El juicio político contra cuatro vocales no avanzó, pero tres jueces recibieron la jubilación. El peronismo y Moveré cuestionan la estrategia del gobernador.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz volvió a quedar en el centro de la disputa política provincial. En apenas una semana, la Legislatura rechazó el pedido de juicio político contra cuatro integrantes de la antigua composición y la Caja de Previsión Social aprobó las jubilaciones de tres de ellas.
La secuencia abre otra etapa en la batalla con el gobernador Claudio Vidal por el control de la Justicia provincial, algo que la oposición denuncia desde el momento en que la gestión decidió avanzar con la ampliación de la Corte, un proceso que quedó firme luego de meses de disputa sostenida.
Ahora, la decisión de la Caja de Previsión alcanzó a Reneé Fernández, Alicia Mercau, y Paula Ludueña, tres de los cuatro vocales que resistieron la ampliación promovida por Vidal. El peronismo y Moveré , el partido de José María Carambia, interpretan esos movimientos como parte de una estrategia del gobernador para construir una mayoría judicial propia y protegerse ante un eventual alejamiento del poder en 2027.
El primer movimiento ocurrió en la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados. Allí se desestimó, mediante una votación secreta, el pedido de juicio político contra Fernández, Mercau, Ludueña y Fernando Basanta. Rehén de la debilidad legisaltiva del oficialismo, la iniciativa no reunió los votos necesarios para avanzar hacia una instancia de juzgamiento y terminó archivada.
Los cuatro magistrados formaban parte del TSJ antes de la reforma que elevó de cinco a nueve la cantidad de integrantes. El quinto miembro de aquella composición, Daniel Mariani, tomó distancia de sus pares y acompañó el ingreso de los nuevos vocales propuestos por el Ejecutivo. Esa división abrió un conflicto de autoridades, fallos cruzados y dos sectores que durante meses se disputaron la conducción del tribunal.
La ampliación fue aprobada mediante la Ley 3949 y quedó finalmente habilitada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal nacional revocó la sentencia provincial que había frenado la reforma y consideró que el gremio judicial no tenía legitimación suficiente para cuestionarla. Vidal celebró entonces la resolución como el “fin de la impunidad en Santa Cruz”.
Apenas unas horas después de caído el juicio político, el Directorio de la Caja de Previsión Social aprobó 27 beneficios jubilatorios alcanzados por un decreto firmado por Vidal en 2024. Entre los expedientes que avanzaron están los de Fernández, Mercau y Ludueña, tres de las vocales que habían enfrentado la ampliación y desconocido inicialmente la nueva conducción del TSJ.
Desde la Caja explicaron que las magistradas habían iniciado previamente sus trámites y completado la documentación correspondiente. Ludueña cuestionó ese argumento y definió el procedimiento como una jubilación compulsiva. La controversia no pasa por el cumplimiento de los requisitos previsionales, sino por la obligación de abandonar el cargo una vez otorgado el beneficio.
Las salidas todavía no son inmediatas. El Poder Judicial debe completar el circuito administrativo y puede solicitar una prórroga de hasta 180 días, por razones de servicio, para mantener a las magistradas en funciones. Si los retiros se efectivizan, el tribunal pasará de nueve a seis integrantes y volverá a acumular vacantes que deberán cubrirse con pliegos enviados por el Ejecutivo a la Legislatura.
El Decreto 608 fue firmado por Vidal en junio de 2024 para agilizar la salida de agentes estatales que hubieran obtenido la jubilación ordinaria. La norma establece que, una vez otorgado el beneficio, el empleador debe notificar el cese dentro de los 30 días. Ese plazo puede extenderse excepcionalmente durante seis meses.
El vocal por los trabajadores activos de la Caja, Cristian Sánchez, votó contra las jubilaciones y advirtió que la medida podría volver a ser judicializada. Su planteo es que un decreto no puede modificar el artículo 136 de la Ley 1782, que permite mantener la relación laboral durante un plazo de hasta dos años desde que la persona reúne los requisitos jubilatorios.
Sánchez también cuestionó el efecto financiero sobre una Caja deficitaria y sostuvo que la medida reduce la cantidad de aportantes para sumar nuevos beneficiarios. Sin embargo, fue más lejos y le adjudicó una motivación política: “Esto es claramente una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior”, afirmó. Su posición representa una interpretación sobre la finalidad del decreto y no una determinación judicial.
En la oposición leen que la reconfiguración judicial esta atada al escenario electoral. Sectores del peronismo y dirigentes de Moveré le manifestaron a Letra P, el partido conducido por Carambia, coinciden en que el gobernador busca consolidar una mayoría propia en el TSJ. No leen la ampliación, el desplazamiento de los antiguos vocales y las futuras vacantes como episodios separados, sino como partes de una misma estrategia de acumulación de poder.
La principal sospecha opositora es que Vidal no sólo pretende controlar el funcionamiento de la Justicia durante los meses que restan de su mandato, sino que también advierten sobre la construcción de un eventual blindaje para después de 2027, en caso de que deje la gobernación y aparezcan denuncias contra funcionarios de su administración. La acusación es política y, hasta el momento, no está acompañada por una resolución judicial que pruebe esa finalidad.
Moveré fue parte del frente que llevó a Vidal al poder en 2023, pero ahora trabaja en una alternativa provincial con Carambia como posible candidato a gobernador. El peronismo también se prepara para disputar la sucesión. Aunque provienen de trayectorias diferentes, pero que en en esta sintonía, legisladores del peronismo coincidieron y expresaron que "lo que queda en evidencia es que hay un plan sistemático por parte del gobierno de sacar del medio a los anteriores para tener una justicia funcional".
El gobierno de Vidal rechaza esa interpretación y asegura que la reforma busca terminar con una estructura judicial heredada de los gobiernos kirchneristas. Vidal acusa a la antigua conducción del tribunal de haber funcionado como una trinchera política y sostiene que durante décadas garantizó impunidad. La oposición devuelve la acusación: afirma que el gobernador denuncia el control partidario del pasado mientras construye una Justicia alineada con su propio proyecto.
