausa impactara en diferentes momentos electorales. En algunos casos coincidió con campañas municipales o provinciales. En otros, con disputas internas dentro de los espacios de poder. El expediente funcionó como un factor que condiciona estrategias, alianzas y candidaturas.
Para algunos dirigentes, el proceso demuestra que el sistema penal puede avanzar sobre el manejo de fondos públicos sin importar el color partidario. Para otros, exhibe un poder judicial con tiempos excesivamente dilatados y decisiones que impactan de manera desigual en el mapa de poder rionegrino.
Techo Digno es un tema de conversación entre la dirigencia, en los municipios. Fuerza Patria decidió convertir ese malestar en bandera. El Ministerio Público Fiscal responde con actos procesales. Entre ambos espacios se mueven causas que en su mayoría aún no tiene sentencias y que, al mismo tiempo, inciden en el clima político provincial. El caso Tortoriello es el que mayor atención genera e influye en el futuro cercano.
